La Paz, 20 de noviembre de 2025 (ANF).- Raúl Uría, expresidente de la Juventud Yungueña, anunció que solicitará una audiencia judicial para modificar las restricciones de su detención domiciliaria y recuperar su derecho a trabajar.
“No puedo seguir así, necesito salir a trabajar. No hay ninguna resolución y todo sigue en un desorden total”, afirmó a ANF, denunciando que su proceso continúa estancado.
Uría explicó que actualmente no existe ningún avance claro en su causa. Señaló que, pese a que se presentaron modificaciones antes de las elecciones, su expediente fue remitido por el juez Marco Antonio Amaru a los juzgados de sentencia, que luego lo devolvieron. “Presentaron una acusación otra vez, pero siguen con el mismo desorden. No existe ni una sola citación para mí”, reclamó.
Ante esta situación, su defensa prepara un memorial para solicitar una audiencia. El objetivo es que el juez de la causa considere “modificaciones” a las medidas cautelares que hoy le impiden generar ingresos.
“La audiencia es para pedir salidas laborales. No puedo trabajar y tengo una familia que mantener”, sostuvo el exdirigente.
Raúl Uría cumple detención domiciliaria desde el 12 de julio de 2024, sin autorización para trabajar. Previamente, estuvo 22 meses en detención preventiva en el penal de San Pedro, tras haber sido detenido el 15 de septiembre de 2022 en medio de los conflictos por el mercado ilegal de coca en Villa El Carmen. La acusación fiscal en su contra está basada principalmente en tráfico ilícito de armas.
El exdirigente insiste en que no existen pruebas que sustenten la imputación. Afirma que nunca se le encontraron armas, explosivos ni munición, ni en el momento de su aprehensión ni en su domicilio. Además, denuncia irregularidades procesales, como el rol del Ministerio de Gobierno, que —según su defensa— actúa simultáneamente como víctima, querellante y generador de pruebas.
Uría también recordó que, mientras estuvo en San Pedro, sufrió condiciones extremas de detención. Relató que fue obligado a vivir un mes en un espacio de aproximadamente medio metro cuadrado, en la cocina del penal, durmiendo sobre el piso mojado.
“Fue un castigo para quebrarme”, afirmó. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado las medidas aplicadas en su contra y la falta de pruebas sólidas en el caso.
A lo largo del proceso, las medidas cautelares han sido calificadas como excesivas. En distintos momentos se le impusieron fianzas de Bs 250.000 y Bs 50.000, montos que dirigentes y activistas calificaron de “abusivos” y destinados a mantenerlo detenido pese a la fragilidad de la acusación. En febrero de 2024, su detención preventiva fue ampliada nuevamente, pese a los reclamos de la defensa.
Fue condicionado en varias oportunidades estando en San Pedro, por funcionarios del Ministerio de Gobierno, para que se autoinculpe y pueda salir libre, de lo contrario, según le dijeron, sería condenado a 15 años de cárcel, pese a no existir pruebas en su contra.
Mientras el juicio continúa avanzando de manera irregular —la defensa sostiene que no existen indicios sólidos para sostener la acusación—, Uría insiste en que su prioridad inmediata es recuperar la posibilidad de trabajar.
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