La Paz, 8 de julio de 2026 (ANF).- No es posible soluciones inmediatas en el sector hidrocarburífero, dice de manera contundente el analista e investigador de Fundación Jubileo Raúl Velásquez, quien proyecta resultados, de la aplicación de una nueva ley de hidrocarburos que necesariamente debe ser consensuada, en el mediano hacia el largo plazo. Es un escenario que se ha advertido a los gobiernos del Movimiento al Socialismo.
El experto recomienda poner atención a los precios no solo de la gasolina y del diésel, sino del gas natural porque, en su criterio, requerirá un incremento en el precio o lo que también significa eliminar la subvención.
Medidas de ajuste que no pueden ir solas, sino con políticas sociales que acompañen el impacto negativo que sufrirán las familias más vulnerables, en ese contexto Jubileo plantea una “focalización” e identificación de las poblaciones que podrían ser más afectadas.
El pasado fin de semana, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroka, dijo que el escenario es “muy preocupante” por la reducción de las reservas de gas. "Incluso nos pone en riesgo de cubrir el mercado interno en los próximos años. Tenemos una evaluación de la nueva certificación de reservas que se va a publicar en los siguientes días, donde podamos mostrar justamente la realidad en cuanto al nivel de reservas que prácticamente es muy preocupante”, sostuvo.
Velásquez dice que el Gobierno cosecha las malas decisiones y políticas que asumieron durante una gestión “desastrosa” de 20 años, específicamente desde 2002, porque tuvo mayor peso las narrativas políticas y sociales que una visión de largo plazo.
Agencia de Noticias Fides (ANF).- Ante la crítica situación de las reservas de gas, ¿Qué acciones son necesarias que asuma el gobierno?
Raúl Velasquez (Fundación Jubileo).- El sector hidrocarburos es un sector de largo plazo. No es como el agropecuario en el que tú plantas papas hoy y cosechas el siguiente año. En hidrocarburos cuando hablamos de corto plazo son cinco años, mediano plazo más o menos de 10 a 15 años y largo plazo de 20 años hacia adelante.
Hoy en día, estamos viendo que ha caído la certificación de reservas tanto de gas como de hidrocarburos líquidos en Bolivia. Lo veníamos advirtiendo hace años. Bolivia ha perdido el mercado argentino; exportamos un 60% menos de gas al Brasil de lo que llevábamos hace 10 años; importamos del otro lado cada vez más diésel, más gasolina.
Estos son indicadores duros que muestran el fracaso de una política hidrocarburífera que empezó el año 2005 con la Ley de Hidrocarburos (3058), pero en realidad esta política empieza años antes con la guerra del gas del 2003, el rechazo al proyecto de exportación de gas natural a México y a Estados Unidos.
En ese momento se construye una narrativa y discurso político-social, no solo de actores políticos, sino también sociales, que pedían más renta y más Estado. Esa ha sido la característica principal de la política hidrocarburífera en estos 23 años, desde el 2002.
Entonces, lo que hoy estamos viendo, es la cosecha de una política hidrocarburífera que ha sido rentista, estatista, que se profundizó con la llamada nacionalización y luego con la Constitución. Además, la política hidrocarburífera centrada en el gas.
ANF: ¿Fue una política cortoplacista sin mirar el futuro?
Raúl Velásquez: Cualquier cosa que pueda hacer un gobierno de acá hacia adelante también va a tomar tiempo, no hay varita mágica, no tenemos un ‘Merlin’ (mago). No importaba quién gane las elecciones, no iba a poder cambiar la crítica situación de la noche a la mañana. Es un tema que lamentablemente venía así para cualquiera (de los partidos) que asuma el gobierno.
Es una cosecha de malas decisiones en política hidrocarburífera, una desastrosa gestión de 20 años, pero también de movimientos sociales, organizaciones sociales que fueron cómplices silenciosos de este hecho.
Entre el 2004 y el 2014, el país recibía ingentes cantidades de dinero por renta petrolera, pero que no se invirtieron, ni siquiera en YPFB ni en actividades de exploración y explotación que hubiese sido lo deseable. Fue una política que olvidó la planificación a largo plazo, cosechó mucho dinero que sirvió para financiar un gasto público que se expandía constantemente, pero que no pensó en el largo plazo.
Este gobierno (Rodrigo Paz) entra en esta coyuntura en la que está cosechando resultados de esa mala política sumada a una mala gestión y tiene el desafío de cambiar esta situación. No podrá hacerlo en el corto plazo porque explorar y buscar hidrocarburos toma entre 5 y 8 años.
En una línea de tiempo, una vez que se aprueba la ley, que no ocurrirá hoy, sino después que se debate y consensue con todos los actores, de ahí en adelante van a correr 5 a 8 años para que nuevos proyectos den resultado. Estamos hablando del 2033 hacia adelante, cuando esa ley dé resultados.
