La Paz, 30 de octubre del 2025 (ANF).- La Cámara de Senadores aprobó ayer el informe final de la Comisión Especial de Investigación que revisó la movida militar del 26 de junio del 2024 y concluyó que no existe, indicio, evidencia o prueba de un intento de golpe de Estado, como el gobierno de Luis Arce intentó hacer ver.
“No existe indicio, evidencia o prueba alguna que determine que el 26 de junio de 2024, ante el inusual desplazamiento de personal militar del ejército a plaza Murillo, haya existido una intención efectiva y real de ejecutar un golpe de Estado en Bolivia, y como consecuencia, deponer el mandato constitucional del Presidente del Estado, cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional o tomar el control de instituciones o entidades del Estado”, dice la primera conclusión del informe.
El 26 de junio del año pasado, un operativo militar liderado por el general Juan José Zúñiga tomó la Plaza Murillo para supuestamente exigir la renuncia del presidente; sin embargo, ese mismo día el entonces general del Ejército reveló que todo estaba organizado en coordinación con el Gobierno para levantar la popularidad del primer mandatario.
Desde entonces, Arce y las autoridades del Ejecutivo intentaron montar una narrativa de un intento de golpe de Estado al cual sobrevivieron. Incluso el Ministerio de Gobierno elaboró un supuesto documental para reforzar la versión oficialista.
Zúñiga se ratificó varias veces en que el operativo estuvo autorizado por el presidente Arce y tenía el objetivo de recibir un respaldo de la población ante el malestar social por la crisis económica. Sin embargo, tras su última entrevista, fue silenciado y aislado en el penal de San Sebastián.
Los otros militares implicados fueron instigados para que se declaren culpables y acepten que intentaron hacer un golpe de Estado, a condición de que, por medio de un juicio abreviado, puedan lograr su libertad.
El informe también encontró responsabilidad penal en Zúñiga y otros militares por prestarse al plan para movilizar fuerzas militares y ayudar al plan del Gobierno. Todos estos uniformados fueron identificados como parte del grupo Los Pachajchos, un colectivo que se caracterizaba en las Fuerzas Armadas por su indisciplina, desobediencia, insubordinación a superiores, acceso a privilegios laborales o académicos y abusos por la influencia o relación con el presidente del Estado.
“Esta Comisión Especial advierte indicios de responsabilidad penal en grado de autoría por parte de los ciudadanos descritos anteriormente, por subsumir sus conductas al tipo penal de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, dado que han emitido órdenes irregulares tanto en Estado Mayor y plaza Murillo a personal subalterno del ejército para desplazarse, equiparse y ejecutar ciertas acciones aprovechando el grado y el cargo que ocupaban en las Fuerzas Armadas”, dice otra de las conclusiones.
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