En los últimos tres meses, el gobierno ha enfrentado medidas de presión de los choferes que exigieron el resarcimiento por la afectación de causó la gasolina que comercializó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
El ministro explicó que la operación fue realizada a un plazo de cinco años y con una tasa de interés de 9,45 %, condiciones que consideró más favorables de las previstas inicialmente por el Gobierno.
El centro de estudios advierte que la reforma laboral impulsada por el nuevo gobierno parte de un diagnóstico errado y profundizaría la desprotección de los trabajadores.
Sanabria indicó que, además, la minería ilegal genera una evasión masiva de regalías e impuestos, inyecta dinero ilícito en la economía formal y crea una competencia desleal para los mineros legales.
La autoridad indicó que el Órgano Ejecutivo es la única instancia que redujo el gasto corriente en cerca del 30%, pero no pasó lo mismo con otras instancias públicas.
1.774,3 millones de bolivianos fueron destinados al pago de deudas salariales y otros compromisos con el magisterio; 857,7 millones de bolivianos se asignaron al pago de sueldos devengados del personal de salud.
Sanabria denunció que el Ministerio Público actúa con lentitud y sin conocimiento técnico en materia minera, lo que debilita las investigaciones y deriva en la falta de sentencias.
El ciclo se completa con el retorno de capitales “limpios” al sistema financiero global que son depositados en cuentas en centros financieros internacionales como Estados Unidos o Suiza, dijo Sanabria.