La Paz, 29 de octubre de 2025 (ANF). - Un recurso de acción de inconstitucionalidad abstracta busca dejar sin efecto la sanción penal que derive de un proceso a través de la Ley de Juzgamiento Presidente, Vicepresidente de Estado y Altas Autoridades del Órgano Judicial, porque vulnera el principio de inocencia y el debido proceso.
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Krupskaya Oña, en declaraciones a la ANF, advirtió que con ese recurso legal se pretende proteger al gobierno de Luis Arce y, en caso de ser procesado en un juicio de corte por los casos de corrupción que se registraron en su gestión, no se aplique ninguna sanción penal.
“Pide que se declaren inaplicables aquellos artículos que nos dicen a nosotros cómo tenemos que juzgar dentro de la Asamblea Legislativa a estas autoridades. Uno de ellos establece que se debe aplicar sanciones penales, pero en su petitorio dice que las sanciones no deberían ser penales, sino solo administrativas. Entonces, es una muestra que se pretende proteger a este gobierno y salvarlos de cualquier tipo de proceso”, afirmó.
Los legisladores del ala evista y de la oposición anunciaron que impulsarán un juicio de responsabilidades contra autoridades del gobierno de Arce, por el desabastecimiento de carburantes, la crisis económica y los diferentes casos de corrupción que se registraron durante su gestión.
Este medio accedió al recurso legal, el mismo fue remitido al TCP el 29 de septiembre de 2025 y está suscrito por el diputado del ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui. Anteriormente fue denominado como el “alfil político” del MAS en la Asamblea Legislativa, porque impulsó al menos tres procesos en favor del Ejecutivo.
Recurso interpuesto por el diputado arcista Juan José Jauregui. Foto: ANF
Uno de los argumentos que usa el legislador es que la norma no prevé mecanismos para que los procesados puedan impugnar o rechazar la proposición acusatoria, lo cual genera un vacío en el control democrático, afecta a la transparencia, la aplicación de recursos efectivos y la legitimidad del proceso.
“Dicha situación contraviene estándares internacionales de derechos humanos, en particular el derecho a ser oído por un tribunal imparcial y a recurrir decisiones ante instancias competentes, consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica y en otros tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad”, dice uno de los fundamentos.
Asimismo, señala que la ley genera una desigualdad institucional porque no prevé la participación de otros órganos en el proceso, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Cuestiona que la Asamblea Legislativa concentre las funciones de investigación, acusación y juzgamiento cuando esas atribuciones no le competen.
“En conjunto, estas problemáticas evidencian que la Ley 044, modificada por la Ley 612, presenta inconsistencias normativas y estructurales, concentra funciones jurisdiccionales en órganos políticos, limita la participación ciudadana en la impugnación de decisiones, habilita el doble juzgamiento y mezcla disposiciones penales en un procedimiento disciplinario. Estas contradicciones configuran vulneraciones directas de derechos y garantías fundamentales, justificando plenamente su revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo garante de los derechos constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos”, señala el legislador.
Los artículos observados
En ese sentido, pide que se anulen los artículos 2, 14, 22, 23, 26 y el parágrafo I del 45. Por ejemplo, se solicitó que se deje sin efecto la frase “el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable”, del primer enunciado.
Afirmó que los artículos 2 y 22 son inconstitucionales porque no se incluye a los vocales del Órgano Electoral en un juicio de responsabilidades y pide a la Asamblea Legislativa que emita una norma que los incorpore en ese proceso. En el caso de los artículos 23 y 26, dice que son contrarios a la Constitución porque aplica acciones penales a un proceso administrativo disciplinario.
Con relación al enunciado 23, afirmó que incurre en el principio de legalidad en su elemento taxativo sobre las conductas sancionadas en vía administrativa disciplinaria utilizando la formula genérica "hechos ilícitos". Finamente, pidió que se anule el parágrafo I del artículo 45 el cual establece que se remitan los antecedentes al Ministerio Público, porque no se puede juzgar en dos instancias por un mismo hecho.
Parte del petitorio de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Foto: ANF
Al respecto, la diputada cuestionó que su colega del oficialismo recién haya observado y afirmado que la norma es inconstitucional cuando en 2014 el MAS activó para procesar a los magistrados del TCP Gualberto Cusi, Soraida Chanez y Mónica Velásquez, porque suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado.
“Además, al pedir que la Asamblea haga una nueva ley, prácticamente ellos no tendrían juzgamiento en lo absoluto por ninguna norma jurídica dentro de nuestro país, porque no nos olvidemos que las leyes no son retroactivas. Elaborar una nueva ley va a tomar años, no es simple y sencillo”, manifestó.
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