La Paz, 6 de marzo (ANF).- Desde hace 30 años, el país busca reformar la Justicia para dotarle idealmente de independencia y probidad, y hacerla accesible a la población, pero los intentos se han estrellado casi siempre con la subordinación política y la corrupción causando una frustración en la población, según un grupo de analistas que debatió sobre el tema ahora que se prevé convocar a una cumbre judicial.
El tema fue discutido en un conversatorio de la Agencia de Noticias Fides (ANF) con la participación del jurista Ramiro Orías, el intelectual indianista Pedro Portugal y las sociólogas Gabriela Canedo y Claudia Condori, con la moderación del director del medio, S.J. Sergio Montes.
El debate se produjo a propósito de los cuestionamientos al órgano judicial del relator especial de la ONU para la independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, y cuando el Gobierno de Luis Arce se ha planteado convocar este mes a una cumbre judicial, aunque entre los juristas existen dudas sobre su profundidad y la pluralidad política y académica de los participantes en ese evento.
“Treinta años de reforma y los bolivianos tenemos el síntoma del desasosiego, de que nada funciona y de que el país vive entrampado”, sostuvo Orías, tras hacer un análisis retrospectivo sobre las reformas vividas en el país desde principios de los años ’90.
Agregó que, aunque hubo aciertos en esa década cuando el Tribunal Constitucional se convirtió en un contrapeso frente al poder, las dos elecciones de magistrados por medio del voto popular realizadas en el Gobierno de Evo Morales (2011 y 2017) solo han profundizado la crisis.
“La elección por voto popular ha sido uno de los instrumentos que ha permitido politizar la Justicia y volverla en un brazo jurídico de la persecución política”, sostuvo el analista y recordó que el propio García Sayán cuestionó el sistema de elección de magistrados al recomendar su revisión para garantizar calidad y pluralidad.
Orías recordó que junto a otros juristas presentó al país una propuesta constitucional para “promover una reforma sustantiva, genuina y auténtica” y consideró que existe una ventana de oportunidad para avanzar en la misma, si bien reconoció que al Gobierno no le interesa avanzar en ese sentido, sino a nivel de reformas menores en los reglamentos y leyes.
El primer eje de la propuesta de Orías consiste en trabajar en la transparencia e independencia judicial, que supere la elección por voto popular y establezca una comisión independiente que haga una lista corta para la selección de magistrados en la Asamblea Legislativa.
El segundo se plantea mejorar las capacidades, la eficiencia y transparencia del gobierno judicial impulsando una nueva generación de magistrados y jueces, y, en paralelo, abordar la mejora del presupuesto para el órgano judicial que es uno de los más bajos del continente, de alrededor del 0,46 % de Tesoro General, cuando la media regional es casi el 3 %.
La tercera idea, explicó Orías, consiste en reforzar el acceso a la justicia, mejorar los mecanismos de conciliación, promover la justicia de paz, y fortalecer los mecanismos de la justicia indígena, comprendiendo su dimensión multicultural y fijando canales de diálogo con la justicia ordinaria.
Sin embargo, lamentó que el ministro de Justicia, Iván Lima, haya descartado, según dijo, un posible acuerdo político amplio para avanzar en una reforma constitucional profunda y solo tenga en mente cambios legislativos a nivel de reglamentos para subir los estándares de evaluación de los aspirantes a magistrados en la próxima elección judicial para octubre del 2023.
Agregó que mientras el país siga sin definir una política clara para mejorar efectivamente la Justicia es poco probable que la cooperación internacional ayude, ya que en los últimos siete años ha revertido alrededor de 45 millones de dólares que estaban destinados a esas reformas.
Portugal: “El fiasco de elección de magistrados hace parte del fiasco plurinacional”
El analista Portugal comenzó su exposición lamentando que la idea de plurinacionalidad no sea funcional con la realidad boliviana y dijo que fue concebida en círculos intelectuales de Estados Unidos y Europa, por lo que ha resultado en un fracaso y agregó que lo mismo ha ocurrido en el área judicial por la adaptación de modelos internacionales ajenos al país.
“Este fiasco de la elección de magistrados, de la justicia comunitaria hace parte de un fiasco plurinacional. Es importante que veamos esto porque estamos viviendo a nivel internacional un fiasco de la plurinacionalidad”, dijo Portugal y agregó que la guerra entre Rusia y Ucrania es un ejemplo del fracaso de la plurinacionalidad porque la Unión Soviética se hizo con ese discurso.
Agregó que esa idea se ha alentado “como si fuera positiva”, en lugar de una propuesta de unidad nacional, de cohesión y poder real con la participación concreta de los indígenas.
También cuestionó la forma en que se idealiza la supuesta justicia indígena con conceptos que no tienen nada que ver con la realidad específica, según dijo y sostuvo que un secretario de justicia indígena puede ser tan corrupto como un “tinterillo” de los juzgados de las ciudades.
Agregó que también fue una “ingenuidad” creer que el voto popular iba a elegir a jueces probos y recordó que lo mismo ocurrió en su momento con la formación de los comités de vigilancia y los controles sociales, que no cumplieron con sus objetivos y se prestaron a juegos políticos.
La socióloga Condori comentó que en su trabajo de campo ha conocido que en efecto los secretarios de justicia indígena elegidos cada año “también se dedican a negociar violaciones”, de tal forma que las mujeres agredidas en el área rural no encuentran justicia.
La analista dijo que la “justicia nunca ha funcionado en el país” y consideró “muy difícil” que se produzcan avances para la mejora tanto en el ámbito indígena como ordinario, por lo que, según dijo, a las mujeres no les queda otra que seguir manifestándose en las calles.
Su colega Canedo llamó la atención sobre el “infierno” en que se ha convertido el sistema judicial al haberse descubierto redes de corrupción entre jueces, abogados y médicos que facilitaron la excarcelación de feminicidas provocando que “las familias de las víctimas no tengan justicia” y como la Policía, según dijo, también se vuelve “cómplice” de los delincuentes en las cárceles.
“Me parece grave el pantano en el que estamos en el campo de la Justicia”, sostuvo al señalar que nadie está exento de afrontar en algún momento a jueces y fiscales que son parte de un sistema que funciona con “mediocridad” y que no garantiza los derechos de los ciudadanos.
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