La Paz, 26 de junio del 2026 (ANF).- El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero solicitó al juez instructor José Luis Calama sacar del proceso judicial que investiga el caso de la aerolínea Ultra Plus el reciente informe policial sobre sus negocios desarrollados en Bolivia, donde presuntamente intercedió para favorecer a un grupo empresarial peruano en desmedro de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).
El miércoles se conoció un informe Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española que revela que el expresidente español recibió dinero por prestar servicios en Bolivia.
Víctor Moreno Catena, abogado de Zapatero, presentó un escrito ante el juzgado en el que sostiene que el documento contiene hechos ajenos al objeto de la investigación de origen y que fue elaborado a partir de una pesquisa de carácter prospectivo que no contaba con autorización judicial.
El informe policial, elaborado a partir de documentación y comunicaciones obtenidas durante registros practicados por las autoridades, indica que el expresidente español cobró 200.000 euros a cambio de utilizar su influencia en favor del grupo empresarial peruano Gloria, que compró la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), y en desmedro de Fancesa.
Durante un operativo realizado en mayo pasado en el despacho de Zapatero, la Policía española incautó agendas, carpetas, dispositivos de almacenamiento y otros documentos, además de clonar el teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, secretaria personal del exmandatario desde hace más de dos décadas.
Según la investigación, las conversaciones almacenadas en ese dispositivo fueron contrastadas con el contenido de las agendas y otros documentos, elementos que posteriormente sirvieron de base para la elaboración del informe policial.
El abogado de Zapatero denunció que el material recopilado durante los registros llegó a los medios de comunicación, situación que calificó como un “atropello” a la intimidad de su cliente y de otras personas investigadas.
En consecuencia, solicitó al magistrado la creación de una pieza separada para revisar y depurar el material incautado, eliminando previamente cualquier dato estrictamente personal antes de que el resto de las partes tenga acceso a esa información.
También pidió la incorporación de mecanismos de seguridad, como marcas de agua en los documentos judiciales compartidos a través de la plataforma informática, con el objetivo de evitar nuevas filtraciones.
La defensa legal también exigió que la investigación se limite exclusivamente a los hechos contemplados en el auto de imputación emitido el 18 de mayo de 2026, relacionado con su presunta vinculación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y con supuestos trabajos de consultoría para la empresa Análisis Relevante.
Por ello, solicitó que se prohíba expresamente a la UDEF utilizar información obtenida de forma masiva para indagar otras actividades personales o profesionales del expresidente que no estén incluidas en el objeto procesal definido por el juzgado.
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