Por tercera vez, el próximo 15 de diciembre, “a través del voto popular”, elegiremos a las máximas autoridades del Órgano Judicial. Esta novedosa conformación, de uno de los poderes más importantes del Estado, fue establecida en el nuevo texto Constitucional el 2009.
El diseño de esta modalidad, para conformar el poder judicial, fue concebida en el proceso constituyente, por asesores extranjeros, como una gran novedad. Bolivia se ponía, en el mundo, a la vanguardia, en la elección de máximas autoridades del órgano judicial a través de las urnas.
Antes de este “profundo” cambio, los jueces y magistrados eran designados a través de mecanismos tradicionales, donde los otros poderes públicos, insidian notablemente, poniendo siempre en duda la transparencia de las designaciones. Los magistrados eran elegidos en acuerdos y componendas. Luego, sumisos ellos, se sometían inexorablemente al poder político, afectando profundamente el principio de la independencia de poderes.
Desde el poder legislativo y el poder ejecutivo, siempre se acecho al órgano judicial. Para las elites de turno, cooptar el poder judicial es de fundamental importancia.
Con la nueva Constitución -para muchos ya vieja-, se pretendió democratizar el proceso, transfiriendo a la ciudadanía, en la elección de estas autoridades, mayor protagonismo. Los nuevos magistrados, a través de este mecanismo, serían “representantes” de la sociedad, ejerciendo sus cargos con mayor legitimidad. Con esto, se intentó despojar al poder ejecutivo y legislativo del protagonismo central que tenían en la designación de las máximas autoridades del poder judicial. Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad.
Esta forma de selección de autoridades del poder judicial es única en América Latina. México también pretende adoptar este procedimiento. A la luz, de las intenciones versus los resultados, se ha generado, en el presente, un gran debate
El diseño constitucional boliviano, de esta forma de selección, está establecido en los artículos 158, 178, 180 y 182 de la Constitución, que determina la elección de magistrados mediante el voto directo y secreto. Estos artículos se complementan con la Ley 025 del Órgano Judicial y las respectivas Leyes de Convocatoria a Elecciones Judiciales que se promulgan para cada elección. A estas disposiciones, se integra el Reglamento de Preselección de Candidatos y Candidatas para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Estas leyes y el Reglamento, establecen los procedimientos y las fases de selección y elección. Todos estos cruciales asuntos discurren en dos Comisiones: de Constitución y Justicia Plural.
Estas Comisiones, tienen bajo su control todo el proceso y las fases de selección. Vean el poder que se les asigna. En sus manos está la evaluación, la entrevista y la selección. El pleno de la Asamblea, luego, juega un papel de primer orden. Todos los candidatos seleccionados deben contar con la aprobación de al menos dos tercios de la Asamblea.
Si se observa bien, con este procedimiento, la selección de candidatos, propende, inevitablemente, a un manejo político contaminado en extremo. Precisamente, esto sucedió en las dos elecciones anteriores, de diciembre del 2011 y octubre del 2017.
En ambas ocasiones, la selección de candidatos en la Asamblea, fue toda una farsa y teatro. Como tenían, lo que nunca ningún partido tuvo, más de dos tercios, Evo Morales, su incondicional bancada y sus aliados corporativos, decidieron absolutamente todo. Con el poder altamente concentrado y libretos de por medio, simularon evaluaciones y calificación de méritos. Hubo también cuoteo corporativo, los “movimientos sociales” aliados impusieron sus candidatos.
Todo este manejo abominable genero gran desconfianza y desprecio en la ciudadanía. Ambos procesos de selección en la Asamblea, fueron detestables. Candidatos carentes de méritos académicos y profesionales sin experiencia en juzgados y Tribunales. Y sucedió lo insólito. En ambas elecciones, los votos nulos fueron abrumadoramente superiores a los votos válidos. Los votos nulos y blancos superaron el 60%. Algunos magistrados fueron elegidos con porcentajes sumamente bajos, con votaciones que apenas alcanzaban el 5%. Otros candidatos suplentes, incluso, apenas alcanzaron el 2%.
En términos de resultados, estas dos experiencias, han configurado un órgano judicial disfuncional, corrupto e incapaz de asegurar el cumplimiento de la ley y de proveer justicia a los bolivianos. Tenemos, como consecuencia de ese manejo, sin exagerar, un sistema judicial abyecto. Hay una brutal desconfianza en la justicia. Pocos bolivianos creen en ella. En los dos gobiernos del régimen masista, la justicia ha estado absolutamente sometida.
Ahora, claro, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue la instancia más sometida a los designios y discrecionalidades del régimen masista. Su accionar fue y es deplorable.
Sin embargo, el que inicio la perversión del TCP, guardián de la Constitución, fue Evo Morales. Él tiene una enorme responsabilidad. Él es el que inicia este pernicioso proceso.
Después del fallo inconstitucional que lo habilito como candidato el 2019, no obstante los resultados del 21F, el TCP nunca más fue el guardián de la Constitución. Es, más bien, la mano derecha del régimen. Es despreciable la actitud de Morales cuando cuestiona el accionar de esta instancia, cuando fue el, el que la “prostituyo”.
Esta tercera experiencia de elegir a las máximas autoridades en las urnas, no cambiara absolutamente en nada el espantoso estado de la justicia. Aunque con algunas diferencias de forma con las anteriores, pues serán parciales, todo el proceso de selección y evaluación de candidatos fue contaminado igual que en las anteriores.
Solo que ahora, en complicidad con los parlamentarios de la oposición, que complementaron los dos tercios, elegiremos a magistrados “arcistas” y “evistas”. Por tercera vez, se repetirá el desastre. Otra vez, los votos nulos y blancos serán abrumadores.
El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón
