La Paz, 8 octubre (ANF).- La sociedad civil boliviana que integra a pueblos indígenas e instituciones defensores de Derechos Humanos de Bolivia, denunció este martes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Gobierno de Evo Morales, por llevar adelante un modelo del agronegocio y ganadería que provocó este año la deforestación e incendios forestales sobre más de 5 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, promover actividades extractivistas en Áreas Protegidas (AP) e incumplir con la consulta previa, libre a informada a indígenas en ocho casos emblemáticos.
La líder indígena de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas, Ruth Alipaz Cuqui, fue la encargada de dar lectura al informe elaborado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, coalición de 50 organizaciones defensoras y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinas y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) en audiencia instalada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
“Como mujer indígena, tengo la responsabilidad de hacerles conocer que las políticas económicas para promover el agronegocio y ganadería, están ocasionando la deforestación e incendio de más de 5 millones de hectáreas de bosques de la Amazonía boliviana”, empezó su alocución Alípaz, en la audiencia especial para la sociedad civil de los Estados miembros, que se constituye en la pre-evaluación de Bolivia a un mes de su Examen Periódico Universidad (EPU) ante la ONU.
Con el respaldo del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que contempla de manera categórica denuncias de violación de los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente, la indígena dijo que el Estado boliviano logró importantes avances en el reconocimiento constitucional de los derechos al medio ambiente saludable y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, pero que la realidad contradice la norma.
“Recientemente, se ha ratificado mediante ley 1182 del 3 junio de 2019 el Acuerdo de Escazú, sin embargo en la actualidad, 28 millones de hectáreas, que representa el 25% del territorio de mi país, han sido reservadas para exploración y explotación hidrocarburífera. Esto compromete al 38% de los territorios indígenas titulados, poniendo en riesgo de exterminio a nuestros pueblos”, aseguró.
La gravedad de la situación –alertó Alípaz- no guarda relación con las recomendaciones que Bolivia ha recibido en los dos anteriores ciclos de evaluación. “De 315 recomendaciones, solamente cuatro se refieren a medio ambiente, tres al agua y tres a consulta previa a pueblos indígenas”, dijo en alusión al EPU al que se sometió el Estado boliviano el 2014.
“Necesitamos de su apoyo para mejorar esta situación y no sea invisibilizada por nuestro Estado; especialmente en la comunidad internacional. Para ello aportamos la siguiente evidencia de incumplimiento de las obligaciones internacionales, en base a 23 casos emblemáticos entre los que destacamos TIPNIS, El Chepete-Bala, Rositas, Tariquía y ahora Chiquitanía”, sostuvo.
Con voz firme dijo que las disposiciones constitucionales de protección y conservación del medio ambiente son incumplidas por normas que promueven actividades extractivas como la Ley minera 535 de 2014 y el decreto supremo 2366 de 2015, que permite realizar actividades hidrocarburíferas dentro de las áreas protegidas y los territorios indígenas.
En ocho casos emblemáticos dijo que se viola el derecho a la consulta previa para actividades hidrocarburíferas, minería y construcción de infraestructuras.
“A pesar de que existe la normativa para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario, las actividades extractivas están invadiendo los territorios en los que habitan poniendo en alto riesgo su existencia”, aseguró en el foro internacional.
En cuanto a los defensores de derechos humanos reiteró la denuncia de 2014, que la Ley 351 ha deteriorado las condiciones para desarrollen su labor, en especial de las mujeres defensoras.
“Es censurable que la mayoría de estos ataques provengan de las más altas autoridades, como el caso del Ministro del Interior a las defensoras Paola Gareca y Ruth Alipaz Cuqui”, dijo en referencia a su experiencia y de otra líder de la reserva Tariquía.
Alípaz solicitó a los Estados miembros de la ONU considerar algunas recomendaciones para Bolivia como la implementación del acuerdo de Escazú, la derogación de la ley 535 y los decretos supremos 2366 y 2992, por ser contrarios a este derecho.
También solicitó impulsar estudios que determinen el efecto de la contaminación minera por metales pesados y mercurio en la salud de las personas y pueblos expuestos, ajustar el marco jurídico sectorial minero e hidrocarburífero acorde al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la derogación de la Ley 979 que permite la construcción de una carretera por el TIPNIS.
La indígena dijo que es necesario adecuar la Ley 450, implementando la intangibilidad de los territorios y la prohibición de actividades extractivas, por el alto riesgo de etnocidio de pueblos indígenas, además de establecer protocolos urgentes en caso de avistamientos o contactos accidentales.
Para el derecho a defender los derechos humanos recomendó dejar sin efecto la Ley 351 y su Decreto Reglamentario para alentar el derecho a defender derechos humanos y la naturaleza.
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