La Paz, 12 de junio de 2026 (ANF).- El senador Wilder Veliz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pidió la anotación preventiva de bienes de más de 60 personas presuntamente involucradas en el denominado caso de la gasolina basura, una investigación que actualmente es analizada por la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa y que, según denunció, podría revelar un daño económico superior a los 200 millones de dólares.
El legislador señaló que recibió información preliminar de algunos integrantes de la comisión investigadora sobre la existencia de una presunta red de corrupción vinculada a la importación y comercialización de combustibles de baja calidad que afectaron a miles de vehículos en todo el país.
“Hemos tenido conocimiento de que algunos miembros de la Comisión nos han adelantado criterios de que existiría una corrupción de más de 200 millones de dólares. Estamos esperando el informe oficial y, si esto es así, deben rodar cabezas”, indicó Veliz.
Ante la magnitud de las denuncias, el senador sostuvo que no basta con la destitución de algunas autoridades y exigió que todos los involucrados sean investigados, procesados y sancionados conforme a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Código Penal.
Asimismo, planteó la necesidad de aplicar medidas cautelares sobre el patrimonio de los presuntos implicados. “Deben ser investigados e inclusive deben ser anotados y embargados sus bienes, posteriormente incautados, de manera que se pueda recuperar por lo menos algo de todo lo que han robado estos delincuentes”, afirmó.
Veliz cuestionó que mientras la población enfrentaba problemas de abastecimiento de combustible y una crisis económica cada vez más profunda, algunos funcionarios habrían aprovechado la situación para cometer actos de corrupción. En ese sentido, comparó el caso con otros hechos investigados durante anteriores emergencias nacionales.
La Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa continúa evaluando la documentación y los testimonios recabados dentro de la investigación. El informe final podría establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales contra más de 60 personas presuntamente vinculadas al caso.
El legislador adelantó que, una vez conocido el informe oficial, la Asamblea podría activar mecanismos de fiscalización y promover acciones legales para que los responsables respondan ante la justicia y se recuperen los recursos que eventualmente hubieran sido afectados por los presuntos hechos de corrupción.
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