La Paz, 30 de agosto (ANF).- La decisión del Gobierno de Luis Arce de celebrar el Censo de Población y Vivienda en el 2024 conlleva riesgos para la obtención de los datos y el clima político porque se trata de un año preelectoral y causará confrontación entre regiones debido a que los resultados servirán para definir las futuras asignaciones presupuestarias, advirtieron analistas.
Las advertencias fueron realizadas en el Conversatorio “¿Y qué paso con el Censo?, organizado por la Agencia de Noticias Fides (ANF), el Centro de Espiritualidad Ignaciana y la Revista Cuarto Intermedio con la participación de la socióloga y politóloga María Teresa Zegada y las economistas María del Carmen Ledo y Teresa Polo.
“Estos temas se han politizado lamentablemente en el país. Nos están llevando a un despeñadero si no reaccionamos como ciudadanos. Todo lo que sucede en Bolivia se politiza, se polariza, y vamos a entrar a una electoralización temprana como ha sucedido en anteriores crisis”, advirtió Zegada.
Bolivia celebrará comicios nacionales en 2025, año en que también se conmemorará el bicentenario de su fundación.
La analista dijo que el panorama está “muy confuso” y “contaminado” por parte del Gobierno y de los opositores enfrentados por la fecha de celebración del censo, que en principio fue fijado por el Ejecutivo para noviembre próximo, aunque luego decidió que se aplace a 2024, mientras que las fuerzas contrarias reclaman que sea en 2023.
En ese contexto, Zegada dijo que el expresidente Evo Morales acusó a las manifestaciones a favor del año 2023 de ser parte de una supuesta conspiración golpista, mientras que los líderes políticos y cívicos de Santa Cruz han realizado un paro ciudadano de 48 horas para exigir ese año la celebración de la encuesta demográfica.
La politóloga también dijo que las razones de la postergación al 2024 no solamente son técnicas como alega el Ejecutivo, sino políticas y por eso el Gobierno también tiene la posibilidad de hacerla en 2023 para evitar una mayor polarización en el país.
Señaló que el gobierno de Luis Arce pudo haber señalado a los responsables de que la planificación del Censo no haya avanzado, pero prefirió el silencio e inicialmente asegurar que sí se haría este año, aunque luego “cuando las cosas ya están quemando” argumentó que no había condiciones y que incluso la época de lluvias perjudicaría el evento.
La economista Ledo subrayó que “el riesgo de tener el censo en un momento preelectoral es muy grande no solo por la calidad de los datos, sino por todo lo que puede significar”.
La voluntad política, según dijo, es clave para realizar el censo lo antes posible porque si se hace en 2024 se estaría generado un “ruido incómodo” y los datos recién se conocerían en 2025 o 2026, lo cual, además provoca un perjuicio grande para la planificación y las investigaciones sociales y económicas que actualmente siguen usando datos del 2012.
Para ilustrar sobre el retraso y la falta de conciencia en Bolivia sobre la urgencia de apurar el censo, dijo que hace poco el ministro de Planificación de Chile señaló en un evento latinoamericano que estaba preocupado porque el último censo realizado en su país databa del 2017 y las cifras ya podían ser consideradas muy antiguas.
Ledo, que es experta en demografía, señaló que el Censo tiene una “trascendental importancia” en un país como Bolivia donde no se tienen datos continuos para realizar adecuadamente la planificación del desarrollo y que debería realizarse cada diez años, aunque en ninguno de los casos previos se ha cumplido con esa condición.
La experta hizo varias advertencias técnicas para las tres etapas que tiene una encuesta nacional: la preparatoria, el momento censal y la fase post censal.
Apuntó que todos los censos de Bolivia son de hecho, lo que implica que se cuentan a todas las personas que durmieron la noche anterior en la casa, pero muchos países ya trabajan con el censo de derecho, consistente en incluir como miembro del hogar al que está ausente. Esto ayudaría a mitigar el riesgo de la circularidad migratoria, típica de país.
También advirtió sobre las confusiones que existen al hablar de vivienda y hogar y del riesgo de mezclar “casa, choza y pahuichi” como ocurrió en los censos del 2001 y el 2012 por lo que recomendó volver al esquema de 1976 cuando se separó “la casa independiente, el departamento, la habitación suelta, la choza, el pahuichi, la vivienda improvisada” con el propósito de conocer el verdadero déficit cuantitativo de vivienda.
Del mismo modo, revisar las tipologías de hogar, añadir consultas sobre el Covid para tener referencias de atención en salud y la propiedad de la vivienda si está pagada o hipotecada, o las características del empleo y las categorías ocupacionales.
Ledo también pidió incluir a maestros y universitarios como empadronadores para tener una información de mayor calidad ya que es probable que los estudiantes de colegio no puedan garantizar un recojo adecuado de los datos, según dijo.
La también economista Teresa Polo subrayó la importancia y utilidad de un buen levantamiento de datos porque la información censal permite mejorar la asignación de recursos, identificar poblaciones vulnerables, caracterizar la fuerza laboral y construir indicadores sobre la población para medir las desigualdades sociales y entre los grupos.
Asimismo, la información censal es usada para establecer el número de representantes ante la Asamblea Legislativa y definir el monto de los recursos económicos que deben transferirse a los municipios y por coparticipación tributaria, que es un tema que está provocando alertas entre las regiones de oriente y occidente.
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