Una de las consignas no cuestionadas en el mundo es hacer prevalecer los derechos fundamentales acumulados en los últimos años por encima de cualquier otra norma independientemente del contexto en el que se encuentre.
La defensa irrestricta de estos derechos hace que el entorno en el que se aplican se distorsione generando un caos que termina por condicionar las operaciones y actividades de empresas privadas y también de instituciones públicas.
¿Es acaso considerado en esta noble cruzada el daño silencioso posterior en los beneficiarios de dichas empresas privadas o instituciones públicas? La respuesta es un rotundo no.
En Bolivia se viene trabajando bajo una lógica exclusivamente “garantista” de los derechos que antepone las exigencias del trabajador para permanecer en su puesto laboral y no ser removido por causales de enfermedad o la tutela sobre un pariente directo con discapacidad en algún nivel.
Su registro en los CODEPIS (Comités Departamentales de Personas con Discapacidad) es un pasaporte automático a la seguridad laboral independientemente de su aporte como trabajador y la capacidad financiera institucional para sostener su puesto de empleo.
Los trabajadores cumplen un rol específico al interior de la institución público privada a la que pertenecen, este rol va condicionado a una larga cadena de procesos anterior y posterior que desemboca en la provisión de un bien o un servicio final. En el caso de lo privado este debe competir con los bienes y servicios de otras empresa, pero en el caso de lo público esta debe responder de manera irrestricta a una población abierta que depende de estos bienes o servicios públicos para realizar sus actividades ya sea por permisos y autorizaciones, obtener servicios vitales básicos indispensables como agua, energía eléctrica, gas natural o saneamiento básico, o el desarrollo de políticas públicas para promover, orientar, proyectar el desarrollo social, económico, cultural y territorial.
Y es aquí donde debemos preguntarnos ¿Cómo se puede ser “garantista” de derechos infinitos y absolutos y al mismo tiempo no distorsionar estos entornos institucionales y los bienes y servicios que proveen? La respuesta obvia, es imposible.
Personalmente creo que en el individuo es la unidad fundamental desde la cual debe analizarse la economía, la sociedad y a las instituciones. Sin embargo, estoy completamente convencido de que la cascada de derechos y privilegios excepcionales se inmiscuyen en los derechos naturales del resto de individuos. Una persona no tiene derecho a una fuente de trabajo sin condicionamientos, una persona con discapacidades no tiene derecho a una fuente de trabajo sin condicionamientos, una persona enferma no tiene derecho a una fuente de trabajo sin condicionamientos. Pero cuando se fuerza que las dos últimas personas se adueñen de esa fuente de trabajo hacen tambalear la estructura institucional y por ende la provisión de bienes y servicios.
¿Es acaso coherente secuestrar la calidad de vida de 296.125 habitantes presente y futura por el beneplácito y satisfacción de una sola a título de empatía y humanidad?
Pienso que no, y espero que el lector también dude de estas verdades absolutas y empieza a analizar fríamente si en verdad se esta siendo humano y empático coherentemente.
El autor es economista, miembro fundador de Fundación Lozanía
