Otra de las fuentes de financiamiento son los aportes mensuales que realizan los cocaleros, cada afiliado paga 2 bolivianos cada mes. Flores estimó que la recaudación es considerable tomando en cuenta que existen alrededor de 30.000 afiliados.
Un grupo de personas increpó a los cobistas, una mujer molesta por la situación compleja que generó el ente matriz de los trabajadores lanzó tomates contra los dirigentes.
Calificó a las protestas como una "resistencia y rebelión" y aseguró que responde al descontento de la amplia mayoría de la población; sin embargo, varios sectores campesinos dejaron sus medidas de presión y retornaron a sus regiones.
La dirigencia de las juntas vecinales de los distritos 1, 2, 3, 4, 6 y 12 de la urbe alteña decidieron no acatar las movilizaciones, las actividades comerciales y la circulación vehicular se desarrollaba casi con normalidad.
Pidió a los movilizados dejar la confrontación y avanzar hacia un nuevo orden en base a la reconciliación y la reconstrucción del país, donde también prime la cultura del diálogo y el entendimiento.
El dirigente Domingo Ramos dijo que declararán "persona no grata" al vicepresidente Lara porque defendió solo a los bloqueadores, pero no lo hace con los miles de transportistas víctimas de los bloqueos.
A la vez, pidieron dejar sin efecto la orden de aprehensión y la suspensión de procesos judiciales contra el ejecutivo departamental, Julián Romero, que es investigado por impulsar los bloqueos.
Además, el cabildo convocó a las movilizaciones a los habitantes de los municipios de la provincia Los Andes: Pucarani, Laja, Batallas y Puerto Pérez, ubicados en la zona del lago Titicaca.
Entre los señalados está el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo; el líder de la federación campesina de La Paz, Vicente Salazar, y dirigentes de los sectores sociales afines a Evo Morales.
El ejecutivo de la COD de Chuquisaca, Marcelo Torres, también pidió que Argollo asista al diálogo convocado por el Gobierno y reveló que él decidió de forma personal demandar la renuncia del presidente Paz.
La diputada Katherine Pinto, integrante de la comisión, indicó que los exfuncionarios son investigados en tres procesos penales y fueron parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En la Cámara de Diputados también se analiza la posibilidad de crear otra comisión para el caso, aunque no se descartó la posibilidad de ampliar a una instancia mixta con la participación del Senado.
