Gravetal, el diamante mejor escondido del Chavismo en Bolivia

La Paz, 27 de septiembre (ANF).- Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante 12 años la mayor exportadora de soya de Bolivia, Gravetal. La empresa privada, asentada en el departamento de Santa Cruz, es considerada un gigante agroindustrial en el rubro de las oleaginosas, uno de los más competidos del mercado agrícola internacional. Ha vendido en la última década más de 1.800 millones de dólares, incluidas cuantiosas sumas en materia prima a empresas públicas venezolanas.

En la página web de la exportadora se afirma que en 2008 “empresarios bolivianos” compraron la compañía. Nada se dice sobre el impulso y los recursos millonarios que empresas filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corporación pública que entonces dejaba ganancias siderales al gobierno de Chávez, dieron a una firma con tres semanas de existencia y un capital de menos de 15.000 dólares para adquirir 99 por ciento de las acciones de la principal soyera de Bolivia. Esa compañía recién creada, denominada Inversiones de Capital Inversoja, fue el vehículo que finalmente permitió a un diputado del partido de Evo Morales tomar el control de Gravetal y disimular la mano venezolana.

Juan Valdivia Almanza, presidente y accionista mayoritario de Gravetal, no había concluido en Bolivia el mandato como diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2010, cuando se dio la transacción que formalmente lo puso al frente de Gravetal. Un antiguo colega presentó una denuncia en su contra en el Ministerio Público por delitos que incluyen la legitimación de capitales y la defraudación impositiva en conexión con el manejo de la empresa Inversoja, cuyos balances auditados están llenos de irregularidades, según el denunciante, incluida la no declaración oportuna de la compra de Gravetal y el ocultamiento del dato en la declaración jurada que presentó al terminar su función parlamentaria.

A Valdivia Almanza lo han acompañado en el directorio de Gravetal casi una decena de funcionarios públicos venezolanos que, con nula rendición de cuentas al público, fueron directivos de Gravetal hasta noviembre de 2019. La mayoría han estado relacionados con el Ministerio de Alimentación de Venezuela, entidad que ha sido controlada principalmente por oficiales del Ejército, algunos de los cuales han sido denunciados por sobreprecios en la importación de alimentos o incluso han sido sancionados por Estados Unidos. 

El funcionario venezolano que más tiempo ocupó en la directiva de Gravetal fue Juan Moisés Lares González. En 2013 estaba en el directorio de la compañía soyera y se desempeñaba simultáneamente en posiciones gerenciales en la estatal venezolana Lácteos Los Andes, que compraba materia prima a la empresa boliviana. Fue denunciado por trabajadores que por esa razón le atribuyeron un conflicto de interés que debía investigarse. La justicia no se hizo eco de las denuncias. Lares González encabeza en el presente una compañía que produce harina de maíz, ingrediente de las arepas, en Venezuela.

Los anteriores son parte de los hallazgos basados en el examen de documentos públicos y entrevistas en Bolivia como parte de la investigación colaborativa Chavismo INC. realizada en alianza entre Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). En el proyecto participaron periodistas basados en Venezuela, Estados Unidos, España, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Argentina y Uruguay que han contribuido a construir una base de datos que documentó los flujos de dinero asociado a personas de interés relacionadas con los gobiernos de Chávez y Maduro. Los datos se han basado en el procesamiento de investigaciones judiciales, ejecutivas y parlamentarias como las que involucran a Valdivia Almanza.

Los negocios de Gravetal, presentados por la empresa como un tema privado y boliviano, en realidad formaron parte de los esquemas de cooperación entablados por Chávez y Morales y continuados por Maduro en el marco de una alianza estratégica fraguada gracias a la identidad política e ideológica, pero sustentada también con millones de petrodólares venezolanos, más de 5.000 millones, según algunos analistas. 

La ayuda no solo incluyó el financiamiento, fuera de los mecanismos de Tesorería, a programas sociales como “Bolivia Cambia, Evo Cumple” u otros planes solidarios canalizados a través de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). También implicó la compra del fondo financiero privado Prodem, que llegó a ser uno de los mayores bancos de Bolivia con una cartera de créditos de 1.180 millones de dólares, por parte del Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes), entidad que algunos funcionarios convirtieron en una escala de la corrupción y que ha sido vetada por Estados Unidos. También supusieron proyectos fracasados como la producción de alimentos con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) o el intento de convertir a Bolivia en una potencia petroquímica a través de la binacional Petroandina.

