La Paz, 24 de abril de 2026 (ANF). - La Cámara de Diputados prevé iniciar con el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026 la próxima semana, además se buscará consensos con las fuerzas partidarias para su aprobación.
“Tenemos reuniones con el ministro de Economía, justamente para coordinar las canales por los cuales van a venir, el Presupuesto primero se aprueba en Diputados y, como tenemos la arquitectura lista, ya vamos a empezar a tratar este tema”, afirmó el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro.
El miércoles, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, brindó algunos detalles sobre el PGE reformulado 2026 el cual asciende a 390.000 millones de bolivianos. Además, proyecta un déficit fiscal del 9% del Producto Interno Bruto (PIB), una inflación del 14% y un crecimiento económico por debajo del 1%.
Castro indicó que el Ejecutivo debió remitir el documento a la Asamblea Legislativa hasta este viernes, posteriormente, en una sesión del pleno de Diputados se lo remitirá a la comisión de Planificación donde seré evaluada por los parlamentarios.
Ante la posibilidad de que sea rechazado por las fuerzas partidarias de oposición, Castro indicó que se buscará consensos con los jefes de bancada para su aprobación y, en caso que requiera modificaciones, se las procurará.
“Se está generando estos primeros lobbies de concertación entre legisladores para que, justamente, los diputados y senadores puedan conocer la ley y se pueda discutir al respecto”, manifestó.
Sin conocer el contenido de la norma, la diputada de la alianza Libre Lissa Claros advirtió que el proyecto puede ser rechazado por el pleno de la Cámara Baja si no se aplican los anuncios de austeridad y la reducción del gasto corriente.
El proyecto normativo fue cuestionado porque el ejecutivo demoró más de cinco meses para remitir el documento a la Asamblea Legislativa.
Al respecto, el diputado José Luis Porcel cuestionó que el documento no haya sido presentado en el Legislativo y que no se aplique el plan de austeridad anunciado por el Gobierno.
Consideró que el ministro de Economía deberá informar a detalle la Ley Financial, sobre todo a la reducción del gasto corriente en el nivel central, los recursos que se entregarán a gobernaciones y alcaldías.
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