La Paz, 3 de marzo de 2023 (ANF).- Más de dos años de reserva en el caso Senkata impiden conocer el avance de las investigaciones que superó el tiempo previsible de tres años. Lo único que se sabe es que hay detenidos preventivos pero ninguna imputación formal, señaló David Inca Apaza, representante de las víctimas.
Las víctimas de Senkata, resultado de la crisis política de 2019, lamentan la burocracia judicial y la manipulación política que se hace del caso, lo que impide que en más de tres años puedan alcanzar justicia. El 19 de noviembre 10 personas perdieron la vida y al menos 80 quedaron heridas tras la represión policial militar.
“Lo único que podemos decir con certeza, tanto las víctimas como el asesor, es que hay detenidos, sabemos que hay detenidos preventivos, más de 10 entre generales del Ejército y de la Policía, pero no hay nadie con imputación formal, y así ha quedado hasta ahorita, justicia no hay”, dijo Inca Apaza a ANF.
Indicó que por la reserva del caso no reciben mucha información, no conocen de los avances, no hay datos oficiales sobre la identificación de los autores.
“Nosotros tenemos información hasta cuando hemos pedido que los policías y militares sean los primeros en dar sus declaraciones informativas o testificales, y eso es lo que han hecho, luego han declarado en reserva y muchos oficiales y suboficiales han ido a declarar de forma clandestina, sin ningún conocimiento de la prensa y de nosotros”, refirió.
En enero de este año, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó de “deficitario” el cumplimiento de las recomendaciones defensoriales sobre la violación de derechos durante el conflicto poselectoral de 2019.
El 15 de septiembre de 2020, la institución defensorial emitió un informe con 10 recomendaciones, seis recordatorios de deberes y una determinación defensorial que anuncia que en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley N.° 1430, 11 de febrero de 1993) la Defensoría del Pueblo comunicará esa Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De las 10 recomendaciones, dos fueron cumplidas, dos están en proceso de cumplimiento y seis no fueron cumplidas. “El resultado todavía es deficitario en cuanto al cumplimiento”, enfatizó Callisaya.
Inca recordó que el defensor del Pueblo informó sobre 38 policías dados de baja, sin dar a conocer sus rangos ni grados, pero que “solo se trata de sanciones administrativas, no ha informado de que se haya iniciado un proceso penal por cualquier delito, ya sea por los heridos o por muertos”.
Y sobre los militares que han participado en los hechos de sangre en esas fechas, refirió Inca, hay total hermetismo. Indicó que solamente seis generales de Ejército fueron aprehendidos, pero falta la investigación al grupo élite de las Fuerzas Armadas F10, que participó en los hechos de sangre. “De ellos hay nombres y grados, pero ninguno está procesado, y quien debería hacerlo de oficio es la fiscalía”, cuestionó el asesor de las víctimas al Ministerio Público.
“No sabemos ahorita si los están investigando, ellos han sido condecorados por el ministro de Defensa (en el gobierno de Jeanine Áñez) Fernando López, en un acto en Sanandita fueron declarados Héroes de Senkata”, apuntó.
En las muertes y heridos de Senkata están implicados 20 oficiales de este grupo de élite. El F10 era el único que tenía armamento de guerra y calibres 22 y el 7,56 y “justamente los fallecidos han muerto con ese calibre, la mayoría recibió los disparos en lugares vitales como cabeza, tórax, estómago y espalda, clásico de francotiradores”.
Jorge Mayta, presidente de los heridos de Senkata, dijo que las víctimas fueron muy pacientes todos estos años, pero ven que hay más manipulación política que interés por hacer justicia. Sin embargo, no pierden la esperanza frente a toda la burocracia judicial que alarga los tiempos.
“Hemos observado bastantes trabas, la manipulación de derecha y de izquierda, de funcionarios que trabajan en instituciones del Estado, lamentablemente obstaculizan nuestra búsqueda de justicia, totalmente, manipulan a personas diciendo que este es el mejor método o este otro”, señaló en entrevista con ANF.
Indicó que pese a toda esta situación que busca cansarlos y decir basta, tienen la esperanza de que de una vez se ingrese al juicio oral.
Inca explicó que la reserva del caso puede durar hasta que inicie la etapa del juicio oral, cuando termine la etapa de investigación con imputaciones formales con nombres y apellidos. “De ahí en adelante no hay reserva, así tendría que ser, eso dice el protocolo, pero ahora están aprovechando esto de la investigación para estirar el tiempo”.
Sobre lograr justicia en este caso, Inca indicó que no tienen certeza, pero sí esperanza. Dijo que si bien hay detenidos, eso no garantiza un acto de justicia que se da solo con una sentencia. “Más allá de los detenidos, que solo sirve para justificar la acción del Ministerio Público, no hay avances, por eso reclamamos, pero todos callan con la figura de la reserva”.
Además, indicó que en el tema de la masacre ni siquiera están siendo llamados para ser investigados Luis Fernando López, exministro de Defensa, Arturo Murillo, exministro de Gobierno, Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación, Karen Longaric, excanciller, entre otros.
“Es decir, no están en la nómina, el Ministerio Público solo se ha enfocado en militares y policías, pero la mayoría de los civiles que han firmado el Decreto Supremo 4078, que avaló la represión de 2019, se han dado a la fuga”, cuestionó.
Solo están detenidos Álvaro Coímbra, exministro de Justicia, y Rodrigo Guzmán, exministro de Energía, pero no por el caso Senkata, sino por el caso Golpe de Estado.
Otro es el exministro de Economía José Luis Parada, agregó Inca, pero ya es adulto mayor y es difícil que lo manden a la cárcel por su edad y por el problema en la rodilla, solo tendría a lo más detención domiciliaria.
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