La Paz, 26 de enero (ANF).- Los pueblos indígenas aún son los más afectados por las actividades mineras intensivas, particularmente en regiones amazónicas de Bolivia. Uno de los principales daños de estas operaciones, es la depredación de suelos y bosques a causa de un uso irracional de maquinaria y mercurio.
Un poblador del municipio de Teoponte (provincia Larecaja de La Paz) relató a ANF los impactos que se agudizan año tras año en su región a causa de la explotación pluvial aurífera. Además denuncia que no existe ningún control estatal.
“Cada día se pierden más recursos por tanta explotación de las cooperativas mineras. Ya no hay actividad turística, no hay pesca como antes, los cultivos se están perdiendo por completo y las playas cercanas a esas mineras están prácticamente depredadas. Este es un verdadero desastre”, cuenta este poblador que prefirió guardar su nombre en reserva.
Y es que Teoponte a lo largo de estos años se ha convertido en una zona de riesgo y de permanentes denuncias que involucran delitos ligados a las actividades mineras.
Un estudio reciente del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) acerca de la minería aurífera en los ríos del nortede La Paz y Beni durante este escenario de la pandemia de Covid-19 detalla que en estas operaciones mineras “existe un triángulo de poder incontestable que opera por encima de las leyes y por encima de las autoridades locales legalmente constituidas”.
Ese triángulo lo conforman: las organizaciones de cooperativistas mineros; los operadores extranjeros y las autoridades del gobierno central, que actúan vulnerando normas y derechos.
“Nadie controla o verifica cómo funcionan estas mineras. Porque todas están contaminando de manera alarmante. Toda esta gente que ha entrado a la minería ha venido a contaminar. Los sedimentos de los trabajos mineros son fuertes, rebalsan las playas y no crecen plantas después de cada inundación”, prosigue este lugareño de Teoponte que se quedó si una fuente de ingresos gracias al deterioro de la actividad turística a causa de la contaminación.
Estas operaciones mineras con grandes maquinarias como dragas, camiones, perforadoras y otras, hacen un uso desequilibrado de mercurio para la separación del mineral y los restos de este metal van directamente echados a los ríos de los que subsisten decenas de pueblos indígenas de las partes altas de La Paz y Beni.
“La emisión o liberación de mercurio en fuentes primarias y secundarias ha sido estimada entre 43,6 y 228,5 toneladas por año. El promedio (133,1 TonHg/año) corresponde al 6,8% de emisiones del promedio mundial en el
año”, detalla el estudio del Cedib.
De esas emisiones, el 70% es en actividad minera (47% minería aurífera). Por erosión y transporte de mercurio se liberan entre 7,7 a 20,3 toneladas por año.
El investigador y biólogo Vincent Vos, aseguró en entrevista con ANF, que estas operaciones mineras, los rebalses y desechos con mercurio están ocasionando también una pérdida paulatina de bosques cercanos a las playas.
“Esta minería aluvial y las dragas dentro de la Amazonia y cercanías mueven los sedimentos y no tiene no permisos de dragar las orillas, pero lo hacen y con esto se tumban y destruyen árboles y bosques enteros, como lo de cacao”.
El experto también aseguró que los pueblos indígenas encaminaron sistemas agroforestales muy importantes en los sectores de las playas en la Amazonia, pero muchos han sido destruidos por estos rebalses de las mineras auríferas.
Y dada la creciente actividad minera aurífera en la Amazonía, esta zona se convierte en la más sensible y afectada por la contaminación del
mercurio, dadas las altas concentraciones de este metal en estado
natural en los ríos, y porque los sistemas acuáticos facilitan la transformación del mercurio en metilmercurio, que es el compuesto neurotóxico capaz de concentrarse en el organismo y en las cadenas alimentarias.
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