Valdivia Almanza no contestó la solicitud de entrevista dirigida a cinco de sus empresas. Las solicitudes también se hicieron llegar por correo electrónico a Gravetal e Inversoja para conocer detalles de la compra de la soyera y del porqué de la participación en el directorio de funcionarios venezolanos. Yimy Montaño, abogado de Valdivia Almanza a quien se pudo contactar para este reportaje, dijo que el caso de su patrocinado se está ventilando en las instancias competentes y que no comentaría más.

Las negociaciones para la compra de la sojera boliviana ocurrieron en 2008 en un contexto en el que Morales enfrentaba una crisis por un abierto desafío a su autoridad por parte de los prefectos departamentales opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, región conocida como “Media Luna”, que impulsaban la constitución de gobiernos autónomos. 

El sector empresarial del oriente del país también mantenía una postura contra el gobierno de Morales por la regulación de las exportaciones. La compra de Gravetal resultaba crucial para sofocar la rebelión porque implicaba el control del sector productivo cruceño, el más vigoroso de Bolivia, y en particular de los productores de soya y de las industrias oleaginosas que guardaban una relación casi de dependencia con la empresa. 

Para concretar la compra, sin embargo, se debió recurrir a un elaborado esquema de circulación de fondos que disimulara la mano del gobierno de Chávez y evitara cuestionamientos ante la prohibición constitucional que establece que en un rango de 50 kilómetros dentro de las fronteras ningún extranjero puede poseer títulos de propiedad salvo en casos excepcionales. Gravetal está afectada por esa disposición debido a su ubicación en Puerto Quijarro, en los límites con Brasil. Sus antiguos dueños estaban liderados por un empresario que compartía la nacionalidad boliviana, con la colombiana. En ese momento algunos medios se hicieron eco de la posible llegada de capital público venezolano.

Inversoja fue constituida bajo ese clima de confrontación, el 13 de junio de 2008, con un capital de apenas 100.000 bolivianos, equivalentes a 13.927 dólares. Entre sus fundadores, todos bolivianos, figuraban dos accionistas de Gravetal: Jorge Arias Lazcano y Gabriel Pabón Gutiérrez. El otro propietario era Jorge Toyama Urehara, que fungió como subgerente de contabilidad y miembro del directorio de Gravetal. El primero tenía 34 por ciento de las acciones y los restantes poseían dos porciones idénticas de 33 por ciento.

Inversoja con solo 18 días de existencia compró 99 por ciento de las acciones de Gravetal gracias a un préstamo del gobierno de Venezuela. El mismo día que le fueron transferidas las acciones se las otorgó, en calidad de garantía por la deuda, a la empresa Monómeros International LTD, último eslabón de una cadena de propiedad que lleva a la estatal venezolana Pdvsa. La compañía es filial de Monómeros Colombo Venezolanos, una subsidiaria de Pequiven, que a su vez es el brazo petroquímico de la petrolera venezolana.

Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa basada en Colombia y es de las más importantes del mercado de fertilizantes en ese país. Fue adquirida por Pdvsa en 2006. Desde mayo del año pasado, se encuentra bajo el control de funcionarios designados por el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también reconocido por ese órgano y por más de 50 países, incluida Colombia, como presidente interino de Venezuela.

Los accionistas de Inversoja reconocieron en una reunión de directorio celebrada el 24 de julio de 2008, que tenían una deuda por un préstamo recibido de Monómeros International LTD, de acuerdo con documentación a la que tuvo acceso Chavismo INC. En los registros de la sesión, no obstante, se omiten los datos precisos del monto y detalles sobre la transacción. Los estados financieros de 2013, también consultados para el trabajo, mencionan una deuda por un préstamo a largo plazo e intereses por pagar que eran equivalentes a 82.6 millones de dólares. Los estados financieros de 2018 muestran que esa deuda había saltado a 132 millones de dólares.  En ningún caso se presenta información sobre de quién proviene el dinero, cómo se consiguió, cuándo y por qué vía ingresó. 

Antes de ser desembolsado, el préstamo venezolano siguió una ruta sinuosa. Aunque Monómeros International LTD es la empresa que recibió formalmente las acciones de Gravetal como garantía, los fondos con los que Inversoja realizó la compra provienen de una filial de Pequiven denominada International Petrochemical Sales LTD, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que permaneció activa hasta 2013 y la cual aparece en la base de datos de los Off Shore Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

“El dinero no salió de los estados de cuenta de la caja de Monómeros, sino de Pequiven a través de otra figura”, afirmó a Chavismo INC. Carmen Elisa Hernández, designada por Guaidó como presidenta de la junta de accionistas de Monómeros Colombo Venezolanos. No precisó montos, pero sí hizo otra aseveración: “El régimen chavista fue muy hábil en generar muchas figuras en países como las Islas Vírgenes o Panamá. Algunas de estas incluso están desactivadas porque fueron objeto del tema del Panamá Papers”. 

