La Paz, 29 de octubre (ANF).- Siete periodistas fueron secuestrados al mediodía
del jueves 28 de octubre, y liberados en la noche, junto a policías y trabajadores
de una propiedad agrícola, durante un conflicto entre productores y
avasalladores de tierras en Guarayos, provincia ubicada a 200 kilómetros de la
ciudad capital Santa Cruz de la Sierra, considerada el motor económico de
Bolivia.
Los periodistas fueron transportados hasta el lugar por la Asociación Nacional de
Productores de Oleaginosas (Anapo) que pusieron a disposición vehículos para
que los medios de prensa puedan realizar la cobertura informativa en el lugar
donde un día antes un grupo delincuencial que portaba armas de fuego invadió la
propiedad Las Londras, causando heridas de bala a cuatro trabajadores y se
apropió de combustible.
“Lamentamos que esta acción violenta protagonizada por grupos irregulares se
produzca un día después que organizaciones sindicales reunidas en torno a un
Pacto de Unidad, emitieran un comunicado que condena el trabajo de los
periodistas y medios de comunicación durante las elecciones de 2019 y 2020”,
expresó un pronunciamiento, emitido con rótulo de urgente, por la Asociación
Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos de
Bolivia.
Testimonios
Róger Ticona, camarógrafo de la red televisiva PAT, pudo escapar y Anapo le
facilitó una avioneta para retornar a la ciudad de Santa Cruz, donde llegó cerca
de las 15 horas del jueves.
En su testimonio, relató que los enviados de los medios de prensa se encontraban
a unos 800 metros del punto de conflicto, aguardando las negociaciones de la
Policía Boliviana con un representante de los avasalladores, cuando fueron
emboscados por personas encapuchadas y armadas.
“Nos bajaron de los microbuses. Yo estaba en el último vehículo y cuando vi lo que
pasaba, salí corriendo al monte junto al conductor de la camioneta en la que me
transportaba”, indicó.
Silvia Gómez, reportera de la red televisiva Unitel, no tuvo tanta suerte.
“Estuvimos siete horas como rehenes. Tenían armas largas, que usaron para
disparar contra nuestras cámaras y los vehículos que nos transportaron”.
Intento de linchamiento
“Nos golpearon con palos y recibimos patadas. Luego nos llevaron a un galpón,
donde había cerca de 80 encapuchados, que nos siguieron golpeando,
amenazaron con quemarnos con gasolina, nos preguntaban quién nos mandó y
cuánto nos pagaron”, relató Gómez.
“A un colega le dieron (golpes) con la culata de la escopeta y lo golpearon
como entre 20 personas. A pesar de que se identificaban como periodistas no
querían soltarlos y en un momento decidieron llevarlos a otro lugar. Entonces
temieron lo peor”, según describió al diario El Día digital.
Dijo que fueron retenidos cerca a las 11 de la mañana y que, tras la mediación de
un jefe policial de la zona de Guarayos, fueron liberados cerca a las 6 de la tarde.
“Nos dejaron ir cuando caía la noche y nos gritaban que no volviéramos, porque
la próxima no la íbamos a contar”.
El jefe policial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz de
la Sierra, Edson Claure, confirmó que el informe que le remitieron desde
Guarayos da cuenta que en la zona opera un grupo delincuencial armado con
armas largas.
“Estamos enviando más efectivos, para recuperar el control.
Tres heridos son
atendidos en la ciudad de Montero y el cuarto en la población de Hardemann”,
dijo.
En la noche llegaron a la capital cruceña los periodistas Jorge Gutiérrez del
periódico El Deber, Silvia Gómez y Sergio Martínez de Unitel, Mauricio Egüez y
Nicolás García del canal Red Uno, y Percy Suarez de la red televisiva ATB.
Entretanto, el presidente de Anapo, Fidel Flores, pidió al Gobierno nacional del
presidente Luis Arce, que actúe de inmediato para recuperar al resto de los
secuestrados, que estimó en medio centenar, y poner fin a la toma de propiedades
privadas que producen alimentos para la población.
El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Freddy García, lamentó
que la toma de tierras sea una constante y que pese a las constantes denuncias,
dijo, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) no toma cartas en el
asunto. “Es una espiral, porque los avasalladores no son sancionados. Esto afecta
la seguridad alimentaria de Bolivia”, indicó.
“Discursos hostiles hacia periodistas y medios alientan y dan lugar a la actuación
de grupos violentos con absoluta impunidad y por ello exige al gobierno
interceder por la vida de ciudadanos que realizan actividades productivas,
personas que cumplen la función de la seguridad pública y periodistas”, señaló la
ANP.
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