La Paz, 25 de mayo de 2022 (ANF).- El conflicto territorial entre los municipios de La Paz y Palca ofrece un margen legal para que proliferen las construcciones ilegales en el territorio en disputa porque que existe una resolución prefectural de 2009 que ordena a ambas jurisdicciones suspender toda acción de fiscalización y concesión de permisos hasta que se resuelva la disputa, según alertó el abogado en Derecho Administrativo, Andrés Gutiérrez.
El conflicto territorial, que involucra a gran parte de la zona sur de la urbe paceña, se arrastra desde aproximadamente 18 años. La autoridad llamada por Ley para resolver el diferendo era la entonces Prefectura de La Paz, ahora Gobernación, con base a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1654 de 1995 de Descentralización Administrativa y el Decreto Supremo N° 25060 de 1998, normas actualmente abrogadas y reemplazadas por la Ley N° 031 de 2010 “Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez”. Las partes en disputa asumieron continuar el proceso con la normativa abrogada y actualmente se encuentra en revisión la determinación de la Gobernación paceña ante el Viceministerio de Autonomías.
En aquel entonces, “la Prefectura de La Paz advirtió abusos y excesos por parte de ambos municipios en contra de los habitantes de los territorios en conflicto limítrofe, por lo que emitió la Resolución Prefectural N° 121/2009 de 2009 que instruye a ambos municipios suspender toda acción de fiscalización y concesión de permisos, entre otras limitantes, hasta que se resuelva el conflicto limítrofe”, explicó el jurista a la ANF.
El 12 de mayo pasado, dos obreros perdieron la vida y uno quedó herido al ser víctimas de un talud de tierra, en la zona Alto La Florida, cuando construían un edificio por encargo de la constructora DISA. En primera instancia, el Gobierno Municipal de La Paz aseguró que la construcción está dentro de su jurisdicción, pero que la empresa operaba con autorización del municipio vecino. Aunque el alcalde de Palca, David Luna, negó que se haya otorgado la licencia. Ambos municipios anunciaron querellas penales contra la empresa.
“Independientemente de si las acciones legales anunciadas por ambas a autoridades son acertadas o no para atender el suceso anteriormente descrito, lo que debe mantener nuestra atención es que los dos municipios se arrogan la legitimidad para actuar legalmente como autoridades que ejercen jurisdicción sobre el referido territorio: demostrando que desde las reformas desplegadas con la Ley de Participación Popular no se han resuelto los problemas territoriales”, sostuvo Gutiérrez.
La Resolución Prefectural N° 121/2009 de 2009 fue impugnada en ese entonces por el burgomaestre paceño, pero el reclamo no dio su curso porque se realizó fuera del término previsto para las observaciones. En otra situación, un concejal paceño también intentó evitar la vigencia de la determinación departamental interponiendo una Acción de Inconstitucionalidad, pero su aspiración no tuvo éxito. La normativa actualmente sigue vigente.
Gutiérrez advirtió que este conflicto limítrofe no sólo afectará en la asignación presupuestaria para ambos municipios, sino que también representa un riesgo negativo muy alto para la seguridad urbanística con la proliferación de construcciones ilegales.
“Las autoridades ediles deben tomar importancia sobre el asunto para llegar a ejercer una jurisdicción y competencia de forma efectiva que atienda cabal y adecuadamente este tipo de sucesos”, recomendó.
//FPF//