Las acciones de Gravetal siguieron además un camino por la burocracia venezolana que también permaneció bajo las sombras. En documentos a los que ha accedido Hernández, se deja constancia que Monómeros Colombo Venezolanos traspasó sus derechos con respecto a Gravetal a otra empresa que fue filial de Pdvsa hasta 2010: Pdval, una compañía importadora de alimentos también marcada por escándalos de corrupción y que en el presente es manejada por el Ministerio de Alimentación.

Pdval recibió 99 por ciento de las acciones de Gravetal endosadas al portador en agosto de 2008 y asumió también las acreencias originadas en el préstamo a Inversoja. A su nombre también fueron entregadas en garantía dos porciones de 0,5 por ciento a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de la petrolera binacional Petroandina, según los documentos a los que accedió Hernández. 

Con el control asegurado, Gravetal se convirtió en un activo estratégico para Chávez y Morales. Un ejemplo de ello se hizo evidente en octubre de 2010 cuando la empresa fue la escogida para hacer la primera venta a través del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), un esquema mediante el cual los países del ALBA procuraron establecer, con apoyo de sus bancos centrales, un espacio para el comercio regional y una moneda común que a la larga naufragó entre denuncias de haber servido para el lavado de dinero y para ventas ficticias. 

En ese entonces, sin embargo, el Sucre se estrenó con una transmisión en vivo que pudo ser seguida desde el piso 28 del Banco Central de Bolivia en La Paz. En pantalla gigante aparecían Chávez y Morales enlazados a través de una conexión satelital. Gravetal vendió el equivalente a cinco millones de dólares en aceite desgomado de soya a Industrias Diana, empresa estatizada en 2008, en Venezuela. A los periodistas convocados, entre quienes estaba quien suscribe este trabajo, se les anunció que presenciaban un hecho histórico.

Gravetal en los últimos años exportó 230.000 toneladas métricas de aceite crudo y torta de soya, por 150 millones de dólares, principalmente a Venezuela y Colombia, según su memorial institucional. En el presente, los ejecutivos designados por Guaidó afirman que su intención es rescatar la empresa, como ya se ha hecho con otros activos venezolanos en países donde el diputado es reconocido como presidente, lo que ahora ocurre en Bolivia después de la salida de Morales del poder. Una consulta escrita sobre Gravetal fue dirigida a correos de contacto del Ministerio de Alimentación y de PDVAL, pero al cierre del presente trabajo no había sido respondida.

Valdivia Almanza todavía ejercía funciones como parlamentario del MAS por Cochabamba, el mismo departamento donde Evo Morales tiene su mayor bastión de militantes, cuando se convirtió en agosto de 2009 en el propietario de la mayoría accionaria de Inversoja: 34 por ciento, según la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa. Con ello se hizo del control formal de Gravetal, en cuyo directorio ya había sido nombrado cinco meses antes. Ahora es presidente del directorio de Gravetal y de Inversoja. 

No ha sido la única persona con vínculos políticos relacionada con los negocios. En el presente, Katarina Gumucio Stambuk, es accionista de 33 por ciento de Inversoja y 0,5 por ciento de la empresa soyera. Fue delegada presidencial de Morales también para Cochabamba y exgerente general de Abya Yala Tv, canal vinculado a la fundación Juan Evo Morales Ayma (JEMA), con recursos de la cooperación iraní en Bolivia. También se le solicitaron comentarios para este trabajo y no respondió. Antes de ella, Sebastián Rivero Guzmán, hermano de una exministra de Morales, también fue accionista de Inversoja y Gravetal.

Los estados financieros de Inversoja revelan que la empresa nunca aumentó su valor, ni mejoró su posición luego de la adquisición de Gravetal. Los números siempre fueron rojos. La compañía solo declaró ganancias de 13,2 millones de dólares en 2013 y de 3 millones de dólares en 2018. La totalidad del dinero fue utilizado en gastos administrativos en ambos casos. Eso a pesar de que Inversoja solo cuenta con un funcionario ocupado, de acuerdo con el documento de actualización de matrícula de comercio consultado para la investigación. Al cierre del ejercicio de 2018, tenía la deuda ya mencionada de más de 132 millones de dólares. 

