La Paz, 6 de julio de 2026 (ANF).- La propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados volvió a abrir el debate sobre la regularización de los denominados "autos chutos". Mientras el Gobierno anunció que analizará técnica y políticamente la iniciativa, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su rechazo y advirtió que una nueva regularización tendría consecuencias económicas, sociales y fiscales para el país.
"Esto en realidad es catastrófico. No hay combustible para ese millón setecientos mil vehículos (...) Se imaginan nacionalizar quinientos mil vehículos más; no va a haber combustible para todos, el tráfico vehicular y el caos vehicular va a ser insoportable", manifestó el gerente de la Cámara Automotor Boliviana, Luis Encinas, en el programa Voz y Voto de PAT.
El directivo recordó que Bolivia ya realizó anteriores procesos de nacionalización y señaló que la última regularización, aprobada en 2011 mediante la Ley 133, establecía que se trataba de una medida "por única vez".
Agregó que los vehículos indocumentados son consecuencia del contrabando y afirmó que detrás de su ingreso existen diversas actividades ilícitas. "Un vehículo chuto no es un vehículo sin documentos únicamente, sino es un acumulado de muchos delitos (...). Los vehículos chutos son el resultado del contrabando", afirmó durante la entrevista.
El representante del sector explicó que cada año ingresan ilegalmente alrededor de 120.000 vehículos al país, principalmente desde la Zona Franca de Iquique, en Chile, situación que, según dijo, genera una importante fuga de divisas y fortalece las redes de contrabando.
Asimismo, advirtió que una eventual nacionalización afectaría directamente a quienes adquirieron sus vehículos de manera legal, ya que reduciría su valor comercial y aumentaría la presión sobre el abastecimiento de combustibles.
El gerente de la CAB también señaló que el sector automotor formal atraviesa una situación complicada debido a la escasez de dólares y la caída de las ventas. Indicó que varias empresas redujeron operaciones, cerraron agencias y sucursales y despidieron alrededor del 35% de su personal.
"El resultado de una posible nacionalización va a causar no solamente problemas económicos para el país, sino también una crisis tremenda para todo el sector", afirmó.
El debate resurgió luego de que el diputado de la alianza Libre, Reinaldo Seas, presentara un proyecto de ley para regularizar de manera extraordinaria los vehículos indocumentados que circulan en el país. La iniciativa plantea que los recursos obtenidos por ese proceso sean destinados a financiar obras y proyectos de municipios y gobernaciones.
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