La disputa por el control del poder es una simple teoría furtiva a partir del Zar verde, que expandió la coca sembrando hasta en áreas protegidas y parques nacionales ampliando la frontera de la hoja milagrosa a 26.000 hectáreas, que según la UNODC ya superan las 32.000 ha., para beneplácito del cartel boliviano en la que están implicados por supuesto la dirigencia de las seis federaciones del trópico chapareño, que están dispuestos a desafiar al país con la advertencia que si su líder es inhabilitado para primarias y elecciones generales " el país arderá".
En medio de esta tormenta tropical algo similar a la fuerza destructiva del Huracán Idalia que en semanas pasada destrozó centenares de viviendas en La Florida y Georgia. EL presidente de EE. UU dijo que ya nadie puede negar la crisis climática y, últimamente, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres calificó el cambio climático de "un infierno".
En paralelo, producir drogas por cientos de toneladas, para las organizaciones criminales instaladas en el patio geográfico del líder de las 6 federaciones; que pretende por cuarta vez tomar el poder en desapego cínico de la Constitución, la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte IDH., el Referéndum 21f y el "fraude monumental", de cuyas acciones y arbitrariedades el cajero de la economía blindada y las reservas más envidiadas del mundo llegan a 3.158 millones de dólares a mayo de 2023, es su cómplice, verbigracia el caso FONDIOC en la que fungió como presidente del Directorio siendo ministro de Economía.
Los involucrados en la sombra del amasamiento ilícito de drogas y otros negocios provenientes de contratos públicos directos para asegurar la alícuota, es más posible que de líderes del gobierno terminen en presidiarios aplicándose su propia Ley de juicio de responsabilidades Ley 044 de 8 de octubre de 2010.
La ley referida se aplica a quienes estando en servicio público de la jerarquía estatal lleguen a atentar contra el patrimonio del Estado, en grave perjuicio de la economía del país, traición a la patria entre otros, son delitos imprescriptibles y no admiten el régimen de impunidad. En este sentido, incluso los órganos que han rechazado demandas por supuesto fraude electoral (Fiscalía General), pérdida de personería jurídica del MAS IPSP (Tribunal Supremo Electoral), los que no adecúan los estándares de la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte IDH al no reconocer el sistema interamericano de DD.HH el status de derecho humano autónomo la reelección presidencial (TCP actual y los firmantes de la SCP 084/2017 de 28 de noviembre), su carácter vinculante les obliga a asumir la decisión, caso contrario los tribunos ipso facto estarían rompiendo el derecho convencional, su doctrina y jurisprudencia y, por consecuencia, proscribiendo la Constitución, fundamentalmente, si la legitimidad en democracia constitucional deriva de sus fallos y, en el caso citado, esa legitimidad es tan frágil y azarosa como si transitaran por el bordillo de una cornisa de una casa en ruina. En definitiva, es probable que el peso de sus loas al gobierno no sea perdurable ante el escrutinio sesudo del pueblo y las instituciones civiles.
De otro lado, si el Comité Pro Santa Cruz ha presentado el anteproyecto de ley denominado "Ñuflo de Chávez", para un nuevo padrón electoral, transparente y confiable, es porque la población boliviana no confía en los administradores del Órgano Electoral Plurinacional. Este proyecto importante, oportuno y prolijo, que debe ser socializado en toda Bolivia con el debate académico y político que exigen las circunstancias, que desde mi perspectiva es un "proyecto estrella" de abajo hacia arriba y que sin lugar a dudas ha de merecer su acogida para borrar al zarismo negro del 20 de octubre de 2019 hoy transformados en Zar verde, por supuesto no por efecto del cuidado de la pachamama en el cuadragésimo primer aniversario de restitución de la democracia, sino por la ilimitada existencia y uso de la coca como materia prima para la cocaína.
La democracia se fortalecerá si el proyecto de nuevo padrón biométrico se pone en la mesa del debate en las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el fantasma del nuevo proyecto de cédula de identidad con Qr suspendido, exclusión de identidad mestiza y motivos que ponen en tela de juicio el documento identatario no cercene la transparencia. En concreto, la transparencia es uno de los elementos esenciales que conforman el derecho a la protección de datos. Por tanto, las personas tienen derecho constitucional a la información necesaria y suficiente que permita conocer de forma sencilla e inteligible; ¿para qué finalidad se utilizan nuestros datos cedidos al SEGIP? ¿Quién trata sus datos? ¿Para qué los tratan? ¿Cómo los tratan? Lo que en el fondo implica que los datos que hacen a la personalidad del interesado no pueden ser objeto de decisiones automatizadas: combinaciones, transferencias, cambios genéticos, culturales, cancelaciones y menos distorsiones de ninguna índole, para de esta manera mantener el derecho a la protección de datos con mayor fuerza y vigencia de seguridad. (Artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10-12-48 y Pacto Internacional de los Derechos Políticos de 16-12-66, 17.1)
George Orwell dice; "En el pasado ningún Estado tenía el poder necesario para someter a todos sus ciudadanos a una vigilancia constante". Pero, ante el desarrollo de la tecnología y la IA la dimensión constitucional de la privacidad y derechos fundamentales debe ser clave ante los nuevos problemas éticos, sociales, culturales y legales.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos
