No es posible ni comprensible que el Estado plagado de una crisis de altísima intensidad continúe con la desagradable ecuación de la mentira, la manipulación y el engaño, sustituyendo valores y principios de verdad, legalidad, idoneidad y transparencia, fundamentales en toda función pública, si el fin esencial es el bienestar y felicidad de los ciudadanos.
Aquí es pertinente preguntarse: ¿Los gobernantes y ministros no juraron defender la ley y la Constitución? ¿En políticas públicas y programas de desarrollo y censo de población y vivienda no tienen responsabilidad ante sus mandantes? ¿Le está permitido promover la cultura del fraude y destruir la confianza pública, y el derecho del pueblo a reclamar lo ilegal? Desde luego, que a la luz de la Constitución no es permisible semejantes desviaciones.
Perfilar una respuesta a estos cuestionamientos es sacar del adormecimiento e indiferencia a todas las instituciones cívicas, civiles, Universidades, económicos-financieras, gremiales, transportistas, propietarios privados, jubilados, agropecuarios entre otros, para en conjunción de ideas, planteamientos y debates se construya las bases sólidas institucionales, que no permitan a los gobiernos pasar la línea roja bajo el recetario de cambio sin separación de poderes.
Estas organizaciones articuladas con principios de preservación de derechos fundamentales, deben asumir el vacío de los partidos políticos de oposición, no para solo elevar la voz y levantar banderas para mostrarse a la televisión; sino para planificar y ejecutar acciones colectivas consensuadas para -rechazar- la impostura y restaurar la libertad de expresión y pensamiento, y en definitiva regenerar con fortaleza y decisión el sistema democrático constitucional.
por Los esfuerzos deben ser encaminados a evitar ese -hoyo negro- que con los resultados del censo de población y vivienda 2024, nada creíbles valiéndose Santa Cruz, pretenden los del gobierno instalar la retórica que fue real y transparente, amplificada por una determinada prensa que ha perdido la ética del profesionalismo comunicacional.
El director del INE, Humberto Arandia, ha informado que Bolivia de acuerdo a los resultados del censo 2024 tiene 11.312.620 habitantes y Santa Cruz es el departamento más poblado con 3.115.386 habitantes, cifras inconsistentes que han sido rebatidas por los técnicos especialistas en demografía de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM).
Los expertos han demostrado que, entre el 2012 a 2024 los nacidos vivos son 826.633 registrados en actas de nacimiento en el SEGIP Y CERECI y 142.749 representan las partidas de defunción. Por tanto, el hoyo negro se ha succionado 683.884 personas, obviamente sin contar la práctica malsana de los traslados de los migrantes a sus municipios de origen, bajo la advertencia de pérdida de sus derechos sino se registran donde nacieron, similar a la estrategia implementada en elecciones generales y subnacionales. Este último elemento aún no ha sido superado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como tampoco se ha abordado mediante un proyecto de ley que sancione con extinción de la personería jurídica a la organización política que incurra en fraude electoral y en casos de implementación de prácticas sistemáticas judiciales violando el derecho fundamental de la -presunción de inocencia-.
Con el objetivo de vislumbrar la claridad en el censo 2024 y desde luego para superar lo opaco en sus resultados, el contundente paro de 24 horas determinado y ejecutado disciplinadamente por la población de Santa Cruz el viernes 6 de septiembre, ha sido la demostración de rechazo a la tergiversación y falta de respeto a la institucionalidad cruceña y sus pobladores., que no están dispuestos a aceptar el engaño a mano armada, como lo expresó desde inicio el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Larach, ya ha anunciado la conformación de una "Comisión de notables" integrada por juristas y técnicos de la Gobernación, la Alcaldía y la UAGRM., con el fin de analizar los pasos a seguir y en lo posible construir una norma o procedimiento para corregir los resultados.
Asimismo, adelantó "acciones legales" contra el presidente del Estado, Arce Catacora, ministro del Planeamiento del Desarrollo, Sergio Cusicanqui y el director del INE, Humberto Arandia como presuntos responsables del censo 2024.
Sumado a lo anterior y ante presunto ocultamiento de población en perjuicio del departamento de Santa Cruz, sería importante que las organizaciones que financiaron el Censo de Población y Vivienda 2024, como: FONPLATA, UNFP-ONU, BID Y BANCO MUNDIAL se manifestaran, fijando al menos una posición técnica, sobre todo si los recursos tenían un destino democrático, social específico, cuyos resultados deberían expresarse en la objetividad y transparencia, exigiendo que el INE entregue a la sociedad un censo justo y legal. En tal sentido, el guardar silencio no contribuye a la legitimación regeneradora institucional del Estado, si tienen como verbo trabajar por el progreso y desarrollo del país.
En un plano descriptivo, es bueno recordar al profesor Aguilera E. Gustavo, que con precisión aborda el papel de los administradores del Estado, señalando: “La administración pública por sí misma, es un todo órgano, estructural, transparente y funcional, que constituye una verdadera institución de derecho público con personalidad, para efectos jurídicos no solo frente a los particulares sino también en relación con los demás órganos gubernamentales”. Esto es, que el servicio a los intereses generales, define la esencia y transparencia de la administración pública y precisamente, es esa transparencia que exige la Asamblea de la Cruceñidad al INE.
Aunando esfuerzos y por una cultura de lo más saludable respecto a la protesta y rechazo de los resultados al censo 2024 por Santa Cruz, se debería dar paso a una auditoría internacional totalmente independiente, en la que por supuesto no podrán formar parte los financiadores o personal de esas instituciones. En paralelo por la cascada de dudas e incertidumbres, se debe exigir la auditoría al padrón electoral biométrico, al SEGIP y SERECI, porque las cifras de habilitados en elecciones generales 2014, 2019 y 2020 ya existían dudas sobre la transparencia de los procesos electorales, debido a que los habilitados para votar superaban el 70% de la población, máxime si la proyección poblacional del INE se ha caído con los resultados del censo 2024, que están siendo impugnados con superlativa razón por el Comité Pro Santa Cruz. Entendemos que esto podría sacarnos del -hoyo negro-.
Por último, el profesor Padilla Cruz, D., dice: "Debemos evitar fines no deseados como la deformación de los derechos o que el constitucionalismo se convierta en el hoyo negro que todo lo destruye..."
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
