La Paz, 12 de junio de 2026 (ANF).- Las denuncias sobre presuntos saqueos, agresiones físicas, vulneraciones a derechos humanos y la participación de civiles durante el desbloqueo de la carretera Santa Cruz–Trinidad, en el municipio de San Julián, derivaron en pedidos de investigación por parte de autoridades, periodistas y activistas, quienes exigen esclarecer responsabilidades y evitar que los hechos queden en la impunidad.
El sábado pasado, la Policía desplegó un operativo para liberar la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, al que sumó un grupo de civiles. Los movilizados, quienes se rehusaron a participar de las mesas de diálogo que se instalaron días antes entre el Gobierno y otros manifestantes, se dispersaron en la intervención para después recuperar el punto de bloqueo con violencia hacia los uniformados. Los enfrentamientos dejaron heridos en ambos bandos y obligaron el repliegue de las fuerzas del orden.
La diputada Patricia Patiño, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), calificó los acontecimientos como “bochornosos” y sostuvo que reflejan una “total falta de garantías constitucionales” para la población. Según la legisladora, ya fueron presentadas peticiones de informe escrito dirigidas a autoridades nacionales, mandos policiales y militares, además del Ejecutivo y la Alcaldía de San Julián, para establecer quiénes participaron en el operativo y bajo qué instrucciones actuaron.
“Queremos conocer la verdad histórica de los hechos”, afirmó Patiño a ANF al exigir que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio. La legisladora señaló que existen denuncias de al menos 30 personas heridas, algunas por impactos de bala, además de reportes sobre saqueos, robos y daños materiales.
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