El último escándalo en cadena con el que está acabando la funesta gestión del actual Fiscal General, cuyo pésimo desempeño como de sus inmediatos antecesores; confirma por si alguien dudaba el deplorable estado del arte de institucionalidad de tan noble institución encargada constitucionalmente para defender -nada más ni nada menos- la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ser el Abogado de la víctima del delito. Desde hace años degradada como el patio trasero del poder político partidario, de turno.
Aplica por supuesto, excepciones de Fiscales de materia y personal auxiliar que pese a ese clima institucional desempeñan muy bien su rol; pero cuando se trata de poderes fácticos -partidarios principalmente y otros- el principio de objetividad que tiñe su trabajo, queda archivado y lo peor, degradado hasta lo impensable. Ej: caso del denunciado por pederasta en Tarija, que ojo, no es el único.
Si bien como en todo lo humano existen luces y sombras, por ejemplo entre aquellas hay que aplaudir la implementación -obligada por la pandemia y cuarentena- del JL2; al final del día resulta inocultable anotar y especialmente, reflexionar sobre este último escándalo que dejando de lado algunos de sus muy escabrosos detalles -ampliamente ya ventilados en las RRSS, noticias y columnas de opinión- me enfoco en la institucionalidad del Ministerio Público.
Aunque suene de Perogrullo habría que empezar resaltando que en lo que queda del sistema acusatorio procesal, el rol del MP adquiere capital importancia pues como el Juez solamente controla la investigación y los derechos de las partes y, luego en fase de sentencia se concentra en juzgar; el que asume toda la carga investigativa, probatoria y decisoria es el Fiscal. Ello exige imprescindiblemente que proceda con base a su principio constitucional de objetividad qué en tanto titular de la acción penal pública, le obliga obtener tanto los elementos de cargo como los de cargo y resolver en consecuencia. Tiene entonces para intentar resumir, el poder de abrir la investigación penal, avanzarla y finalmente, cerrarla.
Por ello es clave el sistema de elección, permanencia y salida de esos operadores. Por un lado de los Fiscales de materia que operan desde abajo el sistema y de sus inmediatos superiores como son los Fiscales Departamentales que decidirán en última instancia las decisiones de aquellos y, por supuesto del CEO que tomará las grandes decisiones estratégicas del rumbo de la institución, incluyendo organizar el clima institucional imperante en el organismo. Por lo que se ve, también decide como avanzan o mueren algunos procesitos…
El escándalo en curso de la Fiscalía de Tarija prueba más allá de toda duda razonable ese deplorable estado del arte en la actual administración qué aunque parezca increíble, empeora el pésimo desempeño que sus inmediatos antecesores aplicaron, degradándola hasta extremos obscenos de servilismo partidario. Por muchas conferencias de prensa -toscamente mentirosas- (sumado al videíto en que su estrella le kaskó muuuchos piscos) y propaganda con la que se intenta bombardearnos para distraer la realidad; es inocultable que no queda vestigio siquiera de aquella objetividad y peor institucionalidad, al extremo que más bien impera la doctrina del meterle no más, de su jefazo, por supuesto. De dignidad, ni hablar.
Y a la prueba me remito: la Ley del Ministerio Público (2012) tratándose de los Fiscales Departamentales (arts. 33.II y DT 3era) ordena que serán designados por el FGE: “previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público” y por si acaso, aquella Disposición Transitoria (para facilitar el tránsito de la antigua LOMP a la nueva) autorizó solamente: “por única vez” al FGE de ese entonces, designar a dedo a los Fiscales Departamentales.
Desde hace aproximadamente 12 años entonces, luego de esa amparada por ley designación a dedo de esos FFDD; todas esas autoridades de cierre del sistema interno Fiscal fueron no solamente designados a dedo pues jamás se ha cumplido con ese procedimiento, sino ilegalmente y lo peor, por el principal garante de legalidad del estado.
Le metieron sistemáticamente no más en contra de su propia LOMP y una de las causas la tienen a la vista: encubres a mi jefazo amado o te vas. Así como te nombré a dedo, te despido también “ipso pucho” en 20 minutos. (Si no me creen pregúntenle a la Lic. Sandra Gutiérrez). ¿La clase política dará ahora la talla nombrando a otro FGE que no continúe o empeore ese desastre? O como escribe César ROJAS RIOS, seguiremos con la mediocracia high-tech cuando instaura un: “…despotismo deslustrado, porque la mediocridad y la vulgaridad van carcomiendo todos los despachos dejando a su paso residuos y detritus”. Amanecerá y veremos…
Arturo Yañez Cortes
