La Paz, 27 de abril de 2026 (ANF).- La Defensoría del Pueblo alertó sobre un incremento significativo de la conflictividad social en el país durante el primer trimestre de 2026, al registrar 176 protestas vinculadas a problemas económicos y a una inadecuada gestión estatal.
Según el informe, de los 176 hechos registrados, 157 corresponden a conflictos activos y 19 a anuncios. La evolución mensual muestra una tendencia creciente: 35 casos en enero, 44 en febrero y 78 en marzo. Callisaya, quien remarcó que existe un énfasis en demandas económicas que generan preocupación en la población.
El reporte también evidencia una expansión territorial de los conflictos, que ya no se concentran únicamente en áreas urbanas, sino que se extienden a ciudades intermedias y zonas rurales. La mayor cantidad de casos se concentra en La Paz (47), seguido de Santa Cruz (28) y Cochabamba (19), además de Beni (12), Pando (11) y Potosí (15).
En cuanto a las medidas de presión, el bloqueo continúa siendo el mecanismo más utilizado con 60 registros, seguido de paros (23) y marchas (21). Callisaya explicó que esta forma de protesta suele ser el resultado de demandas no atendidas: “El bloqueo es el corolario de todo un proceso de peticiones que no han sido respondidas oportunamente”.
Uno de los principales focos de conflictividad es la calidad del combustible, con 29 casos registrados, tema que la Defensoría considera un conflicto estratégico por su persistencia y escalamiento. La problemática se agravó desde enero y se intensificó hasta abril, pasando de dos hechos iniciales a 31 en ese mes, con bloqueos, paros y movilizaciones en varios departamentos.
El informe detalla que el conflicto por la gasolina de baja calidad derivó en una escalada progresiva de tensiones entre transportistas y el Gobierno, marcada por falta de respuesta oportuna, incumplimientos y rupturas de diálogo. Incluso, una Sala Constitucional de La Paz determinó la obligación de resarcimiento económico a los afectados.
En términos de derechos vulnerados, predominan los relacionados con transporte y vivienda (29 casos), seguidos por derechos económicos y sociales (27), políticos-electorales (25) y laborales (21). La Defensoría también identificó otros conflictos estratégicos vinculados al sistema de salud y a normativas como el Decreto Supremo 5503.
El defensor cuestionó la capacidad del Gobierno para manejar la conflictividad: “El Gobierno no está sabiendo gestionar los conflictos, ni en su solución ni en el manejo de sus tiempos”, afirmó, advirtiendo que la falta de respuestas oportunas está generando conflictos de mayor intensidad y alcance territorial.
Asimismo, alertó sobre una creciente percepción de incertidumbre en la población respecto al rumbo del país. “Existe una sensación de angustia sobre hacia dónde quiere llegar el Gobierno”, sostuvo, al señalar que la falta de claridad genera dudas sobre la efectividad de los sacrificios económicos que enfrenta la ciudadanía.
Ante este escenario, la Defensoría recomendó al Ejecutivo transparentar su agenda estratégica y convocar de manera urgente a una mesa de diálogo multisectorial que incluya a líderes políticos, sectores empresariales y organizaciones sociales. “El diálogo social es la única vía para enfrentar esta coyuntura”, concluyó Callisaya.
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