Molina indicó que no existen elementos que prueben que esté realizando campaña y solicitando votos, dijo que la norma no le prohíbe difundir el trabajo que realizó cuando estaba al frente del Consejo de la Magistratura.
Lanza respondió a esa designación indicando que la asume con responsabilidad y afirmó que trabajará con un equipo de profesionales en temas electorales.
El legislador dijo que el candidato se ampara en la sentencia 0032/2019 que emitió el TCP el 9 de julio de 2019, en el que eliminó la obligatoriedad de renunciar tres meses antes de las elecciones para las demás autoridades electas por voto.
En sorpresivo hecho, el magistrado autoprorrogado Gonzalo Hurtado fue elegido presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional en reemplazo de Paul Franco.
"La situación no ha mejorado para nada, las condiciones continúan igual, la Defensoría del Pueblo tenía que haber presentado un plan de acción para la zona, pero hasta hoy no ha presentado nada", dijo la abogada.
La autoridad recordó que el TCP emitió dos autos constitucionales con los que declaró nulos de pleno derecho todos los actos legislativos que Rodríguez realizó como supuesto presidente interino de la Asamblea Legislativa.
Asimismo, dijo que para iniciar una denuncia contra los postulantes que infrinjan la norma se debe contar con una prueba certificando que pidieron el voto o que se enmarquen en las restricciones de la norma y no en pruebas subjetivas.
VIDEO. La ANF intentó comunicarse con los miembros del Consejo de la Magistratura para conocer las acciones que se pueden asumir en relación a este hecho.
Verduguez indicó que sostuvieron una reunión con el secretario de cámara del TSE quien les informó que no se inhabilitó a ningún candidato porque las denuncias no contaban con las pruebas suficientes.
La Ley 026 de Régimen Electoral y el Reglamento de Difusión de Méritos establecen las prohibiciones para los candidatos y en caso de que incurran la normativa, serán sancionados con la inhabilitación.
Por falta de pronunciamiento oficial de la ALP y del Ejecutivo, y ante amenaza de sanciones pecuniarias, el TSE decidió proseguir con elecciones judiciales parciales como definió el TCP.
El TSE resolvió acatar la sentencia constitucional 0770/2024 y el auto constitucional 0084/2024 que estableció la suspensión de las elecciones judiciales en algunos departamentos para el TCP y para el Tribunal Supremo de Justicia.
