Durante las últimas semanas se habló mucho de reformar nuevamente la alicaída justicia boliviana, la cual por supuesto es una de las instituciones del Estado que menor credibilidad y confianza tiene por parte de la sociedad civil. Hoy en día nadie cree en el desempeño transparente y correcto de una verdadera administración de justicia que realiza el Órgano Judicial.
Hace años atrás que se viene hablando sobre una verdadera reforma institucional, pero solo quedó en discursos, en buenas intenciones y nada más que eso. Sin que hasta la fecha haya habido un verdadero cambio al mencionado Órgano estatal. Incluso se llevaron a cabo pomposas “Cumbres Judiciales” sin resultados efectivos para su transformación.
Según nuestra vigente Constitución Política del Estado (CPE), el Órgano Judicial está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, por una Justicia Indígena Originaria Campesina (que ni suena ni truena), por el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por más que se pretenda hacer cambios a su estructura institucional, es decir, suprimir, fusionar o crear mediante una reforma parcial a la CPE, no tendrá el éxito esperado.
Hubo un primer gran avance al reformar la justicia institucional en nuestro país, mediante Ley No. 1585 de 12 de agosto de 1994 – Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado; en la cual el Poder Judicial de ese entonces incorpora las instituciones del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y mediante Ley 1715 el Tribunal Agrario Nacional. El primero para ejercer netamente un control constitucional, el segundo para ser la instancia administrativa y disciplinaria y el tercero para administrar temas agrarios. Porque hasta antes de eso nuestra justicia mantenía la misma estructura de los viejos modelos traídos de Europa.
Como sabemos, todo ente es abstracto e invisible. Quien le da vida a una institución son los recursos humanos que la manejan. Entonces la verdadera metamorfosis a la justicia boliviana, estará en aplicar un nuevo cambio de mentalidad en su personal jurisdiccional y administrativo que lo compone. Si no se logra ese cambio efectivo y eficaz de nada servirán las reformas que se quieran realizar de aquí para adelante, porque todo seguirá siendo lo mismo con olores nauseabundos a corrupción, retardación de justicia, sentencias judiciales con pago para el mejor postor entre otros males y que se respiran a diario en los pasillos judiciales.
Esa mutación de mentalidad que se debe hacer en los operadores de justicia, abogados/as, fiscales, policías e incluso en la sociedad civil, también debe venir desde las aulas universitarias públicas y privadas. Porque ahí también nace la corrupción entre docentes y universitarios, desde ahí se distorsiona el verdadero y correcto uso del Derecho. La curricula de estudio en las ciencias jurídicas de igual modo debe llevar a cabo cambios trascendentales porque la visión del futuro abogado/a está enfocado únicamente en tener la especialidad de litigante y que tiene que ganar a toda costa un juicio hasta el punto de hacer correr dinero mal habido debajo de la mesa de un juez o jueza a través de intermediarios.
La sociedad civil también es gran culpable con lo que sucede hoy en día en la justicia boliviana. En muchos casos desde ésta se incita para que germine la corrupción en los estrados judiciales. Debido a que se incita y tienta a los/las profesionales del Derecho para que cometan irregularidades en el desarrollo de los procesos judiciales. Claro que hay jueces, juezas, abogados/as y fiscales probos/as e idóneos/as pero lamentablemente son un grupo minúsculo que son opacados por ese otro grupo mayúsculo que hacen quedar muy mal a esa noble profesión.
También se debe pensar seriamente en cerrar por un buen tiempo las carreras de Derecho en universidades públicas y privadas a fin de hacer una seria y concienzuda reflexión acerca de qué tipo de abogado/a se requerirá para los próximos cincuenta años. Debido a que los/las 70 mil abogados/as que aproximadamente se tiene en el país, una gran mayoría no tienen cabida en el espectro laboral.
Otro mal que debe ser atacado en esta nueva reforma judicial, que se pretende realizar en el país, es la despartidización o despolitización de la Justicia. Como ejemplo nítido y claro se tuvo este 2020 que finaliza. Donde la administración de justicia estuvo al sol que nace. Hasta antes del 8 de noviembre estuvo pintada de un color político y después de esa misma fecha se cambió sin rubor alguno al color político del gobierno de turno.
Es de esperar que tanto las autoridades del Ministerio de Justicia como la Comisión de Notables que preparan los cambios trascendentales al sistema judicial, tomen en cuenta que la verdadera transformación no está en lo estructural, sino en los recursos humanos. Porque de nada servirá tener nuevos y lindos nombres institucionales, dotados de las mejores oficinas sino se cambia ese chip mental podrido del recurso humano que años de años está anclado en los distintos juzgados que conforman ese importante Órgano del Estado.
Juan Carlos Ferreyra P. es comunicador social
