Cuando se publique esta mi opinión, la Asamblea Legislativa estará por elegir y ojalá lo logre hacer, al nuevo Fiscal General del estado. No se trata de cualquier funcionario, sino según ordena la CPE -disculpen mi crónica ingenuidad- de la principal autoridad jerárquica del Ministerio Público encargado de defender la legalidad, los intereses de la sociedad (usted, yo, nosotros) y ejercer la acción penal pública (una suerte de Abogado de la víctima de los delitos), debiendo ejercer sus funciones con autonomía funcional aplicando entre otros los principios de legalidad, oportunidad, objetividad y responsabilidad. No es pues un funcionario de quinta, sino del principal garante de legalidad del estado.
Junto con los Fiscales Departamentales, de Materia y personal de apoyo, defiende a la víctima de los delitos públicos representando de esa manera al estado y a la sociedad que resulta afectada por los crímenes. Debería -junto con la colectividad y los órganos públicos- definir la política criminal oficial y, por supuesto, liderarla. De todos los operadores del sistema, probablemente tenga la tarea más compleja pues por esa orden constitucional y razón doctrinal latinoamericana, debe ser objetivo lo que le obliga no solamente ser acusador como caballo cochero, sino también como garante de legalidad que es, velar por los derechos de su parte contraria. El Juez “sólo juzga” (lo que no es por supuesto simple) y la defensa, vela por el Debido Proceso de su defendido. Entonces se trata de una función pública que si bien parte de lo técnico, tiene un alto contenido político en el cabal sentido de esa noción.
Así el estado del arte por tanto, la elección que la clase política que por lo menos en teoría nos representa al haberles para bien o mal elegido en la ALP adquiere altísima trascendencia para el funcionamiento del sistema principalmente penal, pues en aquella clave política, estamos hablando nada más ni nada menos del principal garante de los derechos y garantías de todas las personas usuarias del sistema penal: víctimas e imputados y de la sociedad toda, en un escenario sumamente complejo como es la justicia penal que puede convertirse en vez de garante de esos bienes, en su máquina trituradora. (A propósito, World Justice Proyect presenta esta semana su flamante versión de su prestigioso Informe del Estado de Derecho…).
A la vista de los anteriores nombramientos de la ALP -me refiero al anterior FGE y al que ahora vence- como la Biblia enseña: Mt 7, 15-20 “Por sus frutos los reconocerán”, sostengo más allá de toda duda razonable que se equivocaron completamente al elegir a un militante del partido político imperante que se disfrazó de FGE y le metió no más degradando a tan noble institución en el patio trasero del poder partidario del ejecutivo de turno, contribuyendo de manera significativa a la actual perversión de nuestro sistema de administración de justicia penal. Pruebas abundan y no me alcanzaría este espacio para siquiera señalarlas, debiendo en justicia salvar y aplaudir el trabajo que muchos funcionarios del MP cumplen, mientras sus actuaciones no se degraden por cuestiones partidarias u otras que, sensiblemente, ocurren cotidianamente.
Una porción importante al menos inicial de ese estado del arte parte que la elección del FGE se realiza en el escenario más partidario que podría haber como es la ALP y por tanto, sujeta al equilibrio de mayorías y minorías partidarias. Como las leyes y hasta la CPE las confeccionan ellos, es obvio que se reserven parte de esa torta del poder para elegir a sus allegados para luego por lo menos intentar cobrarles la factura, lo que requiere de un alto grado de institucionalidad tanto de los electores y, de un alto sentido de dignidad (del elegido) y por supuesto de un profundo sentido de respeto por los derechos de sus usuarios. Obvio además que debiera ser un penalista y constitucionalista de fuste.
A la vista de la lista de candidatos final (no conozco a todos) y los que puntean, pareciera que estaríamos por repetir las anteriores nefastas gestiones (siempre habría el beneficio de la duda…) pero se advierte precisamente a quienes forman parte del esquema de la gestión que fenece; auto prorrogados u otros funcionarios que han orbitado en el círculo oficialista han sido los pre seleccionados principales lo que podría significar que estaríamos ante MAS de lo mismo y, del otro lado, por ejemplo el “pescotis” al inefable Presidente de los Diputados cenando con uno de los candidatos oficialistas, no parece dar buenas señales de parte de los electores, peor si hasta irrazonablemente el pescado niega los hechos (filmados: tenemos las pruebas) y luego socarronamente espeta que no fuera delito que el árbitro se reúna con el jugador del equipo en vísperas del partido. ¿Huele mal no?
De elegirse otra vez a algún oficialista jurista del horror para que se disfrace de FGE y no al mejor técnicamente hablando y humanamente también (dignidad + respeto); la clase política de la ALP seguirá favoreciendo para que el sistema penal siga siendo de los peores a nivel global como ha venido ocurriendo sistemáticamente desde hace varios años, engañando a sus electores (nosotros) al aprovechar su poder transitorio para sus propios intereses, muchos hasta criminales. ¿Será que esta vez, por fin, dan la talla? O probarán otra vez más aquello de SALUSTIO: “DIFÍCIL ES TEMPLAR EN EL PODER A LOS QUE POR AMBICIÓN SIMULARON SER HONRADOS”. Amanecerá y veremos…
Arturo Yañez Cortes
