La Paz, 8 de noviembre de 2023 (ANF).- Un análisis de laboratorio en sangre y orina, realizado a pobladores de las comunidades orureñas de Puñaca y Yuracari, confirmó una intoxicación por arsénico en el 100% de las muestras con concentraciones por encima de los valores límites; el químico es altamente cancerígeno y es producto de la actividad minera en la región.
El 7 de septiembre, en coordinación con el Centro de Salud Poopó, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) y el Laboratorio CETOX de Perú, se tomaron muestras biológicas de 20 hombres y mujeres, de entre 43 y 74 años de edad, de las comunidades de Puñaca y Yuracari.
En las pruebas se utilizaron parámetros internacionales, porque Bolivia no cuenta con una norma que establezca los valores de referencia para la concentración de metales pesados en el cuerpo.
De las 20 personas que formaron parte de los estudios, el 100% presenta concentraciones de arsénico que oscilan entre 17,6 y 215,64 microgramo por litro (µg/L). Estos valores son superiores al límite referido por la Unión Europea (UE) que establece un máximo de 15 µg/L. Tres personas presentaron concentraciones que superan de 10 a 15 veces el valor referencial.
Los estudios también evaluaron las concentraciones de plomo y cadmio en los comunarios. Cuatro personas presentaron niveles de 7,20 microgramo por litro de sangre, cuando la UE establece un 5 µg/L como máximo.
Respecto al cadmio, se detectó que dos personas presentan niveles del químico que duplican el valor referencial de 1 µg/L.
La Organización Mundial de la Salud clasifica al arsénico y al cadmio como cancerígenos y al plomo como posible cancerígeno.
Estos elementos cuentan con un alto grado de efectos de toxicidad que varían desde náuseas y vómitos, hasta diversos tipos de cáncer. En el caso del arsénico, la exposición crónica puede causar la muerte.
Todos los participantes del estudio viven de forma permanente en el Ayllu y cerca de los siete puntos donde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) analizó la calidad del agua el pasado 19 de junio, en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1471/2023-S3.
Las autoridades originarias anunciaron que llegarán a la sede de Gobierno para denunciar la intoxicación de los pobladores por la contaminación minera.
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