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Opinión

Bolivia, baja desocupación, pero alta informalidad

18 de Julio, 2024
LUIS FERNANDO ROMERO TORREJÓN
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Bolivia lidera al 2023 el trabajo informal, tanto a nivel regional como internacional, más elevado del mundo, con un 80,8%; es decir, solo 2 de cada 10 trabajadores tienen en un trabajo formal. Sin embargo, el 2022, el dato era del 84,5%, donde por sexo, se observó una tasa de informalidad del 82,7% en los hombres y del 86,5% en las mujeres.

Se estima que, si solo se tomase en cuenta a los empleados formales, del sector público y privado, con contratos registrados en el Ministerio de Trabajo, además de tener beneficios sociales, cobertura de salud, estabilidad laboral (ítem), otros, solo un 5% de la fuerza laboral de Bolivia tendría un empleo formal y de calidad. 

Después de la pandemia ha caído drásticamente la calidad del empleo, miles de personas están en la informalidad, dedicándose a actividades como el comercio, sobre todo de contrabando, venta de comida, transporte público, entre varias otras, bajo una modalidad de autoempleo, trabajo por cuenta propia o de similar índole para tener una economía de subsistencia que les permita satisfacer sus necesidades básicas.

Según los últimos datos del INE, al primer trimestre 2024, la tasa de desocupación urbana en el país fue del 4,1%, donde los hombres tienen una tasa del 3,4%, sin embargo, las mujeres del 5%. En estas estadísticas no se discriminan o se diferencian que tipo de trabajo tiene la población ocupada (4.64 millones de personas), si es formal o informal, que tipo de empleo tienen y la calidad de este.

De hecho, se ha cuestionado mucho estas estadísticas oficiales, ya que estas cifras contemplan en las mismas condiciones, para considerarlas personas que tienen empleo desde la señora que vende caramelos en la calle hasta el gerente de un banco multinivel. De esta manera, el indicador es bajo, solo 4 de cada 100 personas de nuestra población económicamente activa (PEA) no tiene trabajo.

Pero aquí se obvia la gran diferencia entre tener trabajo y empleo, y este último es lo que menos hay en el país, al menos uno de calidad y digno. Actualmente hay cientos de profesionales que se están dedicando a trabajos informales al no encontrar espacios ni oportunidades laborales en el sector público y menos en el privado. De hecho, después de la pandemia se estima que 4 de cada 10 profesionales han dejado de ejercer su trabajo donde se formaron, para engrosar las filas de la economía y del trabajo informal del país.

“Realidad mata estadísticas”, a pesar de que se indique que somos uno de los países con la menor tasa de desocupación de la región, esto esconde la informalidad en nuestra economía y en nuestra fuerza laboral. Lo que se observa en las calles, es una elevación en los últimos 4 años de manera extraordinaria del autoempleo, subempleo, trabajo por cuenta propia y de trabajos informales que tratan de lidiar ante la escasez de trabajo formal o de empleos de calidad. Esto producto de la pandemia, la coyuntura internacional, pero de una economía nacional que está en decrecimiento, con serios problemas fiscales y cambiarios, que, sumando al caos político y social vigente a la fecha, hace muy difícil generar empleos, por lo cual la gente tiene que crear sus propios trabajos y obtener ingresos limitados.

La informalidad, es una manera más de expresión de la pobreza de una nación, es parte de la esclavitud moderna laboral del siglo XXI, ya que hay miles de personas que trabajan mas de ochos horas al día, ganando menos del salario mínimo nacional, donde sus derechos laborables solo quedan en los textos. La informalidad laboral es un síntoma estructural de una economía poco industrializada, sin diversificación homogénea, donde la presencia de un sector privado en desarrollo es limitada. La informalidad, es permitida por las autoridades públicas, no tienen ya la obligación de generar más empleos, les permite buenos indicadores, y hasta es parte de su populismo. ¿no se dan cuenta que nos estamos haciendo más pobres?

El autor es presidente del Colegio Departamental de Economistas Tarija