Roger Mariaca tiene la responsabilidad histórica de repensar el MP y proyectar una nueva imagen institucional si quiere cambiar el rumbo de la fiscalía general. Lo primero será superar la pobre gestión de Juan Lanchipa, que convirtió a la institución en una “guillotina” perfecta para liquidar a la oposición política, pero muy débil e incapaz para luchar efectivamente contra la delincuencia y el crimen organizado.
El órgano constitucional tiene limitaciones en la persecución penal, que se refleja en la retardación de justicia, altos índices de detención preventiva e impunidad. La nueva autoridad tiene que mostrar resultados concretos si quiere frenar y revertir la descomposición en la que se encuentra el sistema judicial porque su autoridad es una pieza clave para salvar al conjunto. Tiene que diseñar una reingeniería institucional y administrativa, que permita fortalecer la carrera fiscal, evaluar al cuerpo de fiscales, hacer los cambios necesarios, introducir tecnología de punta, etc.
El MP es un órgano constitucional, con autonomía funcional, administrativa y financiera, que tiene como función esencial ejercer la acción penal pública en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En esencia, debe convertirse en el garante de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las y los bolivianos.
En la configuración constitucional del MP se destaca la autonomía funcional, la legalidad y la objetividad que debe prevalecer en el desempeño de sus funciones y cuya única tutela debe venir determinada por la ley, a la que debe defender en el proceso. Toda su actividad debe estar presidida por los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. La política de persecución penal tiene que materializarse en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como un orden jurídico y conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas que sirven de directriz para la formulación, ejecución y control de las políticas públicas.
El proceso penal es el principal instrumento de política criminal, que determina la persecución y aplicación de la ley penal, cuya finalidad no sólo será resolver los diversos conflictos jurídico-penales sino además concretar las garantías del debido proceso y la defensa de los derechos fundamentales. El estudio y análisis pormenorizado de la teoría del delito (acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), que configuran la parte central del derecho penal sustantivo sólo se pueden materializar en el proceso penal. El derecho penal sustantivo establece los elementos de la acción punible y amenaza con las consecuencias jurídicas (penas y medidas de seguridad) que están conectadas a la comisión del hecho penal.
La fiscalía general del Estado debe reivindicar su independencia para poder combatir la corrupción, la retardación, la inaccesibilidad y la discriminación. Tiene que inspirarse en los valores que proclama la Constitución, como la diversidad cultural, social y territorial del Estado boliviano, y respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales de todas las personas. El órgano constitucional necesita transformarse para que sea eficiente y eficaz en la resolución de los casos penales; tiene que ser transparente en su gestión y rendición de cuentas, y promover la participación ciudadana y el control social para poder fortalecer la confianza y legitimidad institucional.
El MP debe incorporar con urgencia la inteligencia artificial y sus derivados como herramientas para optimizar los procesos investigativos, facilitar el acceso a la justicia, mejorar la calidad de las decisiones y sus resoluciones. Tiene que tener plataformas digitales con asistencias de ChatBots para la gestión procesal, la comunicación a las partes, la notificación de resoluciones no solo en español, sino también en el idioma indígena originario campesino, el seguimiento de casos y el acceso a la información pública. También debe tener sistemas inteligentes para el análisis de casos y conflictos jurídico-penales, la generación de informes y estadísticas, el apoyo a la argumentación jurídica y la detección de posibles irregularidades o anomalías.
El nuevo Fiscal General, tiene toda la legitimidad y la autoridad para luchar contra los abusos del poder, la corrupción generalizada, la violencia de género, evitar la impunidad y terminar con la persecución de la oposición y la judicialización de la política.
El autor es jurista y autor de varios libros.