El exdiputado Bernardo Montenegro denunció a su antiguo homólogo Valdivia Almanza ante el Ministerio Público basado en documentos como memorias y balances públicos que ha presentado Inversoja a Fundempresa, organización que opera el Registro de Comercio de Bolivia: “Se observa un gran número de irregularidades”. El antiguo parlamentario cuestiona el hecho de que la compra de Gravetal apenas fue reflejada en los balances auditados cinco años después de consumada cuando se dejó constancia del préstamo millonario recibido para adquirir la empresa cruceña. En 2009 Inversoja registró un patrimonio total de 1.606 dólares y un pasivo de 1.555 dólares: apenas 56 dólares de diferencia. Los números en nada expresaban los movimientos de dinero implicados en la compra de la soyera en 2008. 

“Pudo haber una defraudación impositiva al Estado”, dijo entrevistado para esta investigación. Para Montenegro esa es solo una parte de una lista más amplia. La denuncia atribuye a Valdivia Almanza la supuesta comisión de delitos como enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. 

Según afirma, su excolega presentó ante la Contraloría General del Estado una declaración jurada con información falsa sobre sus activos al terminar el ejercicio parlamentario. “Dijo tener un patrimonio de 1,1 millones de dólares, pero omitió mencionar la compra de Gravetal”. Sus cálculos indican que debió declarar otros 24 millones de dólares. “Por más que el señor diga que se le prestó el dinero, la procedencia de esos fondos debió ser declarada”. 

A Montenegro también le llama la atención el súbito incremento del patrimonio de Valdivia Almanza, que actualmente registra 15 empresas. De 2010 hasta 2019 registró siete, pese a los resultados negativos de Inversoja. Entre las nuevas inversiones están una fábrica de hormigón, una heladería, una importadora de productos de acero, una agencia de vehículos, una firma hotelera y dos compañías dedicadas al sector de los bares y restaurantes. 

“Toda esta información e inversiones multimillonarias deja en evidencia que dicho ciudadano aprovechando su condición de diputado y dirigente del MAS, además de su cercanía con el expresidente Morales, amasó una incalculable fortuna, con recursos de dudosa procedencia”, dice. El exdiputado se ha quejado de que pasados ya siete meses de presentada su denuncia, la investigación permanecía paralizada. El denunciado se presentó voluntariamente para acogerse al derecho del silencio y “lamentablemente a partir de eso no avanzó más en el caso”.

Luego se supo que Valdivia Almanza interpuso dos incidentes en el proceso. El primero se conoció el pasado 13 de julio y en virtud de la petición recibida por la defensa del exdiputado, Montenegro fue apartado como parte activa del caso por no ser considerado ni víctima ni querellante. Con el segundo incidente, el juez le concedió a Valdivia Almanza la exclusión del delito de falsedad en declaración jurada y solo mantuvo los enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Montenegro se ha manifestado en desacuerdo con ambas decisiones y lamenta que la Procuraduría del Estado no haya actuado todavía en el caso.

Valdivia Almanza como político fue de pocas comparecencias públicas. Son contadas las veces que se le vio junto a Evo Morales, como en el cierre de campaña de 2005. En 2015 dio su última entrevista pública a un medio de Santa Cruz, donde está la mayoría de sus negocios. Antes que él, su hermano había sido más identificado con un perfil de empresario ligado a los negocios hoteleros.

El exdiputado como presidente de Gravetal tiene una relación de negocios con el multimillonario venezolano-paraguayo Carlos Gill Ramírez, quien es accionista de Ferroviaria Oriental, uno de los proveedores de transporte de la empresa soyera.  En una entrevista con el periodista Carlos Valverde dijo que esa es su única conexión con Valdivia Almanza. La aclaratoria surgió porque tanto Montenegro como Óscar Ortiz, exsenador, hoy parte del gobierno, han señalado que ambos tienen relaciones que van más allá. 

El propio Ortiz adelantó una investigación desde el Parlamento, pero no pudo demostrar las conexiones de Gill Ramírez con Gravetal. En cambio, sí hizo una síntesis del emporio del magnate en Bolivia que también incluye acciones en Ferroviaria Andina, los diarios La Razón y Extra, la Sociedad Constructora Gómez Núñez Bolivia, la constructora Terravías y la Sociedad Administradora de Puertos Continental. En todas estas operaciones ha invertido más de 320 millones de dólares en los últimos nueve años. También recibió contratos para las obras civiles de la red de teleféricos y los radares militares por parte de Evo Morales.

Gill Ramírez tuvo una relación cercana con el fallecido embajador venezolano Julio Montes, quien incluso terminó siendo ejecutivo de una de sus empresas. A pesar de todo ello, ha afirmado nunca se apoyó en favores de Chávez, Maduro o Morales. “Soy un empresario que no se mete en el mundo de la política”, dijo a Valverde.

