La Paz, 25 de abril de 2026 (ANF).- El incremento sostenido del precio de los minerales y la falta de empleo formal han convertido al “juqueo” —robo de mineral— en una economía ilegal en expansión en Bolivia, con niveles crecientes de organización, violencia y participación social.
Especialistas, dirigentes y actores del sector coinciden en que el fenómeno ha dejado de ser marginal para convertirse en un problema estructural que combina crisis económica y debilidad institucional.
El expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y analista en tema mineros, Héctor Córdova, advirtió que el principal motor de esta actividad es la alta cotización del estaño y la plata, que hace del robo un negocio altamente rentable.
A este factor se suma una mezcla de necesidad y ambición. “Existe una presión real por la falta de empleo digno, pero también un incentivo claro de ganancias rápidas”, sostuvo en entrevista con ANF.
Córdova señaló que, pese a que las cooperativas mineras fueron concebidas como una alternativa laboral, no han logrado absorber la demanda de trabajo, empujando a sectores vulnerables hacia la ilegalidad. A esto se añade, según el experto, una débil fiscalización estatal y una extendida percepción de impunidad.
“Se ha instalado la lógica de que se puede operar al margen de la ley sin consecuencias”, afirmó.
Uno de los aspectos más críticos, en su criterio, es el rol de las comercializadoras de mineral, a las que identifica como eslabones clave en el circuito ilegal. Según explicó, estas empresas compran mineral de procedencia ilícita a precios bajos, obteniendo ganancias extraordinarias.
“Sin un mercado donde vender el mineral robado, el juqueo no existiría”, enfatizó.
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