La Paz, 26 de mayo de 2026 (ANF).- Las asociaciones de víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba expresaron su rechazo a la posible derogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción y advirtieron que esa decisión podría favorecer la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los conflictos sociales de 2019.
A través de cartas dirigidas al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, las organizaciones señalaron que la anulación de esa norma representaría un retroceso en materia de protección de derechos humanos y en las garantías para evitar abusos estatales durante situaciones de crisis.
Los pronunciamientos fueron emitidos por la Asociación de Víctimas Familiares Fallecidos, Heridos, Procesados y Torturados Puente Huayllani-Sacaba, así como por la Asociación de Viudas(os), Huérfanos(as), Heridos(as) y Torturados “Víctimas de la Masacre de Senkata” del departamento de La Paz.
En ambos documentos, las organizaciones sostienen que la Ley 1341 fue elaborada en cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, luego de las muertes registradas durante las protestas postelectorales de 2019 en Sacaba y Senkata.
Las víctimas recordaron que el Decreto Supremo 4078, promulgado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, utilizó el término “pacificación” para justificar operativos militares y policiales que terminaron con decenas de fallecidos y heridos. Según los memoriales, la actual ley buscaba precisamente establecer límites al uso de la fuerza estatal y evitar la repetición de hechos similares.
“Su anulación conllevaría la infracción del Pacto de San José y vulneraría pactos y convenios internacionales de derechos humanos”, señalan los documentos presentados ante la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones también cuestionaron que autoridades y legisladores pretendan eliminar una norma que, aseguran, responde a observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el texto, los firmantes afirman que los únicos responsables de violaciones a los derechos humanos son los servidores públicos que incumplen la Constitución, las leyes y la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto “por omisión como por comisión”.
Además, denunciaron una supuesta “revictimización” de los afectados por las masacres de 2019, al considerar que algunos actores políticos y mediáticos continúan estigmatizando a las organizaciones sociales y a quienes participaron de las protestas.
Las víctimas también expresaron su preocupación por la designación de personas vinculadas a los hechos de Senkata y Sacaba en cargos públicos, señalando que ello vulneraría el principio de no repetición reconocido en el derecho internacional.
Entre sus principales demandas, las asociaciones pidieron a diputados y senadores no aprobar la derogación de la Ley 1341, evitar nuevas vulneraciones a los derechos humanos y garantizar justicia para las víctimas de los conflictos sociales.
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