Después de la compra de Gravetal por Inversoja, funcionarios venezolanos comenzaron a figurar en puestos clave de los directorios de la empresa boliviana. Incluso algunos, en los meses iniciales, compartieron simultáneamente posiciones de comando en esa compañía y en Inversoja. De la lista destacan Pedro Lugo Gómez, quien llegó a ser presidente de Monómeros Colombo Venezolanos. En Gravetal resalta Juan Moisés Lares González. Entre todos fue quien permaneció mayor tiempo en posiciones directivas: ocho años, hasta el 25 de noviembre de 2019. Lo removieron dos semanas después de la renuncia de Morales de la presidencia boliviana. En paralelo, Lares González desempeñó otras funciones. En 2016, por ejemplo, fue designado presidente de la Empresa Alba Alimentos de Nicaragua S.A. (Albalinisa), una compañía binacional de los gobiernos nicaragüense y venezolano, y antes había estado en el equipo gerencial de Lácteos Los Andes.

Lares González encabeza hoy una empresa que produce en Venezuela la marca de harina de maíz Don Juan. Según dijo en una entrevista, es un emprendimiento de escala reducida, respaldado por maquinaria comprada en China. En los empaques se señala que el producto es fabricado por la empresa Cipralba domiciliada en Caracas. A ella se enviaron correos electrónicos para Lares González, que no fueron respondidos. Tampoco se le pudo contactar a través de sus redes sociales. El nombre de Cipralba coincide con el de una firma fundada en Bolivia por otros exfuncionarios venezolanos que trabajaron para la filial boliviana de la estatal CVAL en un proyecto de alimentos. La casa matriz fue intervenida y eliminada por órdenes de Maduro en medio de una reorganización general y denuncias de desvíos de fondos públicos.

Esquilo Pérez Valladares, quien presidió CVAL Bolivia, es el presidente de Cipralba y afirma para este trabajo que no tiene relación alguna con la empresa de Lares González, que es una coincidencia y que de ella solo existe el nombre porque no pudo culminar su constitución. Dice que se vio obligado a emprender en Bolivia luego de ser apartado de CVAL sin que se le reconocieran sus pasivos laborales. CVAL Bolivia estuvo a cargo de un proyecto piloto de producción de alimentos, que fracasó según asegura por falta de apoyo de Caracas.

La misma suerte corrió Petroandina, creada en 2007 y repotenciada cuatro años más tarde cuando Chávez anunció desembolsos de 1.500 millones de dólares “para convertir a Bolivia en una potencia petroquímica”. Morales reconoció en 2016 que Petroandina estaba en problemas. Al principio, la petrolera, constituida con la asociación de Pdvsa y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fue parte del esquema de adquisición de Gravetal.

Cuando fue creada, el Estado boliviano le asignó a Petroandina una docena de áreas de exploración. De la mayoría no se conocen resultados. La petrolera fracasó en la búsqueda de volúmenes comerciales de crudo y gas natural en dos pozos, en el Norte de La Paz y Tarija, en los que Morales tenía optimismo. Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, la petrolera entró en debacle y Pdvsa suspendió de forma temporal sus inversiones en exploración en nuevos campos. Su matrícula de funcionamiento expiró en 2018.

Además de Gravetal, el gobierno venezolano cuenta en Bolivia con un brazo financiero: el Fondo Financiero Privado Prodem, originalmente especializado en microcréditos y que se convirtió en un banco múltiple, hoy banco Prodem. Fue fundado en Bolivia en 1998. Hoy cuenta con 128 agencias a nivel nacional, 2.784 trabajadores, casi 300.000 clientes y ocupa el lugar 11 en el sistema financiero. Su cartera está dedicada a la pequeña y mediana industria. 

El Bandes adquirió en 2008 el 94 por ciento de las acciones del grupo boliviano. La operación fue criticada por expertos y economistas nacionales. “Al ser de capital (estatal) venezolano, la compra de Prodem responde a una línea política” y que “trabajar con microcréditos puede ser utilizado para hechos políticos”, dijo al diario El Mundo el entonces presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de la Sierra, Teófilo Caballero.

Al igual que Gravetal, tiene entre su directorio y ejecutivos a funcionarios que han ejercido o ejercen altos cargos importantes para la administración de Maduro. Prodem, pese a que fue incluido entre los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por ser filial del Bandes, no sufrió amonestación del gobierno de Morales, por el contrario, señaló que esa acción “no afecta” a su filial boliviana Prodem. Como Gravetal, otro diamante del chavismo en Bolivia.