ANF: ¿De qué depende para que la ley de hidrocarburos dé resultados?
Raúl Velásquez: Es fundamental la seguridad jurídica. Somos un país que ha intentado nacionalizar hidrocarburos tres veces. No solo una, sino tres veces. Entonces, ninguna empresa petrolera te la cree.
‘Voy a Bolivia, exploro, encuentro, empiezo a producir, pasan 5 años, cambian de ideología en el gobierno, viene un nacionalista y me lo quita todo’. Es un tema muy complejo a solucionar porque va más allá de escribir un artículo en la ley, ¿vamos a respetar la inversión privada y garantizar la seguridad jurídica?
Aunque se escriba un artículo de la ley, lamentablemente estamos en una sociedad que no ha sabido dar las garantías jurídicas para la inversión privada extranjera, sobre todo. Ese es un elemento que es muy importante que creo excede a la ley e incluso a la dinámica administrativa burocrática del gobierno.
El gobierno debería dar pasos claros en torno a la seguridad jurídica, por ejemplo, consensuando las leyes para no tener que abrogarlas a los dos meses bajo presión social; debería avanzar en dar transparencia y acceso a información.
Hay que recordar que en Bolivia la ley 3740 de agosto del 2007, en su artículo 7 obliga a YPFB a publicar la certificación de reservas cada 31 de marzo de cada año. Deberíamos tener 19 certificaciones de reservas, pero solamente tenemos cinco. Hasta el 2013 se publicó el informe completo, ahí se podían ver las reservas probadas, probables, posibles por campo. Pero desde el 2017 en adelante se ocultó esa información y todo se limitó a una conferencia de prensa en la que se mostraban datos agregados a nivel nacional y nada más.
Parte de dar seguridad jurídica a la población es decirle: ‘A ver, la verdad es esta’. Creemos que este tipo de señales son importantes del gobierno hacia la población, a la inversión privada. Por otra parte, no es que las empresas petroleras o YPFB se han olvidado de explorar, no es eso, sino que no había las condiciones para que inviertan en exploración. Ese es el tema central.
Como la ley ha sido rentista tiene un régimen fiscal sumamente favorable al Estado y muy poco atractiva a la inversión.
ANF: ¿Reglas que no han incentivado las inversiones?
Raúl Velásquez: El 2023, que es el último dato que teníamos, el Estado se ha quedado con 93 dólares de cada 100 que se generaron de renta petrolera, solo siete han ido a las empresas. En esas condiciones nadie quiere invertir en un negocio en el que la relación es 93 para el Estado y siete para los inversores, peor si a eso se suma los precios subvencionados.
El gobierno ha ajustado el precio de la gasolina y el diésel, parcialmente pero no los ha liberado totalmente en enero de este año. Ahora sacó el Decreto Supremo 5644, que finalmente posibilita al privado de vender a precio libre y de mercado. Ese es un avance, pero para la gasolina y el diésel.
No nos olvidemos que el gas natural también está subvencionado y ese tema ni siquiera se ha ajustado ni discutido, pero hay que hacerlo de forma urgente porque Bolivia ha perdido el mercado argentino, estamos perdiendo el mercado brasileño, exportamos cada vez menos y el único mercado que crece es el interno, pero con un precio subsidiado.
Mientras se tenga un gas subvencionado es muy difícil que se pueda atraer inversiones porque hay que recordar que las empresas no son la Madre Teresa (de Calcuta), sino que vienen a invertir para buscar ganancias y utilidades, pero si el costo de explotación de gas en Bolivia bordea los 4 dólares la unidad energética y el precio en el mercado interno está en 1.30. Esto no es atractivo.
Entonces, falta todavía debatir el tema de los precios, que eso excede a la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos es un tema de mediano a largo plazo. Como te decía, si se trata bien, si se logra una buena ley, dará resultados de aquí a 5 o 8 años.
El gobierno ha dado pasos todavía tímidos y/o parciales en ese sentido. Con este último decreto 56 44 sobre el diésel, gasolina y GLP, pero no el gas natural todavía, es un tema necesario.
ANF: ¿Planteas que se debe incrementar el precio del gas natural, hay que nivelarlo o ajustarlo?
Raúl Velásquez: Sin duda, sin duda. Desde la Fundación Jubileo hemos insistido mucho en que estos precios tienen que ser ajustados, pero necesariamente tienen que ir acompañados de una política social. Es decir, ajustar los precios, pero eso tiene que acompañarse con una política social bien focalizada a la gente más vulnerable que le permita mitigar los efectos porque los van a sentir.
