La Paz, 1 de julio de 2026 (ANF).- El Ministerio de Relaciones Exteriores inició un proceso sumario administrativo contra 133 funcionarios y exfuncionarios por la presunta omisión en la devolución de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, que también fueron entregados a sus familiares, tras que no cumplieran con la restitución obligatoria de esos documentos.
Según un Auto Inicial de Proceso emitido el 29 de junio por la Junta de Procesos Administrativos de la Cancillería, los involucrados habrían incumplido la normativa que establece un plazo máximo de dos meses para devolver esos documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores o al consulado correspondiente.
La investigación se originó a partir de un reporte de la Unidad de Privilegios e Inmunidades de la Dirección General de Ceremonial del Estado, que identificó pasaportes no restituidos y remitió los antecedentes para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La resolución señala que que se niciará “el proceso sumario administrativo” en contra de los servidores y ex servidores públicos individualizados en una listsa de 133 personas, que presumiblemente no cumplieron con la obligación de restitución de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio dentro del plazo legalmente establecido.
En la lista, se reclama pasaportes al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, los exancilleres Fernando Huanacuni y Diego Pary, el exembajador ante la Naciones Unidas Sacha Llorenty, y al actual alcalde de Warnes, Mario Cronembold.
No obstante, también está citado el excanciller Armando Loayza, fallecido en 2016
Además, en la lista están exembajadores, excónsules, diplomáticos acreditados ante organismos internacionales y otros servidores públicos, además de familiares beneficiarios de pasaportes diplomáticos vinculados a esas funciones.
La Cancillería recordó que los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio son documentos de propiedad del Estado boliviano y que su uso está restringido al ejercicio de funciones específicas, por lo que deben ser devueltos cuando concluye la misión o el cargo que justificó su otorgación.
La resolución dispone la apertura de un periodo probatorio de diez días hábiles para que los sumariados presenten descargos y documentación que consideren pertinente. De no hacerlo, la Junta de Procesos Administrativos podrá emitir una resolución con base en los antecedentes disponibles.
La normativa prevé que el incumplimiento de esa obligación puede derivar en responsabilidades por la función pública y en la apertura de procesos administrativos para establecer sanciones.
JA/
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