La Paz, 31 de marzo (ANF).- Peces muertos, ríos contaminados con metales pesados, despojo de tierras y desplazamiento forzado son algunas de las afectaciones que deja la actividad minera en diferentes regiones del territorio nacional. Además, de comprometer la salud de los pobladores de comunidades situadas en las áreas de influencia de las zonas mineras o aguas abajo. Esa situación dramática es confirmada por Limbert Sánchez, delegado del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA).
Samuel Flores Cruz, secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena y representante de la nación QharaQhara, cuestiona que las normas ambientales solo estén en el papel y nunca se cumplan. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aseguró hace una semana que no está prohibida la actividad minera en las áreas protegidas, siempre que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) emita un Certificado de Compatibilidad de Uso en el que indique que no se vulnerarán los derechos medioambientales.
Para Sánchez la minería tiene un impacto ambiental negativo e irreversible para el país debido a las secuelas de la contaminación como resultado de la explotación con métodos rudimentarios, alejados de la normativa ambiental, minera y sanitaria, lo que afecta la salud del trabajador, de su familia y de las distintas comunidades.
Menciona que solo en el departamento de Oruro se identificaron 82 comunidades en riesgo por la minería, y de esa cifra unas 30 están tipificadas de “alta vulnerabilidad” porque los operadores mineros incumplen las medidas de prevención para proteger el medioambiente. Contaminan los ríos, lagos y suelos con metales pesados.
“Hay un inminente riesgo en la salud porque los pobladores están expuestos a metales como el plomo, mercurio, zinc, pero lo que más abunda es el cadmio y arsénico, que son peligrosos y están en todas partes, eso significa que los pastizales y el agua están contaminadas y los animales y las personas van consumiendo", alerta.
En los últimos años la actividad minera va en aumento a nivel nacional, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundidos en agosto de 2021, El Índice Global de Actividad Económica (IGAE) del sector minero creció en un 61,1%.
Según los datos del técnico de CEPA, la minería ya no solo está copando espacios en tierras altas como los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, sino también avanza hacia tierras bajas, sobre todo en la Amazonía, que se ve afectada por empresas que explotan principalmente oro sin previa consulta a las comunidades, obligándolas a abandonar su territorio.
La ANF buscó la versión de la AJAM para conocer información sobre la explotación minera en territorio nacional y los permisos ambientales que se otorgan y bajo qué parámetros, pero no obtuvo una respuesta favorable a los requerimientos. Desde la unidad de Comunicación de esa institución estatal informaron que se estaba “consultando” los datos, pero hasta el cierre de edición de la nota no hubo ningún tipo de respuesta. También se solicitó información a la gobernación de La Paz, pero tampoco hubo respuesta.
El delegado de CEPA considera que, debido a la creciente actividad extractivistas, las comunidades indígenas viven en indefensión permanente y la violación de sus derechos debido a que el gobierno “calla” y no realiza acciones para hacer prevalecer las leyes de respeto a la Madre Tierra y el respeto a los territorios indígenas.
“Las comunidades viven una injusticia ambiental, viven abandonadas por el Estado y (los comunarios) poco a poco están migrando porque les despojan de sus territorios y eso es avalado por el gobierno porque no hace nada”, critica.
Agrega que el Estado tiene la obligación de garantizar a las comunidades los derechos de vivir en un ambiente sano, “pero no hace nada, en otras palabras es cómplice por no actuar de acuerdo a sus competencias ni exigir medidas para contener la contaminación”.
El profesional asegura que el silencio del gobierno ante la depredación minera a la naturaleza es debido a que considera a esa actividad como “crecimiento económico”.
En el país operan empresas mineras privadas, estatales y cooperativistas que en su mayoría, según asegura, no realizan la consulta previa a las comunidades ni a sus habitantes, sobre en los trabajos de explotación; tampoco tienen programas para mitigar la contaminación de ríos, lagos y suelos.
El secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena y representante de la nación Qhara Qhara coincide con el delegado de CEPA y agrega que las normas ambientales promulgadas por el propio gobierno solo quedaron en el papel.
“Existe una Ley de la Madre Tierra que solo está en el papel, nunca se ha cumplido. Ellos (el gobierno) hablan sobre el respeto de la Pachamama, que es sagrada, pero en la práctica la destruyen tanto en el Altiplano como en la Amazonía”, dice.
Flores, que encabezó una marcha indígena de Sucre a La Paz el 2019 en protesta por la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y rechazo a la construcción de “megaobras” en sus territorios, tales como el Tipnis, El Bala, El Chepete y Tariquía, afirma que el gobierno no realiza ningún tipo de acción para proteger la flora y fauna del país y menos los territorios indígenas que son avasallados por empresas mineras, ganaderos y agroindustriales.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir, pero están contaminando los territorios. El gobierno no está haciendo nada”, afirma y revela que analizan acciones para hacer respetar sus derechos.
Sánchez y Flores coinciden al asegurar que el gobierno, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y las gobernaciones, no realizan acciones para garantizar el respeto por las comunidades indígenas ante la explotación minera y otro tipo de actividades extractivistas que depredan la naturaleza.
El pasado 22 de marzo, la AJAM planteó la creación de la “Fuerza de Lucha Contra la Minería Ilegal”, ante el descontrol y proliferación de la explotación de la minería ilegal y otros ilícitos.
/MLA//FC/