Bolivia tiene una enorme potencialidad de fuentes renovables. pero las renovables, ya sea energía solar, eólica, no pueden competir con una termoeléctrica que genera electricidad con gas subsidiado. No puede.
Si queremos avanzar en renovables y cambiar la matriz energética y garantizar además energía para la población de forma más sostenible en el largo plazo, hay que sincerar el precio del gas natural. Hoy en día el precio de exportación del gas está bordeando los 6 dólares la unidad energética, y en el mercado interno está a 1.30 dólares.
Para hacer atractivo mínimamente debería aproximarse a ese precio de exportación. Cuando llegue el momento de tener que importar gas, en este momento el precio de importación de gas natural está bordeando los 12 dólares la unidad energética.
Entonces, es una situación crítica desde dos perspectivas: una es la situación económica, porque se va a tener que importar, porque en estos 5 años por más de que el Espíritu Santo ilumine al gobierno no se podrá revertir la caída en la producción, porque como decíamos toma años recuperar eso. Ahí hay dos problemas.
Un problema es que se va a tener que pagar un precio internacional que es 12 veces más alto que el precio del mercado interno en este momento. El segundo problema y el más preocupante es de dónde vas a importar. Se requiere divisas, proveedores que garanticen ese energético. Eso depende mucho de la geopolítica internacional.
En el caso del gas, el proveedor natural sería Argentina con Vaca muerta, pero eso obliga a competir con Brasil y con Asia. Ambos están comprando gas a la Argentina. Tendrás que competir en términos de precio y de volumen.
ANF: ¿Es inminente una crisis por gas, es decir, se va a tener que importar gas?
Raúl Velásquez: Es un hecho. De acuerdo a una proyección de Jubileo, Bolivia va a tener que empezar a importar gas en un escenario pesimista el 2028, en un escenario conservador el 2029, en un escenario optimista el 2030. Lamentablemente el país va a tener que empezar a importar también gas natural, porque la producción de gas sigue en caída.
Me llama mucho la atención que el Gobierno vuelva a hacer referencia a la exploración en el norte de La Paz lo que fue Maya ya que fue un anuncio absolutamente irresponsable del gobierno de Luis Arce a partir de un solo pozo anunciar un potencial hidrocarburífero.
El mercado es fundamental porque eso va a justificar si se invierte o no, nadie va a invertir para perder. Tienes que haber un mercado que pague un buen precio, donde los impuestos sean razonables.
En Bolivia se ha dañado la seguridad jurídica, las condiciones en el sector de hidrocarburos no son atractivas, se acaba de salir de un conflicto prolongado de 50 días (…) Subrayo, lamentablemente, el país no tiene tiempo para procesos muy largos en torno a estas leyes porque estamos a 2 o 3 años de tener que importar una parte del gas natural que se consume.
ANF: ¿Raúl en qué consistiría la focalización de las subvenciones?
Raúl Velásquez: No hay forma de que el Estado pueda subsidiar la diferencia de precios de gas natural. Nuevamente volvemos a la necesidad de refocalizar las subvenciones, dirigidas a la gente realmente más vulnerable y que necesita.
Desde la Fundación Jubileo hemos reiterado la necesidad de una base de datos social que permita hacer una buena focalización de este tipo de políticas. Mientras que el resto tendremos que aprender sobre la eficiencia energética, a utilizar de mejor forma la energía que consumimos tanto en los vehículos como en nuestros domicilios.
ANF: ¿Qué plazos tiene el gobierno para tomar decisiones y hacer los ajustes necesarios?
Raúl Velásquez: Estamos contra el tiempo. Se habla mucho de que el poder Ejecutivo ha cumplido ocho meses en el cargo, pero también la Asamblea Legislativa, los diputados y senadores, y se escucha muy poco de propuestas. Pareciera que están en una actitud muy pasiva de recibir las propuestas del poder Ejecutivo para empezar a analizarlas y trabajarlas recién.
Creemos que tiene que haber mayor intensidad en el debate, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores para promover consensos respecto a las propuestas normativas, por ejemplo, en torno al régimen fiscal, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, temas que deben ser dialogados con todos los actores involucrados.
Algo que tenemos que entender, no solo ellos (los actores), sino todos los bolivianos, es que el 93% de cero es cero. No importa si el Estado se queda con el 93% de la renta. Estamos muy cerca de que no haya renta, es decir, que no haya torta que distribuir. Entonces, es mejor ceder un pedacito de tu tajada que quedarte sin pastel que distribuir. Esto es un elemento muy importante a considerar.
ANF: ¿Hasta cuánto se tendría que nivelar el precio del gas natural en Bolivia dada la subvención?
Raúl Velásquez: Por lo menos debería equipararse a su costo de exportación, es decir 6 dólares americanos.
/NVG/
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