Una atinada nota de Agustín Echalar, el 31 del pasado mes en Brújula Digital, señala aspectos chocantes en la decisión de la justicia boliviana de ordenar prisión preventiva para dos sacerdotes jesuitas, ambos mayores de 80 años, por supuesto encubrimiento en un caso de pedofilia. Expondré algunos aspectos que me parecen igualmente significativos por lo inaudito de su sustento, y otros que, por ser tan visibles, pasan desapercibidos.
Ciertamente, el escándalo surgió por una nota del periódico español El País. La prueba material sería el diario íntimo del jesuita español Alfonso Pedrajas cuando vivió y trabajó en Bolivia. Este diario habría sido impreso a partir de lo archivado en su computadora. Ahora bien, en casos judiciales semejantes, ¿la prueba es el disco duro de la computadora o el texto que se dice haber impreso a partir de este?
Mi conocimiento forense es escaso. Pero dilucidar ese aspecto me parece primordial pues está de por medio un tema de religión que, como sabemos, fácilmente despierta pasiones. Es conocida la frase atribuida a Voltaire: “La religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio”. Pero parece también que el anticlericalismo mal asumido puede concluir en aberraciones. Y España es adecuada para ejemplarizarlo. Durante la Guerra Civil en ese país se calcula en más de 6.800 las víctimas religiosas asesinadas en territorio republicano, no por fieles de otra “religión”, sino por racionalistas y laicos anarquistas y militantes de otras denominaciones de izquierda.
Por ello conjeturo que la pasión en ese tema del periodista que inició el alboroto en el periódico El País tiene más de cruzada ideológica que de actitud propiamente periodística. Y es que, al interior de la Iglesia, la Compañía de Jesús es maestra en involucrase en pleitos políticos, aunque también en saber sortearlos. Y tiene razón Agustín Echalar al recordar la actitud oficial en nuestro país, cuando detonó ese caso un año atrás: “el Gobierno, enemistado con la Iglesia porque esta tiene una posición crítica respecto al MAS, dio declaraciones altisonantes y los más exaltados de sus representantes clamaron por la expulsión del país de la ‘Santa Madre’ o por lo menos de la Compañía de Jesús”.
Pero lo curioso en este caso es que quienes desde la vereda del poder así reaccionan, olvidan que su poder se lo deben en gran parte a esa Iglesia. El tránsito de la dictadura a la democracia en los años 80 no hubiese podido efectuarse en Bolivia sin el apoyo y el activismo de instituciones de la Iglesia, como la Comisión Justicia y Paz (que fue el origen de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia), de congregaciones religiosas como los jesuitas y los oblatos y del compromiso personal de sacerdotes como Xavier Albó y Luis Espinal, quien el 21 de marzo de 1980 fue secuestrado, torturado y asesinado por un grupo de paramilitares durante el Gobierno de Luis Arce Gómez. Años antes, en 1970, después del fracaso de la guerrilla del Che, jóvenes cristianos –muchos de ellos alumnos de colegios jesuitas– se inmolaron en Teoponte, manteniendo viva la llama de la necesidad de un cambio político en Bolivia.
El compromiso de los jesuitas con el “cambio social” fue general en el continente. Como combatientes, los sacerdotes así comprometidos rehusaron mandos y direcciones una vez triunfantes sus causas. La excepción fue Ernesto Cardenal, en Nicaragua, lo que le valió el 4 de marzo de 1983 la amonestación pública del papa Juan Pablo II en su visita a ese país. Ernesto Cardenal lo recibió arrodillado. Karol Wojtyła, señalándole con el dedo índice, lo reprendió duramente por formar parte del Gobierno sandinista. Tomando en cuenta el FSLN de ahora, bastante razón tenía entonces Juan Pablo II.
Quienes en Bolivia detentan el poder no son los combatientes de entonces. Pero sí exhiben agravio contra la Iglesia. Los resentidos deberían ser los dictadores y allegados que vieron sus ciclos contradichos y anulados. O quienes en el campo popular sufrieron la postergación de sus expectativas por la manipulación del poder institucional que la Iglesia movilizó para ayudar a unos y contraponer a otros. En los 70 y 80 ese peso contribuyó a fortalecer a Genaro Flores de la CSUTCB, partidario de componer con la izquierda, y debilitó a Constantino Lima, líder del indianismo naciente.
Sucedió algo similar luego, cuando “el poder clerical” y las ONG proyectaron a Evo Morales y desestabilizaron al Mallku Felipe Quispe, por temor al “radicalismo” que exhibía. Esa influencia es paradigmática en el caso del actual vicepresidente, David Choquehuanca, quien ni siquiera se hizo presente en los sepelios ni envió mensaje cuando falleció su mentor Xavier Albo.
¿Qué tiene que ver el caso Alfonso Pedrajas en esta disquisición? Alfonso fue director del colegio Juan XXIII. Precisamente le acusan de delitos sexuales contra alumnos de ese plantel. Ese colegio hizo parte del compromiso jesuita cuando trataba de formar “hombres nuevos”, solidarios y comprometidos, brindando educación a niños escogidos entre los sectores más pobres y excluidos. De la misma manera que el apoyo jesuita al socialista naufragó, la iniciativa educativa fue un fiasco. No surgieron los líderes que los jesuitas pensaban se iban a formar. Exalumnos con “compromiso social” parecen escasos. Las acusaciones contra Pedrajas, ¿tienen el condimento de un resentimiento contra ese experimento educativo o, por el contrario, lo ignoran quienes juzgan el papel de la Iglesia solo por sus posiciones aquí y ahora?
Como señala Echalar, si hubo delito en el caso Pedrajas debe ser investigado y sancionado. Se deben evitar, sin embargo, chivos expiatorios para barnizar las fallas de nuestra justicia y de nuestro mundillo político. De ser así, el Gobierno del MAS y los militantes masistas que se regodean al incriminar a superiores de esa orden, bajo la inculpación de complicidad, deberían poner sus barbas en remojo, pues al jefe de su partido, Evo Morales, se le acusa públicamente de estupro, sin que ni la justicia ni los poderes públicos hagan lo necesario para esclarecer ese asunto.
Mi Reino no es de este mundo, proclamaba Jesús. La justicia en Bolivia definitivamente no es divina.
El autor es historiador y analista político
