La Paz, 19 de abril (ANF). - Los comunarios de El Cajón de Tariquía, en Tarija, exigen su derecho a disfrutar de un aire limpio y agua pura, con sus animales y un paisaje paradisiaco, y rechazan el ingreso de actividad petrolera en la zona, sin embargo, están incomunicados por bloqueos de poblaciones aledañas, desde el 26 de marzo, que sí están de acuerdo con la explotación de gas.
La necesidad de ser escuchados llevó a invitar a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal, pero tuvo dificultades para ingresar ya que fue retenida por varias horas, el lunes, y este martes observó las condiciones vulnerables en las que viven.
“Son personas que quieren seguir viviendo por el agua pura, con el aire limpio”, dijo Carvajal a la ANF; logró visitar a las cinco familias de El Cajón cuyas viviendas están separadas con extensas distancias y necesitó un vehículo de dos ruedas para transitar.
El riesgo era el bloqueo en varios puntos que instalaron poblaciones aledañas, pero son ajenas a El Cajón, del distrito 11, y algunos participantes eran exautoridades municipales que estarían bajo operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, (YPFB-Chaco), según testimonios de algunos pobladores de Tariquía.
“Realmente tienen la mente tan buena, tan dispuesta a defender su territorio, a defender causas comunes como el medioambiente, la naturaleza, la riqueza”, agregó la presidenta de la APDHB. La primera impresión de la activista sobre el lugar fue de alegría, dijo que es un paraíso.
“Nos sigue preocupando, como hemos dejado allí a las comunidades que viven por más de 40 años”, agregó. El periplo de Carvajal comenzó el lunes por la mañana cuando intentó ingresar a El Cajón, pero se detuvo por un bloqueo de supuestos interculturales que piden la exploración y explotación de gas mediante el proyecto Astilleros que pretende YPFB.
Tras cuatro horas pudo pasar hacia su destino y en el lugar conversó con los pobladores, entre los testimonios que recogió hubo experiencias dramáticas como una señora que perdió a su hija porque no tenía medio de transporte: “no hay salud ni educación”, en la zona, sostuvo Carvajal. Pero el bloqueo es el mayor perjuicio para que puedan sacar a vender sus productos y animales.
“Ellos (comunarios de El Cajón) son los verdaderos defensores del cañón de Tariquia; los otros (bloqueadores) era un poder de ofrecimiento, de poder de las empresas que quieren seguir escarbando la tierra y quieren sacar; dicen que hay algo dentro de la tierra, no sé si es petróleo o gas y que esto les da desarrollo, es una denuncia que tengo que hacerla públicamente”, enfatizó.
El proyecto Astilleros de YPFB se anunció para el primer trimestre de 2022 y dividió criterios. Si bien en Padcaya y otras zonas están de acuerdo con la explotación de gas, otras regiones como Entre Ríos y El Cajón rechazan la actividad por la contaminación ambiental; hace dos semanas marcharon por la capital tarijeña en rechazo a la intención de la estatal de hidrocarburos.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) se pronunció sobre el bloqueo en El Cajón y la dificultad que atravesó la comisión liderada por Carvajal.
En un comunicado, la institución afirma que hay un punto de bloqueo desde el 26 de marzo, a 10 metros del camino vecinal, en la carretera a Yacuiba, y tres familias de El Cajón están aisladas por lo que está en riesgo el acceso a medios de sobrevivencia debido a que solo pueden transitar en motocicleta.
“Las personas que bloquean son habitantes de 10 comunidades del Distrito 11 del Municipio de Padcaya, que habitan fuera de la reserva natural, aunque algunos tienen parcelas dentro de la Reserva que no los habitan ni trabajan; y su propósito es imponer el ingreso de la empresa petrolera YPFB Chaco, porque según manifiestan, la empresa les dará trabajo y desarrollo, por tal razón dicen que; continuarán bloqueando y privando de sus derechos a la familia de la comunidad El Cajón”, reseña parte del pronunciamiento.
El texto agrega que las tres familias de El Cajón son intimidadas, hostigadas y amenazadas con incriminarlas delitos y entre sus demandas exigen al Estado garantizar acceso libre y tránsito de los comunarios de El Cajón.
Luego, piden se respete el derecho a defender territorios y áreas protegidas porque rechazan el ingreso de YPFB; además, que se investigue cómo se sustenta el bloqueo que comenzó el 26 de marzo.
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