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Nacional Política

Legisladores alistan proyecto para institucionalizar cargos y critican falta de voluntad política del Ejecutivo

Sobre la elección del contralor general del Estado, la legisladora indicó que el proceso continúa paralizado por un recurso judicial presentado por un postulante, aunque no se descarta emitir una nueva convocatoria.
19 de julio, 2026 - 19:16
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Sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Foto: Internet
Sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Foto: Internet

La Paz, 19 de julio de 2026 (ANF).– Ante la continuidad de interinatos en al menos 14 empresas e instituciones del Estado, legisladores cuestionaron la falta de voluntad política del Ejecutivo para poner fin a esa situación. Anunciaron que, tras el receso parlamentario, presentarán una propuesta para institucionalizar esos cargos mediante la designación de autoridades titulares.

"No existe voluntad por parte del Gobierno. Nosotros ya tenemos una propuesta para que, después del receso parlamentario, pueda tratarse. Es una propuesta sólida para elegir a las autoridades titulares; el trabajo ha sido realizado por todas las fuerzas partidarias", informó a la ANF la jefa alterna de bancada de la alianza Libre, Lissa Claros.

Durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2025, se mantuvieron autoridades interinas en al menos 14 entidades estatales. Esa situación fue cuestionada por la oposición, que sostuvo que contribuyó a la desinstitucionalización del Estado.

Su colega de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, también observó que, tras ocho meses de gestión del actual Gobierno, aún no se haya designado a las autoridades titulares de entidades estratégicas. Recordó que en la anterior legislatura presentó un proyecto de ley para limitar los interinatos; sin embargo, nunca fue agendado para su tratamiento, por lo que consideró necesario retomarlo.

Por su parte, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, rechazó que el Ejecutivo busque mantener los interinatos y aseguró que el Gobierno es el principal interesado en recuperar la credibilidad de las instituciones. 

Señaló que la designación de esas autoridades corresponde a la Cámara de Diputados y afirmó que se trabaja en la construcción de consensos entre las bancadas.

El numeral 12 del artículo 159 de la CPE establece que es atribución de la Cámara de Diputados proponer ternas al jefe de Estado para la designación de presidentes de entidades económicas, sociales y de otros cargos en los que participe el Estado.

Prioridades

En ese sentido, Claros indicó que se priorizará la elección de las autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Respecto a la elección del Contralor General del Estado, la legisladora señaló que el proceso permanece paralizado debido a un recurso judicial presentado por un postulante, aunque no se descarta la emisión de una nueva convocatoria.

La comisión mixta de Planificación del Legislativo resolvió ejecutar la Sentencia Constitucional Plurinacional 0964/2023-S4 y el auto de aclaración emitidos dentro del recurso presentado por Jaime Prudencio Gutiérrez Guzmán.

Concluido ese trámite, la comisión remitirá un informe al pleno de la Asamblea Legislativa, que deberá definir si el proceso de preselección continúa o si corresponde lanzar una nueva convocatoria.

Actualmente, permanecen autoridades interinas en la Contraloría General del Estado, el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Aduana Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

La misma situación se registra en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la empresa Quipus.

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