La Paz, 6 de marzo (ANF).- Solo el 30% de mujeres privadas de libertad tiene sentencia en el centro penitenciario de Obrajes. A nivel nacional esta cifra es similar, las cárceles de todas las regiones aglutinan a presos con detención preventiva por años, generando mayor hacinamiento.
Por delitos de robos, estafas, narcotráfico, complicidad y asesinatos, entre otros, un total de 258 mujeres están recluidas dentro del penal de Obrajes en la urbe paceña. Su directora, la capitana Betty Valdez da cuenta que “de ese total el 30% ya tienen una sentencia y el 70% están con detención preventiva”.
Es así que sólo 72 de ellas cuentan con una sentencia. “Entre el total de la población tenemos a nueve adultas mayores. Respecto de los niños hay una cantidad de 27 (de cero a seis años) que viven con sus madres dentro del penal”, informa Valdez.
Este centro penitenciario tiene una capacidad para 245 personas, lo que implica un 5% de hacinamiento. Sin embargo, en un recorrido que realizó ANF se pudo constatar que existe una convivencia ordenada y planificada, con mecanismos de educación y trabajo que se llevan adelante a través de la Dirección de Régimen Penitenciario y que permiten un ingreso económico para las mujeres privadas de libertad que pese al encierro continúan manteniendo afuera sus hogares y familia.
A nivel nacional esta cifra de detención preventiva es similar. La pasada gestión la Fundación Construir estableció que el 68,13% de la población carcelaria del país se encuentra en situación de prisión preventiva, esto coloca a Bolivia en cuarto lugar de los miembros de la OEA en asumir esta medida después de Paraguay (77,9 %), Haití (71,1 %) y Uruguay (68,13 %).
Hace unas semanas el director de Régimen Penitenciario, coronel José García, informó que actualmente del total de 2.710 privados de libertad sólo el 36% cuentan con sentencia, mientras que el resto, es decir 11.713 se encuentran sin una sentencia condenatoria.
A esto se suma que dentro de estas cárceles hay un gran número de personas con trastornos mentales, adictos y discapacitados.
Autoridades y expertos establecieron que el hacinamiento de la mayoría de las cárceles se fundamenta en esta medida de mantener la detención preventiva y dilatar los procesos judiciales para las sentencias.
“Muchas veces son los mismos abogados que no nos ayudan y por sacarnos más dinero retrasan los procesos”, relata una de las privadas de libertad en Obrajes.
Muchas de ellas llegaron de las áreas rurales del altiplano sin saber leer y escribir, lo que según las entrevistadas generó incluso que sean engañadas o manipuladas por abogados que aceleraron sus casos.
/CSC/ANF/
