La Paz, 15 de marzo de 2023 (ANF).- 11 organizaciones de Latino América de la sociedad civil denunciaron y pidieron al Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en Ginebra que recomiende a la República Popular China el respeto, protección y cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales relacionadas a los derechos humanos. El organismo recomendó que China establezca mecanismos para investigar y sancionar a sus empresas y bancos cuyas actividades son lesivas a los derechos.
Las 11 organizaciones son del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y representantes de comunidades afectadas junto al Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) y FIAN Internacional se presentaron en Ginebra con motivo de la tercera evaluación de la República Popular de China realizada por el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC).
“Las organizaciones solicitaron al CDESC que recomiende a la RPC el respeto, protección y cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales relacionadas a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales contenidos en el Pacto DESC y otros instrumentos de la ONU firmados y reconocidos por China, por parte de las empresas y bancos estatales y semiestatales chinos en el contexto de los proyectos con participación china en América Latina”, señala el documento.
El mes de enero pasado, el CICDHA y el ISHR presentaron un informe que documenta los impactos de las actividades empresariales chinas en 14 proyectos promovidos en nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
“El reporte demuestra vulneraciones a los derechos de pueblos indígenas, el derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y varios derechos civiles y políticos, los cuales están protegidos por tratados, pactos y convenios de la ONU”, sostienen las organizaciones.
Además, el reporte sostiene que “...China es uno de los mayores inversionistas en América Latina y que tiene una enorme responsabilidad de evitar los efectos negativos de los proyectos en los que participan sus empresas o que son financiados por sus bancos”
“Todos los proyectos analizados se encuentran ubicados en zonas de alta conflictividad social, gran diversidad ambiental y cultural, en particular en territorios indígenas; es por este motivo que la evaluación del Comité DESC es crucial para el futuro de las inversiones y el financiamiento chino en la región”, señaló Marco Antonio Gandarillas, de Latinoamérica Sustentable, organización miembro del CICDHA.
Durante el diálogo con representantes del Estado chino, que se efectuó el 15 de febrero, el presidente del CDESC, Michael Windfuhr, hizo eco de la preocupación de la sociedad civil al plantear las siguientes preguntas:
“¿Qué tipo de reglamentación vinculante establece China para garantizar que las empresas estatales no sigan socavando los derechos humanos de la población en otros países? ¿De qué forma las víctimas de abusos de derechos humanos (por actores empresariales chinos que operan en el extranjero) pueden acceder a vías de recurso o mecanismos de quejas? ¿Cómo evalúan el impacto medioambiental, social y en los derechos humanos y cómo mitigan los riesgos y evitan los daños (del financiamiento y la cooperación internacional de China)?”
En las Observaciones finales del 03 de marzo de 2023, el CDESC acogió varias de las sugerencias hechas por el CICDHA y expresó su preocupación “por la insuficiencia de las obligaciones legales de las empresas bajo la jurisdicción del Estado parte para ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos” y recomendó a la RPC (República Popular China) que garantice que las empresas y bancos en el extranjero “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, prestando especial atención a los derechos territoriales de indígenas y campesinos y el impacto ambiental (…) y que se establezcan mecanismos de seguimiento y control para investigar y sancionar sus actividades lesivas”.
El CDESC también le pidió a la RPC que asegure que las víctimas de abusos tengan acceso a mecanismos de denuncia eficaces y a una reparación adecuada.
Las recomendaciones del CDESC contribuyen a presionar a la RPC para que establezca mecanismos para supervisar, investigar y sancionar abusos de derechos humanos de las actividades empresariales y financieras chinas fuera del territorio chino. Además, buscan que la RPC dicte políticas que obliguen a las empresas y financistas chinas a adoptar medidas de reparación, resarcimiento y remediación de los impactos actuales y a establecer mecanismos de control para evitar impactos futuros.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que es parte de las 11 organizaciones, ha presentado el caso de la hidroeléctrica Ivirizu, y las graves violaciones ambientales y laborales promovidas por empresas chinas en Bolivia.
Durante la audiencia en Ginebra, el gobierno chino ha afirmado que la hidroeléctrica Ivirizu ha recibido comentarios favorables y que garantiza el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
/NVG/
