La Paz, 28 de mayo del 2026 (ANF).- Para garantizar el diálogo, el Gobierno aseguró que no ejecutará las órdenes de aprehensión vigentes contra los dirigentes de los sectores movilizados que están siendo buscados por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.
“Obviamente que nosotros garantizamos que durante la reunión y en la reunión van a poder gozar de todas las garantías para poder desarrollar de forma adecuada y encontrar las soluciones que corresponda”, aseguró Lupo en Unitel.
Tras los hechos de violencia que dejaron las protestas, con destrozos a bienes públicos y privados, heridos civiles y muertes de enfermos en las carreteras, el Ministerio Público abrió un proceso de investigación contra los dirigentes de Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, y a Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB).
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, invitó ayer a los dirigentes de los sectores movilizados a acudir al diálogo o de lo contrario advirtió que aplicará lo que establece la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, contrario a lo que dicta los administradores de la justicia, el ministro de la Presidencia ofreció garantías para que los máximos dirigentes de esos sectores se presenten para cesar con sus medidas de protesta.
La autoridad sostuvo que la intención del Gobierno es generar condiciones para que las reuniones se desarrollen sin obstáculos ni presiones judiciales.
“Si estamos convocando al diálogo y buscando una salida para el país, no tendría sentido ejecutar ningún tipo de instrucción”, resaltó la autoridad.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la Fiscalía y se encuentran vigentes, ahora la Policía, dependiente del Ministerio de Gobierno, debe ejecutarla. Los sectores movilizados exigen, como condición para ir al diálogo, que esas órdenes de captura queden sin efecto.
El ministro resaltó que muchos casos ya no están en sus manos, sino ya depende de las decisiones del Ministerio Público.
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