La Paz, 2 de julio de 2026 (ANF).- La propuesta de legalizar los “autos chutos” o vehículos sin documentos ha cosechado apoyos tanto en el Gobierno como entre parlamentarios del oficialismo y la oposición, toda vez que se trató de una oferta electoral del presidente Rodrigo Paz.
El ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, dijo que el Gobierno no ha elaborado una propuesta al respecto, pero que estaría de acuerdo con una iniciativa presentada en el Parlamento, siempre y cuando sea la última vez que se regularicen vehículos indocumentados y que no se contemple la legalización de unidades robadas dentro o fuera del país, ni aquellas que hayan sido objeto de algún delito.
Además, señaló que, como condición, los vehículos deberán pagar los tributos omitidos y las multas correspondientes por haber ingresado al país de forma ilegal, lo cual también podría considerarse un desincentivo para la nacionalización de los autos sin papeles.
Según el ministro, es probable que el número de unidades susceptibles de ser legalizadas oscile entre 350.000 y 400.000 vehículos. Sin embargo, otras fuentes del Parlamento estiman que la cifra podría llegar a un millón de unidades, lo que el ministro consideró una “cifra algo exagerada”.
El diputado de la alianza opositora Libre, Reinaldo Seas, presentó un proyecto de ley con el objetivo de generar recursos para financiar obras y proyectos en las regiones. Calculó que los ingresos que el Estado podría percibir alcanzarían alrededor de 6.000 millones de dólares por la nacionalización de los "autos chutos"
Asimismo, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, confirmó que presentará su propia iniciativa legislativa en cumplimiento de compromisos electorales, ya que se trata de una propuesta impulsada por el presidente Paz.
“Inclusive hemos pedido que nuestro presidente, a través de un decreto, vea la forma de viabilizar la nacionalización de los vehículos indocumentados. Hay muchos, principalmente en el área rural”, dijo Veliz.
Por su parte, la diputada “larista” Patricia Patiño sostuvo que el Gobierno debe brindar una solución al problema y que una eventual nacionalización mediante una ley debe incluir posteriormente varios candados para poner fin al ingreso sin control de estos vehículos.
En contraste, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) rechazó la propuesta al considerar que equivaldría a legalizar un delito. A su juicio, no se trata de favorecer a sectores pobres o campesinos de la población, sino de beneficiar a un negocio vinculado al robo de vehículos y al supuesto lavado de dinero.
El vicepresidente de la CAB, Erick Saavedra, señaló que el número de vehículos indocumentados podría superar el millón y advirtió que la imagen del país quedaría muy afectada, ya que ninguna otra nación, por ejemplo del Mercosur, aceptaría un procedimiento de legalización de vehículos ilegales, incluso de alta gama.
Actualmente, el parque automotor de Bolivia alcanza aproximadamente 2,5 millones de vehículos, por lo que una eventual legalización de unidades indocumentadas podría incrementar de forma significativa el consumo de combustibles, en un contexto marcado por los problemas de abastecimiento que enfrenta el país.
LP-JA
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