El desacreditado proceso de selección de postulantes con rumbo a las elecciones judiciales, debe ser anulado cuanto antes. Debido a que desde su inicio perdió toda seriedad y credibilidad, aspectos que hace que la población pierda toda la confianza para asistir a las urnas y depositar su voto para elegir a las nuevas altas autoridades que conformarían el Órgano Judicial.
La gran demanda de la ciudadanía desde el año pasado por tener nuevas autoridades judiciales, se vieron truncadas con las ya acostumbradas “chicanerías jurídicas” que se manejan a diario por los pasillos legislativos. Y mucho más, con las imágenes que corren por las redes sociales en las que se ve a la diputada del MAS ala “evista”, Patricia Arce que, con gestos y movimientos sospechosos de sus dedos, da supuestas respuestas al postulante a magistrado, Carlos Ortíz. Lo cual da a pensar que una gran mayoría de quienes rindieron sus exámenes, aprobaron con “chanchullo”. Así tener nuevas autoridades judiciales, sería el colmo.
A eso se debe sumar también que el diputado por Creemos, José Carlos Gutiérrez, presuntamente ayudó a algunos otros postulantes en el examen con un método para avisar cuál era la respuesta correcta al mostrar un resaltador de un determinado color. Todos queremos elecciones judiciales sí pero no así. En esas condiciones con falta de transparencia y credibilidad en un proceso de selección de candidatas/os a autoridades judiciales, no se puede continuar.
Habiendo tenido dos intentos fallidos (en 2011 y 2017) de elegir por voto popular a magistrados/as judiciales con la idea y optimismo de contar con un nuevo Órgano Judicial independiente, transparente, creíble y cero en corrupción; lo cual fue todo un fracaso siendo el remedio peor que la enfermedad. No es posible que se siga insistiendo con este método de elección cuando la ciudadanía en las dos ocasiones que se tuvo, rechazó con más del 60% de votación esta forma de selección.
Las denuncias de trampas en el examen oral, llegan a echar más basura al ya empañado proceso de las elecciones judiciales. El realizar nuevas justas electorales será un gasto de dinero totalmente inútil, porque la ciudadanía ya no confía en la transparencia de la misma y con toda seguridad nuevamente ganarán el “Dr. Blanco” o el “Dr. Nulo”.
A parte de todo lo dicho, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tampoco hoy goza de credibilidad, seriedad y legitimidad para llevar a cabo un proceso de estas características. Porque la misma no da la garantía respectiva al tener senadoras/es y diputadas/os nada probas/os en el desempeño sus funciones constitucionales. Qué se puede esperar de estas/os representantes acusados de acosadores sexuales, borrachos, golpeadores/as, baja pantalones de varones entre otros calificativos.
En anteriores columnas de opinión ya lo dije que, el verdadero cambio de la justicia en el país está en la formación de los recursos humanos desde las aulas universitarias. Porque sí desde ahí empieza la mala formación del abogado/a que sale aprendiendo las mañosas “chicanerías- jurídicas”, qué se puede esperar más adelante en su desempeño “profesional” en las altas esferas judiciales. Claro que por supuesto hay excepciones.
Como sabemos, todo ente es abstracto e invisible. Quien le da vida a una institución son los recursos humanos que la manejan. Entonces la verdadera metamorfosis a la justicia boliviana, estará en aplicar un nuevo cambio de mentalidad en el personal jurisdiccional y administrativo. Si no se logra ese cambio efectivo y eficaz de nada servirá las reformas que se quieran realizar de aquí para adelante. Porque todo seguirá siendo lo mismo con olores nauseabundos a corrupción, retardación de justicia, sentencias judiciales con pago para el mejor postor entre otros males.
Es hora de pensar de manera seria en una reforma constitucional para corregir este craso error de elegir mediante voto popular a las/os magistradas/os del Órgano Judicial. Se debe cambiar este sistema amañado de selección y ver otro mecanismo de designación a nuevas autoridades de dicho poder del Estado. Así como van las cosas este año no habrá elecciones judiciales.
El autor es comunicador social
