La Paz, 30 de junio (ANF). - La ONG EarthRights informó hoy que el 22 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comunicó la aprobación del informe de admisibilidad No. 113/20, declarando admitida la petición presentada por 64 comunidades indígenas que denunciaron al Estado boliviano por la violación a sus derechos territoriales durante la gestión de Evo Morales.
“El propósito y las acciones del gobierno boliviano de construir la carretera, ‘Villa Tunari – San Ignacio de Moxos’, cuyo tramo central (tramo II) atraviesa el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), han generado múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado Plurinacional de Bolivia”, detalla la ONG.
De acuerdo al documento, el Estado en 2011 tomó decisiones y acciones legislativas y administrativas sin consultar ni obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, y tomó medidas de fuerza y represión contra la “VIII marcha Indígena”, en la localidad de Chaparina.
“Estas acciones, junto a otras posteriores, constituyen un proceso sistemático y agresivo a los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia”.
El 8 de mayo de 2012, un grupo de líderes indígenas, junto al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), pusieron en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estas violaciones.
“El 30 de julio de 2014, ante la inminencia de la construcción de la carretera y por el aumento de las violaciones de derechos humanos, que se vio reflejado en el incremento de afectaciones, daños colectivos, y daños a la integridad física y personal de los miembros de las comunidades indígenas del TIPNIS, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y EarthRights International, se adhirieron a la petición y presentaron información que daba cuenta de la gravedad de la situación”, agrega la ONG hoy en su portal.
Con la aprobación de este informe se abre el periodo de debate y sustentación del caso donde se reconozca la responsabilidad del Estado por los hechos denunciados.
Varias fueron las ex autoridades de la administración de Evo Morales acusadas de haber encaminado estos hechos de violencia en le sector de Chaparina.
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