Como ciudadano boliviano, me preocupa no solo el resultado de las elecciones, sino el modo en que llegamos a él. La integridad del proceso importa tanto como el ganador. Hoy, esa integridad enfrenta una amenaza que se disfraza de participación ciudadana, pero que en realidad funciona como un dispositivo político paralelo.
En Bolivia, asistimos a una preocupante instrumentalización del llamado “control ciudadano”, encabezado por actores con intereses políticos evidentes. Marcelo Claure, empresario con creciente protagonismo político, ha anunciado el financiamiento de un sistema privado de control electoral, al cual ya se han sumado partidos de oposición.
A primera vista, podría parecer una iniciativa cívica orientada a fortalecer la transparencia. Pero un examen más detenido revela serios riesgos: el discurso que la sustenta parte de la premisa de que, si una fuerza de izquierda ganara las elecciones, ello sería producto de fraude, sin presentar fundamentos técnicos ni electorales serios. Este tipo de afirmaciones anticipadas minan la confianza en el proceso antes de que siquiera comience.
Cuando Claure afirma que, si alguna fuerza política que tenga o haya tenido vínculos con el MAS gana, será por fraude —sin que siquiera se haya emitido una sola papeleta—, no está fiscalizando: está sembrando sospecha anticipada. Y lo hace en alianza con actores que no buscan transparencia, sino controlar el relato electoral.
Como advierte la politóloga Pippa Norris, especializada en integridad electoral:
“La erosión de la confianza electoral a menudo no se produce por hechos, sino por narrativas políticas estratégicas que siembran sospechas sin evidencia”
(Why Electoral Integrity Matters, 2014).
Y eso es precisamente lo que ocurre cuando se instala la idea de que solo un resultado favorable es legítimo.
Además, esta narrativa omite una comprensión más compleja del voto boliviano. No se puede reducir la conducta electoral a una simple reacción frente a la crisis económica, por más profunda que esta sea. La sociología electoral del país ha demostrado históricamente un fuerte componente regional, cultural e identitario, que atraviesa los clivajes clásicos de izquierda y derecha, y que explica fenómenos como la resiliencia del MAS en determinados territorios.
El verdadero problema de esta iniciativa radica en su falta de neutralidad y en su desconexión con el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), institución que, pese a sus desafíos, sigue siendo el garante legítimo del proceso electoral. Al marginar al OEP y al erigir una estructura paralela con financiación privada y agenda política propia, se corre el riesgo de debilitar la institucionalidad y de socavar la autoridad de quien debe asegurar el juego limpio para todos los actores políticos.
El control ciudadano es deseable. Pero debe ser plural, técnico, transparente y no partidizado. De lo contrario, deja de ser un mecanismo de vigilancia democrática para convertirse en un instrumento de presión y deslegitimación anticipada.
La transparencia electoral no puede depender de billeteras ni de banderas. Se defiende con instituciones fuertes, procesos confiables y ciudadanía activa. No con cruzadas individuales que reemplazan el consenso por la sospecha.
El autor es politólogo
