Bolivia se declaró un Estado laico con la promulgación de la nueva Constitución de 2009. En ese sentido, el artículo 4 establece que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con las cosmovisiones de las personas, y que es independiente de toda religión. Asimismo, el numeral 3 del artículo 21 reconoce el derecho de las bolivianas y los bolivianos a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, ejercidos de manera individual o colectiva, tanto en el ámbito público como privado. En la misma línea, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de toda persona a manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Sin embargo, uno de los principales desafíos del marco normativo mencionado radica en el uso de las creencias y símbolos religiosos dentro del campo político. La cuestión, no se refiere al ejercicio de la fe en los espacios propiamente religiosos —como los cultos, las reuniones eclesiásticas o la vida espiritual familiar—, sino a la utilización de elementos religiosos en escenarios que pertenecen propiamente al campo político, como campañas electorales, mítines, movilizaciones, protestas sociales y otras acciones orientadas a la disputa, conservación o legitimación del poder político.
Esta situación permite identificar la encrucijada de la doble ciudadanía e identidad en quienes profesan una religión. Por un lado, poseen una ciudadanía e identidad religiosa, vinculada a una determinada comunidad de fe —católica, evangélica, bautista, pentecostal, mormona, adventista o testigo de Jehová, entre otras—. Por otro lado, poseen una ciudadanía e identidad política al identificarse o simpatizar con determinadas corrientes ideológicas, organizaciones sociales o partidos políticos. En consecuencia, pertenecen simultáneamente a una comunidad religiosa y a una comunidad política, articulando convicciones religiosas con preferencias ideológicas y, en algunos casos, con militancias partidarias.
Conviene señalar que, en el marco de un Estado laico, la Iglesia y el Estado deben actuar de manera diferenciada para evitar que la influencia de una se convierta en coerción sobre la otra. En lo normativo, las instituciones religiosas tienen una misión fundamentalmente espiritual, orientada a la difusión de sus creencias, la formación moral de sus fieles y la promoción de valores vinculados a la trascendencia y la vida de fe. El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad de administrar el poder político y los recursos públicos para garantizar los derechos, las libertades y el bienestar de toda la ciudadanía, sin distinción de creencias religiosas. Ambas instituciones cumplen funciones esenciales para la vida social y pueden contribuir al bien común desde sus respectivos ámbitos de acción y campos. No obstante, cuando sus competencias se confunden o se superponen, surgen tensiones que pueden afectar tanto la autonomía relativa del campo político como la integridad del campo religioso.
Según el sociólogo Pierre Bourdieu, tanto el campo religioso como el campo político son espacios sociales relativamente autónomos donde distintos actores compiten por recursos, poder y legitimidad. Cada campo posee sus propias reglas de funcionamiento, formas de autoridad y tipos de capital que son valorados por quienes participan en él.
Surge entonces una pregunta fundamental: ¿cómo deben manifestarse estas dos ciudadanías e identidades en los campos que les son contrarios? Es decir, ¿cómo debe expresarse la ciudadanía e identidad religiosa en el campo político y cómo debe manifestarse la ciudadanía e identidad política en el campo religioso?
Al observar la realidad boliviana, encontramos diversos ejemplos que permiten reflexionar sobre esta cuestión. Donde, por un lado, existen actores religiosos que buscan incidir en la política utilizando su capital religioso como fuente de legitimidad política. Es el caso de Charles Suárez y Chi Hyun Chung, líderes evangélicos que buscaron trasladar su reconocimiento dentro de las iglesias al ámbito electoral como candidatos a distintos cargos públicos. También pueden mencionarse figuras como el apóstol Marcelo Salas o el monseñor René Leigue, quienes, sin aspirar directamente a cargos políticos, han expresado posiciones sobre temas coyunturales desde su condición de autoridades religiosas, influyendo de manera indirecta en el debate público.
Por otro lado, también existen actores políticos que recurren a símbolos y discursos religiosos para legitimar sus proyectos de poder. Resulta ilustrativo el caso de Luis Fernando Camacho cuando en noviembre de 2019 ingreso al palacio de gobierno con una Biblia como símbolo de reivindicación política. Algo similar ocurrió con Jeanine Áñez al exhibir una Biblia tras asumir la presidencia del Estado en medio de la crisis política de 2019. Más recientemente, el presidente Rodrigo Paz Pereira apeló a la consigna “Dios, Familia y Patria” durante su posesión presidencial en noviembre de 2025, incorporando referencias de carácter religioso como parte de su narrativa política e ideológica de su gobierno.
Asimismo, durante la crisis política de 2019 en Santa Cruz de la Sierra, diversos grupos ciudadanos realizaron vigilias y rezos frente a instalaciones militares, solicitando públicamente la intervención de las Fuerzas Armadas. Del mismo modo, durante los bloqueos de caminos de este 2026, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la dirigencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz fue cuestionada por convocar movilizaciones para desbloquear rutas por la fuerza, utilizando la oración como acto simbólico previo a dichas acciones. También en la misma coyuntura llamó la atención la presencia de un supuesto sacerdote durante un cabildo del Comité Multisectorial en la ciudad de La Paz que exigía la declaración de un estado de excepción frente al bloqueo de caminos en el país realizado por diferentes organizaciones sociales; posteriormente, la Iglesia Católica aclaró que dicha persona no pertenecía a la institución.
Estos ejemplos evidencian que las creencias religiosas y los valores asociados a ellas son interpretados y asumidos de diversas maneras por quienes las profesan. Esta pluralidad de perspectivas permite comprender por qué las personas y las distintas denominaciones religiosas adoptan posiciones diferenciadas frente a la política, el Estado y la participación en los asuntos públicos. En el caso de los adventistas de Santa Cruz, esta temática fue abordada con mayor profundidad en la investigación Identidad y ciudadanía de los adventistas del séptimo día (2021), desarrollada en el marco de mi tesis de sociología en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM), donde se analizan las diversas formas en que la identidad religiosa se manifiesta en el ejercicio de la ciudadanía de los creyentes adventistas.
