Veo por todas partes mensajes de orgullo: personas en las ciudades, en los pueblos, en las redes, expresando su emoción por este país al que llamamos Bolivia. Y lo entiendo. Es natural querer pertenecer, emocionarse con la historia, amar los símbolos, cantar el himno. Pero no dejo de pensar que ese orgullo no es mutuo. Porque Bolivia, tal como está hoy, no se siente igualmente orgullosa de tenernos a todos como ciudadanos.
Doscientos años deberían ser una oportunidad para refundar el país de verdad, no para repetir los discursos de siempre. Porque este país no trata a todos con la misma dignidad, ni garantiza los mismos derechos. ¿Cómo podemos entendernos parte de un mismo país cuando, por ejemplo, el Estado no llega a más de la mitad del territorio con justicia, servicios ni orden?
Como ejemplo, el Órgano Judicial de Bolivia solo tiene juzgados en 169 de los 342 municipios del país. Es decir, más de la mitad del territorio nacional no cuenta con acceso directo al sistema de justicia. Pero esto no es un caso aislado: es un síntoma de algo mucho más profundo y estructural. Bolivia arrastra una debilidad crónica del Estado para ejercer presencia real sobre su propio territorio, tanto en lo institucional como en lo material. Hay regiones donde el Estado simplemente no llega, o lo hace de manera intermitente, improvisada o fragmentaria. Y esto no solo fragmenta el país desde el punto de vista geográfico, sino también social, pues hay puntos donde no hay seguridad, no hay salud, no hay educación adecuada, y muchas veces tampoco hay ley.
La desigualdad entre quienes viven en las ciudades principales y quienes habitan las provincias, las fronteras, las tierras bajas o las regiones rurales es abismal. Las diferencias en acceso al empleo, salud, educación, conectividad o incluso alimentación básica son tan extremas que muchas veces parece que vivimos en países distintos. ¿Qué tipo de autonomía, qué ciudadanía, qué igualdad real puede construirse así, cuando las posibilidades de futuro están tan marcadas por el lugar donde naciste?
Es justo reconocer que bajo el gobierno del MAS, en sus primeras gestiones, hubo avances: más caminos, más escuelas, más presencia institucional. Pero esa expansión fue parcial, selectiva y funcional a intereses políticos y extractivos. Hubo regiones enteras puestas en segundo, tercer o cuarto plano, por ejemplo, las regiones indígenas de tierras bajas siguen siendo, en su mayoría, zonas sin Estado. Las autonomías indígenas, previstas desde la Constitución, existen solo en el papel o se implementan con trabas, desidia y control.
Todo esto nos obliga a preguntarnos: ¿cómo puede un Estado funcionar como una verdadera comunidad política si no garantiza lo mínimo en términos de igualdad de oportunidades, justicia, acceso y equidad? ¿Cómo puede exigir unidad de esa manera?
Me toca proponer un elemento institucional incómodo: Bolivia necesita reconocer el derecho a la secesión. No como amenaza, no como vía rápida al separatismo, sino como cláusula democrática de un nuevo pacto federal. Un país donde las regiones puedan elegir libremente seguir perteneciendo es, paradójicamente, un país más estable y más justo que uno donde la pertenencia es forzada.
Eso implicaría una nueva arquitectura institucional: avanzar hacia un verdadero Estado federal, redibujar el mapa político no según los límites heredados de la república decimonónica, sino con base en identidades regionales reales —como el caso del Chaco, que hoy sigue dividido artificialmente entre tres departamentos, o tantas otras regiones cohesionadas por historia, cultura o economía, y desarticuladas por el capricho de la centralización. Esta nueva arquitectura debe incluir también una redistribución humana y social profunda, que ataque las desigualdades estructurales; donde la igualdad de oportunidades sea el objetivo principal, donde se elimine la pobreza y el trabajo infantil, y donde se beneficie a la gente común y no solo a las élites regionales. Pensar un federalismo así no solo es necesario, sino posible.
Y sí, un derecho a la secesión, pero con condiciones claras: que solo pueda activarse 10 años después de aprobada una nueva Constitución federal; que solo lo pueda iniciar la Asamblea del Estado Federado que desea separarse; que sea ratificado por al menos el 66 % de los votantes en referéndum vinculante; y que todo se dé bajo supervisión de un órgano neutral, garante de que el proceso sea pacífico, legal y respetuoso de los derechos humanos.
Sé que esta idea incomoda. Pero también sé que seguir repitiendo el modelo actual es condenarnos a la frustración permanente: a gobiernos que no gobiernan en todo el país, a autonomías que no autonomizan, a pueblos que no deciden, a regiones que solo existen cuando son útiles electoralmente. Reconocer el derecho a la secesión no es un gesto de ruptura, es una forma de obligar al Estado a transformarse. Es ponerle una cláusula de responsabilidad: si quiere mantener unida a Bolivia, debe ganarse esa unidad con hechos. El solo hecho de que exista esa posibilidad haría que el poder central ya no pueda ignorar a las regiones, a las provincias, a los pueblos, ni a la gente, forzaría al Estado a actuar con equidad, a mirar todo el mapa, a garantizar derechos y oportunidades sin distinción territorial.
No se puede promover la autodeterminación de forma vertical. No se puede decir a los pueblos que son libres, pero solo si hacen lo que se espera de ellos. No se puede seguir defendiendo la unidad de un país sin garantizar las condiciones que hacen deseable esa unidad.
Los 200 años de Bolivia no deberían ser un acto ceremonial, sino un punto de inflexión. Si realmente queremos un país digno de orgullo, ese país tiene que ser uno donde todos tengamos el derecho a decidir seguir perteneciendo; un país donde todos podamos soñar, y no uno que, solo por haber nacido en determinado lugar, ya te quite los sueños. Porque entonces, y solo entonces, pertenecerá de verdad a todos.
El autor es politólogo
