La Paz, 1 de julio de 2026 (ANF). - Ante el anuncio de un posible paro en el Órgano Judicial por la falta de atención a demandas de reformas institucionales y presupuesto, varios legisladores cuestionaron que se plantee el reclamo como una protesta, aunque consideraron que las demandas son justas y lamentaron que hasta el momento no se haya impulsado la reforma judicial.
“Hay todos los instrumentos y la coordinación entre poderes está establecida en la Constitución. Hablar de paro me parece que está fuera de lugar. Nos ha sorprendido que esa actitud venga de uno de los poderes, sobre todo cuando estamos tratando de coordinar todos los temas”, afirmó el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila.
El lunes, tras una reunión nacional de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, los altos jueces advirtieron con ir a un paro de 24 horas exigiendo que el Gobierno y la Asamblea Legislativa atiendan sus demandas relacionadas al incremento del presupuesto y la aprobación de leyes.
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, pidió a las autoridades judiciales dejar sin efecto esa amenaza que, a su criterio, es inadecuada; aunque admitió que el reclamo es justo porque su prepuesto solo alcanza a casi el 0,40% de los recursos del Estado.
Al respeto, la jefa alterna de la bancada de la alianza Libre, Lissa Claros, también criticó la medida anunciada por el Órgano Judicial y sostuvo que la credibilidad de esa instancia está desacreditada porque, según acusó, algunas instancias del poder Judicial supuestamente respondían a instrucciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Normas paralizadas
En el Legislativo existe más de una decena de proyectos normativos para mejorar el sistema judicial que aún no fueron tratados. Del Granado dijo que presentó una propuesta para incrementar el presupuesto del 0,40% al 3%; sin embargo, hasta el momento el proyecto no fue considerado.
A la vez, recordó que, en enero de este año, esa comisión aprobó un proyecto de ley transitorio para el funcionamiento de la sala plena del TCP con cuatro magistrados hasta que se elijan a las autoridades restantes; empero, la norma no fue agendada para su tratamiento por el pleno de Diputados.
A eso se suman las propuestas jurídicas que presentó el TSJ, entre las que se encuentra el proyecto que plantea modificar la Ley 025 del Órgano Judicial para el incremento de recursos en al menos el 5%.
Otro proyecto plantea cambiar la Ley 044 de Juicios de Responsabilidades, ne la que se pretende restablecer las competencias del TSJ para tramitar los casos de Corte, incorporando la garantía de doble instancia exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Recursos limitados
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, afirmó que el Órgano Judicial solo percibe el 0,35% de los recursos establecidos en el Presupuesto General del Estado (PGE), del que más del 75% se destina al pago de sueldos y salarios de jueces, vocales y personal administrativo.
En el PGE 2026, que dejó el gobierno de Luis Arce, se dispuso 1.257,6 millones de bolivianos. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que en el presupuesto reformulado se dispuso un incremento de los recursos en al menos un 40%, aunque en el Tomo I de la Ley Financial no se ha encontrado esa información.
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