Entre los hallazgos de dicho estudio se identifican también las diversas posturas respecto a la participación de los cristianos en el campo político, las cuales tienden a oscilar entre dos polos generales opuestos, con distintos matices, en las diferentes denominaciones religiosas. En un primer polo se encuentran aquellos sectores del cristianismo —posición históricamente presente en ciertos ámbitos de la Iglesia Católica y de algunas iglesias evangélicas y protestantes— que consideran que tanto los individuos como las instituciones religiosas poseen responsabilidades sociopolíticas directas. Desde esta perspectiva, las leyes civiles deberían inspirarse en principios bíblicos y los creyentes tendrían el deber de involucrarse activamente en la transformación de la sociedad. La expresión más controvertida de esta postura aparece cuando se pretende trasladar determinadas convicciones morales religiosas al ámbito de la legislación estatal. Quienes sostienen esta visión consideran que el alejamiento de los cristianos de la política resulta perjudicial tanto para la religión como para la sociedad. Algunos incluso llegan a afirmar que uno de los propósitos fundamentales del cristianismo es contribuir a la construcción de un orden político inspirado en los principios del Reino de Dios, cuestionando de manera explícita o implícita la separación entre Iglesia y Estado.
En el extremo opuesto se encuentran denominaciones como los Testigos de Jehová, así como sectores minoritarios de otras denominaciones religiosas, que sostienen que los creyentes no deben involucrarse en la actividad política. Desde esta perspectiva, la participación electoral, el ejercicio de cargos públicos, la militancia partidaria e incluso el servicio militar son considerados incompatibles con su identidad religiosa. Esta postura se fundamenta en la convicción de que los gobiernos humanos pertenecen a un orden temporal ajeno al Reino de Dios. Algunos creyentes que comparten esta visión sostienen, además, que el cristiano debe mantenerse al margen de los asuntos políticos, enfatizando la idea de que el Reino de Cristo “no es de este mundo” y que, por tanto, la principal lealtad del creyente debe dirigirse a una ciudadanía de carácter espiritual antes que terrenal.
Sin embargo, retomando el tema central de este artículo, más allá de las diversas posiciones existentes al interior del campo religioso, el desafío fundamental continúa siendo la forma en que las personas concilian y articulan sus convicciones religiosas con el ejercicio de la ciudadanía y la participación política en el ámbito público. Una posible respuesta sería respetar la delgada línea que separa el campo político del campo religioso, reconociendo que ambos, en el marco de su autonomía relativa, poseen lógicas, normas y recursos simbólicos propios.
En consecuencia, los actores religiosos deberían evitar utilizar la sotana, el púlpito o la autoridad espiritual como instrumentos de intervención en la disputa político-partidaria. Si desean participar en política, tienen pleno derecho a hacerlo en su condición de ciudadanos, candidatos o militantes, sometidos a las mismas reglas, responsabilidades y niveles de escrutinio que cualquier otra persona. Lo cuestionable no es su participación política en sí misma, sino el uso de símbolos, espacios o recursos religiosos como fuente de legitimidad y ventaja en la disputa político partidaria.
Del mismo modo, los actores políticos deberían abstenerse de utilizar símbolos, discursos o recursos religiosos para justificar los proyectos de poder a los que se adscriben. La fe pertenece al ámbito de las convicciones personales y comunitarias, y no debería convertirse en un instrumento de propaganda política. Cuando la religión es utilizada para obtener respaldo electoral o legitimar decisiones gubernamentales, se corre el riesgo de instrumentalizar las creencias de la población y debilitar la necesaria separación entre religión y política.
Los casos mencionados pueden interpretarse, siguiendo a Pierre Bourdieu, como manifestaciones de las tensiones que surgen cuando los recursos simbólicos de un campo son trasladados a otro. Esto ocurre cuando actores religiosos intentan convertir su autoridad espiritual y su capital religioso en una fuente de influencia dentro de la disputa política, o cuando actores políticos recurren a símbolos y narrativas religiosas para acumular legitimidad y capital simbólico. Así, cuando un líder religioso interviene en la competencia partidaria apelando a su investidura eclesiástica, procura trasladar al campo político el reconocimiento adquirido en el campo religioso. De manera similar, cuando un actor social y político exhibe una Biblia o emplea consignas religiosas para fortalecer su liderazgo, busca convertir símbolos propios del campo religioso en recursos de legitimación política. Desde una perspectiva normativa, estas prácticas pueden interpretarse como una distorsión de las lógicas específicas de cada campo, pues difuminan las fronteras entre la autoridad religiosa y la autoridad política.
Esta realidad evidencia la necesidad de distinguir con claridad los principios que gobiernan ambos campos, tanto en el plano empírico como en el normativo. Ello nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantener una relación equilibrada entre el campo religioso y el campo político para el adecuado funcionamiento de la sociedad. Ninguno de estos campos en su autonomía debería invadir la misión específica del otro. Aunque la influencia mutua entre religión y política es inevitable, la experiencia histórica demuestra que la fusión entre ambas suele derivar en formas de coerción que terminan afectando tanto la libertad religiosa como la libertad política.
Quizás la mejor síntesis de esta relación siga siendo aquella formulada hace siglos: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». En esa sencilla frase se encuentra, probablemente, uno de los fundamentos más sólidos para preservar la libertad de conciencia, el pluralismo religioso y la convivencia democrática.
El autor es politólogo e investigador social.
