La Paz, 15 de noviembre de 2022 (ANF). –El uso desmedido y sin control del mercurio para extraer oro en diferentes regiones del territorio boliviano preocupa al Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) que cuestiona la ausencia de políticas de desarrollo sostenible desde el Gobierno para resguardar el medioambiente, sobre todo a las comunidades indígenas que son las que más sufren por este tipo de actividades extractivas que socavan sus derechos y territorios y devastan sus hogares.
El vicedirector de CEPA, Limberth Sánchez, explica a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que los departamentos más afectados por la explotación del metal dorado son La Paz, Oruro, Potosí y Beni. Afirma que en esas regiones cada vez más se observan las huellas socioambientales que deja la minería legal e ilegal que se práctica destruyendo ríos y bosques. Lamentó que el Gobierno solo priorice proyectos extractivistas.
“Bajo la consigna de tradición minera se está afectando a las comunidades indígenas, hay impactos socioambientales que prácticamente están dejando zonas muertas. El Gobierno poco o nada hace, no hay políticas y el modelo económico que tiene solo apuesta a proyectos extractivistas como la minería, hidrocarburos y la agroindustria que están dejando un impacto negativo para el ecosistema”, detalla.
“No es posible operar donde sea y como sea”, cuestiona Sánchez en referencia a las autorizaciones que se otorgan a las concesiones mineras para la extracción de oro sin importar que el área sea una reserva natural o el hogar de comunidades indígenas que sufren despojo de sus tierras y acoso de las cooperativas. Remarca que las autoridades ambientales no tienen la suficiente capacidad de hacer cumplir normas ni exigir a las empresas la implementación de proyectos mineros más amigables.
“No hay autoridades que les exijan (a los mineros) que cumplan normativas ambientales y no se cumplen muchos como la protección de los derechos, el cuidado de la Madre Tierra. Las autoridades no tienen la capacidad de exigir su cumplimiento y por eso las cooperativas no tienen la más mínima voluntad de respetar las leyes ambientales”, dice.
Critica que el Gobierno sea condescendiente con las mineras y hace referencia al acuerdo que firmó el pasado mes de octubre con cooperativistas auríferos sobre el impuesto único de 4,8% aplicable al valor bruto de venta de oro sin tener en cuenta las grandes devastaciones que deja la explotación de ese mineral en la salud y a la vida de las comunidades indígenas.
“Las cooperativas son muy favorecidas por el Gobierno, todas sus demandas son aceptadas como el impuesto. Es muy preocupante esta situación porque no se dan cuenta que genera un impacto negativo en el agua, las comunidades y sus habitantes. No se respetan sus derechos ni su independencia, al contrario, se atropellan sus derechos humanos”, afirma.
Otra de las observaciones del profesional es el acuerdo suscrito entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los mineros auríferos del Norte paceño para la explotación minera dentro de las áreas protegidas. Ese convenio levantó una ola de críticas y rechazo de parte de defensores ambientales e indígenas por atentar contra los derechos de los pueblos. Ante la presión, el Gobierno anuló la resolución.
El vicedirector de CEPA afirma que esos convenios atentan contra los intereses del país y los derechos de los pueblos indígenas. En el tema impositivo se vulnera el primer párrafo del artículo 323, de la Constitución Política del Estado que señala: “La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”.
“Es muy preocupante esa situación, cuando tenemos una Constitución que remarca que tenemos derecho a un medioambiente sano, pero no se cumple. El principal depredador es el Gobierno porque apuesta por el modelo extractivistas, cuando sabemos que en corto, mediano y a largo plazo se verán los impactos. No se debe priorizar el extractivismo, hay que respetar a la naturaleza, las áreas protegidas y resguardar la salud y la vida”, señala.
El vicedirector de CEPA, Limberth Sánchez. Foto. ANF
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2013 y 2021 fueron exportadas 259 toneladas de oro por un valor aproximado de 10.915 millones de dólares.
“Los tóxicos por la minería van en aumento”
Un estudio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz revela que el 71% de las personas que vive en el norte paceño tiene niveles de contaminación por mercurio por encima de lo permitido. La investigación fue aplicada en 268 personas de 27 comunidades indígenas y revela que, mientras lo máximo de mercurio permitido en el organismo de un ser humano es de una parte por millón (es decir, un miligramo por cada kilo), los esse ejja tienen 6,9 partes por millón (ppm), los mosetenes 2,7, los uchupiamonas 2,5, los tacanas 2,1 y los lecos 1,2 ppm.
Por tanto, el promedio registrado es de 2,96 ppm, cuando el límite máximo permitido es de 1 ppm, según los resultados del estudio de “Impactos en la minería aurífera en comunidades indígenas”. Los ese ejja son los más afectados por su mayor dependencia del pescado en comparación con otros pueblos, ya que se alimentan de peces contaminados con el mercurio desechado en los ríos y con los sedimentos que deja la extracción de oro.
Otras de las revelaciones del estudio es el hallazgo de nitritos en los indígenas, este químico puede producir algunos tipos de cáncer gastrointestinal; fluoruros, que pueden derivar en enfermedades óseas; plomo, que tiene efectos neurotóxicos y causa daño cerebral. También se encontró bromo, sustancia corrosiva para la piel, los ojos y el tracto respiratorio; cloro libre, que puede producir quemaduras en las vías respiratorias o el tracto gastrointestinal.
“Cada vez más, los tóxicos van en aumento. En el caso del mercurio se utiliza a diestra y siniestra y lo peor sin control para la explotación aurífera. En el norte de La Paz y Oruro, hay zonas donde se procesa el oro usado este químico y hasta ahora no hay una reglamentación específica de parte del Gobierno para la importación de estos tóxicos. El impacto ambiental es muy fuerte”, asevera el representante de CEPA.
Sánchez confirma que “todos los agrotóxicos” se acumulan en el organismo de las personas, del ganado y los ríos.
“Nosotros consumimos la carne de res, pescados que ya tienen mercurio, cadmio, plomo y arsénico y afectan como la malformación de los ganados, hay niños y niñas que nacen con discapacidad y obviamente se asocia con diferentes alteraciones. Cuando se sobrepasa los límites de esos minerales se genera enfermedades”, señala.
Para el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, el mercurio es una sustancia tóxica catalogada por Naciones Unidas como uno de los venenos más peligrosos que hay en el mundo, pero en Bolivia se sigue utilizando sin ningún tipo de control.
Detalla que desde 2015 en el país se importa un promedio de 180 toneladas de mercurio al año, cuando se necesitan solo entre 60 y 90 toneladas. La mayor parte de esta sustancia se destina a la explotación del oro. Esa situación ubica a Bolivia como el segundo importador más sustancial de mercurio a nivel internacional, después de la India.
Los expertos coinciden que el Gobierno debe impulsar políticas con vocación productiva que respeten los derechos humanos y territoriales de indígenas y no solo apostar por el modelo extractivistas para el desarrollo económico del país.
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