—¿Cómo es, jefazo?—saluda con aire de poder el funcionario a su víctima.
—¿Qué tal, licen?—responde la víctima con algo de temor—. He tenido que sacar el documento de la casa de mi papá y dejarlo porque la señora no me ha querido prestar así nada más—se excusa.
—Escúchame, no quiero quedar pues mal; mañana mismo te lo voy a procesar tu planilla (si pagas)—se compromete el funcionario—. ¿Has conseguido (la plata), hermano? No me hagas meter la pata—emplaza a su presa.
—He conseguido, si quiere le mando foto del dinero, ya he conseguido—responde la víctima—. ¿Va a estar el Presidente (de Diputados)?—pregunta sobre las personas que van a estar en la entrega de los 74 mil bolivianos de soborno para seguir prestando servicios en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.
—Escúchame, el Presidente difícil que hable contigo; el secretario general (de Diputados) va a estar, ¿ya?—dice el “servidor público” para tranquilizar a su víctima—. Si desconfías, haremos una cosa, vamos a entrar (a la Asamblea), yo te voy a presentar a las máximas autoridades. No van a hablar nada contigo, te van a decir: coordiná con él; de ahí salimos, nos vamos a ir a otro lado.
Es una parte del diálogo del pasado 11 de julio entre el “servidor público” de la Presidencia de Diputados y su víctima. Aquel usa su poder para obtener un beneficio económico y éste graba la prueba de la corrupción para evitar pagar Bs74.000. Horas después, el funcionario fue detenido in fraganti con las manos en el dinero.
El caso descubierto aquel día es una de tantas formas de corrupción que de tanto repetirse ya está normalizada. Consiste en cobrar del 8 a 10 % del total de la adjudicación de un servicio. La “tarifa” por la adjudicación de obras oscila entre el 10 % (diezmo) y 15 % (quinciño). “Empresario que no paga no se adjudica”, me dijo un funcionario y me recordó el escándalo de las coimas que cobraba el exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz.
Los avales otorgados por los “hermanos” de las organizaciones sociales del proceso de cambio es otra forma. Un aval de un dirigente es un pase seguro a un cargo público. Como tiene el poder de dar avales, tiene el poder de fijar el precio. El exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo Caballero, denunció esta práctica y la “reserva moral” lo torturó y encarceló hasta matarlo.
La venta directa de cargos públicos es otra. Una persona que quiere un trabajo de “servidor” debe pagar al jefe por adelantado al menos los primeros tres sueldos que va a recibir. Si su sueldo mensual va a ser Bs12.000, tendrá que cancelar Bs36.000 al contado. Algunos piden hasta seis meses sin contar los descuentos para el partido.
El pago de celebraciones entra a la lista. El empresario que busca adjudicarse una obra tiene que manifestarse contratando a un grupo musical para que actúe en alguna fecha especial o en algún cumpleaños. Si la obra es grande y muy cara, el grupo debe ser también caro y famoso. Si es pequeña, un conjunto telonero basta.
El sobreprecio en la adquisición de productos o servicio es otra. Los jefes intermedios, asesores y otros “servidores públicos” de las alcaldías, salvo excepciones, fijan los montos según sus necesidades personales o ambiciones.
Por supuesto, no puede faltar en las formas de corrupción los negocios de los parientes del poder con el Estado. “¿A ver dile no al pariente de un poderoso? En horas estás fuera”, me dijo un funcionario el viernes 12 de julio en Oruro.
Como nunca antes en los casi 200 años de Bolivia, la gente tiene la sensación de que ahora hay más corrupción que nunca. El soborno, el tráfico de influencias, la malversación, la concusión, el fraude y la violación de normas son moneda cotidiana.
El Estado Plurinacional es uno de los más corruptos del mundo, según rankings internacionales, porque hay funcionarios que abusan de su poder para beneficio propio y en detrimento del interés general y las normas éticas.
Reina la corrupción porque las instituciones son débiles y el estado de derecho es pura teoría. Por ejemplo, la Contraloría General está desaparecida desde hace años.
¿Podemos los bolivianos frenar la corrupción? Sí. Si en otros países lo lograron, ¿por qué no nosotros?
Primera medida: Cambiar de gobierno el 2025.
Segunda medida: Aprobar una ley de acceso a la información y rendición de cuentas con el objetivo de garantizar la transparencia en el sector público (órganos del Estado, universidades públicas, policía, fuerzas armadas).
Tercera medida: Instituir un servicio civil profesional con salarios adecuados y cero nepotismo. De este modo, recuperaremos la función pública de las manos de un partido para devolverla a la sociedad.
Cuarta medida: Movilizar a la sociedad civil, ONGs, fundaciones, para promover la participación ciudadana en la vigilancia de las autoridades y la denuncia de irregularidades.
Quinta medida: Reponer la independencia de los medios de comunicación y los periodistas para que fiscalicen el poder. No pueden ni deben seguir siendo controlados por la pauta publicitaria y limitarse a repetir la realidad verbal del gobierno.
Sexta medida: Aprobar regulaciones preventivas para controlar la influencia indebida de intereses particulares en las decisiones públicas. Inteligencia y contrainteligencia.
Séptima medida: Cultivar en niños y jóvenes una cultura cívica y valores sociales que rechacen la corrupción y el abuso de poder hasta pasar de la cultura de la corrupción a la cultura de la transparencia.
No basta que la sociedad sepa que sus “servidores” son honestos, sino también que éstos sepan y sientan que están siendo vigilados por su sociedad. Entonces, un funcionario lo pensará dos veces antes de usar su poder en beneficio propio.
El autor es periodista y abogado
Twitter: @AndrsGomezV
